La Red de Veedurías de Colombia, encabezada por su presidente, Pablo Bustos, cuestionó la Resolución 01937 del 27 de octubre de 2026, mediante la cual se consolidó el Plan de Abastecimiento de Combustibles Líquidos de Nariño, que dejó para la firma el gobierno del presidente Gustavo Petro. La organización considera que el acto administrativo extiende ilegalmente a Chachagüí una compensación de transporte financiada con recursos públicos que la Ley 191 de 1995 reserva para Pasto, capital del departamento.
La veeduría sostiene que la decisión presenta cuatro posibles irregularidades: violación directa de la legislación, traslado de costos a los consumidores, trato desigual frente al abastecimiento de Tumaco y falta de justificación económica.
En el comunicado emitido por la organización, se afirmó que “la Red sostiene que este acto administrativo es altamente perjudicial para Nariño y el país, ya que incurre en una violación directa de la Ley 191 de 1995, falsa motivación y trato desigual”.
Uno de los principales cuestionamientos se refiere al artículo 55 de la Ley 191 de 1995, que contempla la compensación del transporte de combustibles hacia zonas de frontera que sean capitales de departamento y tengan comunicación por carretera con una planta de abastecimiento conectada a un terminal de poliducto.
Red de Veedurías de Colombia denuncia resolución que dejó lista para firma
— RED DE VEEDURIAS DE COL-PabloBustos (@redveeduriascol) October 29, 2026
el gobierno Petro sobre combustibles para Nariño que subiría los precios de
combustibles y obligaría a mayores subsidios por parte del gobierno
Nacional
Bogotá, 29 de octubre de 2026. El centro de la… pic.twitter.com/8Z0HbGf32P
Según la Red, esta condición corresponde a Pasto y no a Chachagüí. Sin embargo, la resolución establece que los combustibles recibidos en la planta de Petronar, en Yumbo, sean transportados en carrotanques hasta Chachagüí, con financiación de la compensación a cargo de la Nación.
Sobre este cambio, la organización señaló: “Llamar ‘continuidad’ a ese cambio es un eufemismo: se trata de una extensión que la ley no autoriza y que no puede hacerse por vía de resolución”.
Cuestionamientos por los costos
La Red también advirtió sobre los efectos del esquema en el precio final de los combustibles. Explicó que la resolución fija en cero pesos el componente de transporte a planta no conectada (TP_PNI) de Chachagüí, debido a que el trayecto Yumbo-Chachagüí sería financiado con recursos públicos.
No obstante, el transporte entre Chachagüí y las estaciones de servicio se incorpora a la estructura de precios mediante el componente TP_PABEDS, cuyo valor era de $93,65 por galón en octubre de 2026. Por tanto, los consumidores de los municipios abastecidos por Petronar asumirían ese costo.
La organización también comparó el esquema con el abastecimiento de Tumaco, donde el componente de transporte a planta no conectada tiene un valor estimado de $1.393,38 por galón de gasolina corriente y $1.388,08 por galón de ACPM.
Al respecto, sostuvo: “La conclusión es inequívoca: el tramo más largo, desde Yumbo, pretende financiarse con recursos públicos, mientras el cabotaje que abastece a Tumaco se carga íntegramente a los precios”.
Otro reparo es la falta de un análisis que demuestre que transportar combustibles desde Yumbo hasta Chachagüí resulta más eficiente que abastecerse desde Tumaco. La Red considera que tampoco se explica por qué nueve municipios regresaron al área de abastecimiento de Chachagüí, pese a la capacidad terrestre certificada de Tumaco.
La resolución revocó la reasignación a Tumaco de La Florida, Consacá, El Peñol, El Tambo, Sandoná, Yacuanquer, Nariño, Ancuyá y Linares. También retiró el reconocimiento de la barcaza AN Cape Hippo como infraestructura flotante del plan.
Piden investigar la decisión
Ante estos cuestionamientos, la organización solicitó la intervención de la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la Superintendencia de Industria y Comercio.
A la Fiscalía le pidió investigar si el reconocimiento de una compensación con recursos públicos para un destino que no contempla la ley podría configurar conductas contra la administración pública, particularmente un presunto peculado por apropiación en favor de terceros.
A la Contraloría le solicitó establecer si existe detrimento patrimonial por los pagos del trayecto Yumbo-Chachagüí. A la Procuraduría le pidió evaluar posibles responsabilidades disciplinarias y a la Superintendencia verificar los efectos del esquema sobre los precios al consumidor, teniendo en cuenta un exhorto del Consejo de Estado del 17 de noviembre de 2023.
La Red también advirtió que el artículo 9 de la resolución impide presentar recursos en la vía administrativa, pero no descarta acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para solicitar su nulidad y suspensión provisional.
Finalmente, manifestó su preocupación por el posible ingreso de proveedores externos a la cadena de suministro de precursores químicos utilizados por el narcotráfico y anunció que continuará verificando eventuales desvíos de combustibles hacia el departamento del Cauca.