Semana complicada para los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. Este lunes 19 de octubre la Sala de Casación dejó en firme la condena de seis años de prisión en contra del exmagistrado Camilo Tarquino por su responsabilidad en el escándalo del cartel de la toga.
En la decisión judicial se ordenó la captura inmediata del exmagistrado con el fin de que cumpla su sentencia en un centro carcelario.
En la sentencia de 109 páginas, la Sala Penal determinó que el exmagistrado incurrió en el delito de concusión en calidad de interviniente (petición de sobornos a funcionarios).
En la decisión judicial, emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se encontró probado que, después de salir de la Corte Suprema de Justicia, en octubre de 2014, el exmagistrado montó una oficina de abogados en Bogotá.
Utilizando su nombre, influencias y poder, les hacía saber a sus potenciales clientes que contaba con contactos en el alto tribunal para frenar procesos judiciales, cancelar órdenes de captura y congelar acusaciones.
Fue de esta forma que logró atraer la atención del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, quien enfrentaba varias investigaciones por actos de corrupción en la contratación en el departamento.
El exmagistrado, en una reunión en la oficina, le pidió el pago de 2 mil millones de pesos con el fin de desviar las investigaciones que se le adelantaban en la Sala Penal de la Corte Suprema, prometiéndole que iba a mover sus influencias para que se archivara el caso.
Para el alto tribunal, pese a que en esa oportunidad el exmandatario departamental no aceptó la petición de Tarquino, el ofrecimiento representó un delito.
En la búsqueda de la materialización de esta conducta delictiva aparece el nombre de Leonidas Bustos, quien para ese momento era magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
“(…) La Corte pudo establecer que, con antelación a ese hecho, Camilo Humberto Tarquino acordó con José Leonidas Bustos Martínez, entonces magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para servir como intermediario al servicio de una estructura de corrupción judicial de la que el último de los nombrados era promotor, en relación con el caso de Lyons Muskus”, señala el fallo.
“Fue entonces al amparo de esa proterva designación que el procesado solicitó la ingente suma dineraria, como contrapartida de la cual los nombrados funcionarios, a través de los servidores de la Fiscalía, con los que también se articulaba la estructura corrupta, incidirían para que las investigaciones seguidas contra el exgobernador se archivaran”, añade.
La Sala de Casación rechazó los argumentos de la defensa del exmagistrado que reclamó que para el momento de los hechos materia de investigación no hacía parte de la Corte Suprema.
“(…) la culminación de su periodo constitucional, al margen de las incidencias en el plano dogmático que ya se han analizado, no diluía los deberes consustanciales a la investidura que ostentó. La preeminencia residual y el reconocimiento que proyecta un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia no solo emanan de su experticia en el campo jurídico, sino del vínculo indisoluble con los principios de la institución que representó”, indica.
En el fallo de casación se señaló que el exmagistrado hizo parte de un “acto de corrupción” que afectó a la administración de justicia y a la rama Judicial.
“Cuando la función y la preminencia que le son inherentes al servidor judicial se instrumentalizan como ropaje para la consecución de beneficios individuales, no solo se consolida, desde el plano sancionatorio, una infracción normativa; paralelamente, se produce una erosión paulatina de la confianza de la comunidad en las autoridades de la aludida rama del poder y, lo que es peor, propaga la nociva idea de que la justicia tiene un precio. No lo tiene”, concluye el fallo.
Por estos hechos de corrupción, la Corte Suprema de Justicia ha condenado a los expresidentes Francisco Javier Ricaurte y Leonidas Bustos Martínez. El primero se encuentra pagando su condena en la cárcel; mientras que el segundo está fuera del país desde hace más de una década.