La Comisión Primera del Senado aprobó con once votos un proyecto de ley que busca modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Entre otros cambios, se adelantaría su cierre para marzo de 2028.
La iniciativa, impulsada por Salvación Nacional y el Centro Democrático, pretende cerrar el tribunal de paz una vez cumpla diez años de funcionamiento y trasladar los procesos pendientes a la justicia ordinaria.
Así lo explicó la senadora María Clara Posada: “El proyecto de ley busca que la JEP termine su período de funcionamiento en marzo de 2028, respetando el plazo inicial de 10 años desde su entrada en operación, y frena la extensión automática de cinco años”.
La Jurisdicción aseguró que la reducción del tiempo de su operación podría comprometer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, al imponer un cierre improrrogable y definitivo, sin garantizar que los procesos judiciales hayan concluido.
La JEP también advirtió que trasladar los procesos pendientes a la justicia ordinaria podría afectar la garantía constitucional del juez natural y desmantelar el modelo de justicia transicional, al sustituir la jurisdicción especializada creada para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado.
Además. El tribunal de paz dijo que el cierre anticipado de la JEP podría comprometer los compromisos internacionales de Colombia y reactivar el escrutinio de la Corte Penal Internacional, además de trasladar procesos de alta complejidad a una justicia ordinaria que enfrenta un alto volumen de expedientes.
“La terminación de una jurisdicción no equivale a la culminación de la justicia. Cualquier reforma debe asegurar que los derechos de las víctimas, las garantías de los comparecientes y las obligaciones del Estado colombiano no queden comprometidos por la imposición de un plazo improrrogable”, comentó la Jurisdicción Especial para la Paz.
Simón Molina, representante a la Cámara de Creemos, celebró la votación: “La JEP nació como justicia transicional y temporal, no como un tribunal eterno que dilata, gasta billones y deja a las víctimas esperando mientras protege impunidad. Los procesos pendientes deben pasar a la justicia ordinaria. No más prórrogas, no más fortines burocráticos. Colombia merece cierre y justicia real”.