Siete años después de que la Fiscalía presentara una acusación contra la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado, la Red de Veedurías de Colombia puso nuevamente el expediente bajo la lupa y pidió a la Corte Suprema precisar qué ha ocurrido con el proceso.
LUPA EN @CorteSupremaJ A SANDRA PAOLA HURTADO EXGOBERNADORA DEL QUINDIO
— RED DE VEEDURIAS DE COL-PabloBustos (@redveeduriascol) September 23, 2026
¿Por qué el proceso de la Corte Suprema @CorteSupremaJ contra la ex gobernadora Sandra Paola Hurtado no avanza y duerme el sueño de los justos? Informaciones que han llegado a la red de veedurías… pic.twitter.com/eb80uEadg9
La organización, encabezada por Pablo Bustos, solicitó información sobre las actuaciones realizadas desde la acusación del 30 de julio de 2019, así como sobre la existencia de una eventual sentencia, preclusión o prescripción. También pidió conocer si existe una fecha para la siguiente actuación judicial.
El expediente corresponde a una investigación diferente de la que recientemente terminó con la absolución de Hurtado por prevaricato por acción. Ese fallo, emitido el 5 de agosto de 2026, estuvo relacionado con cuatro ordenanzas y un decreto de 2015 sobre recursos para primera infancia y saneamiento básico.
En el proceso que ahora vuelve al centro de la discusión, la Fiscalía acusó a Hurtado por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en relación con cuatro contratos de 2015 identificados como SID 001, SID 002, SID 003 y SID 004.
La acusación fiscal cuestionó distintas etapas de esos procesos contractuales, entre ellas los estudios previos, la definición de los plazos, los requisitos de experiencia de los proponentes y la selección de los contratistas.
El documento señala, además, que los cuatro contratos comprometieron recursos por más de $20.774 millones.
Ahora lo que la veeduría quiere saber de la Corte es en qué estado está ese expediente y qué actuaciones se han surtido desde la acusación de 2019. La respuesta permitirá establecer si el proceso continúa vigente y cuál es su situación procesal actual.