Hablar del exmagistrado Leonidas Bustos es hablar de uno de los hombres que ocuparon algunos de los cargos más importantes de la Rama Judicial en Colombia. Fue presidente, en un hecho inusual, en dos ocasiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Luego llegó a la vicepresidencia y, en 2015, fue designado presidente de la Corte Suprema.
El togado protagonizó, desde esos cargos, peleas con varios columnistas y medios de comunicación por las críticas que le hacían. Igualmente, fue un opositor de la reforma a la justicia que tramitaba el Gobierno ante el Congreso de la República.
El nombre de Leonidas Bustos vuelve a aparecer hoy después de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema ratificó su condena de 10 años de prisión por su responsabilidad en el escándalo del cartel de la toga.
La decisión va mucho más allá, puesto que se hizo un llamado a la Cancillería para que coordine junto a la Embajada de Colombia en Canadá el proceso de extradición del exmagistrado para que cumpla en un centro carcelario en Colombia su sentencia.
Para esto, se pide que se emita la circular roja por parte de la Interpol con el fin de garantizar la captura del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien, según la evidencia, se encuentra en la ciudad de Ottawa.
Desde hace una década, el exmagistrado no ha vuelto a pisar suelo colombiano pese a las citaciones judiciales.
“La sustracción de Leonidas Bustos Martínez a la acción de la justicia colombiana, además de comprometer la efectiva ejecución de la pena, deja en vilo la materialización de la respuesta institucional del Estado frente a un contexto de corrupción judicial que exige un reproche punitivo condigno con la gravedad de la conducta ejecutoriada por el procesado y el superlativo daño institucional y social causado”, enfatiza la decisión.
La extradición de Bustos, advierte la Sala, debe tramitarse con base en los principios de la cooperación judicial que existe entre las dos naciones. “La Corporación confía en que las autoridades nacionales atenderán de forma pronta y diligente esta solicitud para, de tal modo, lograr la efectividad de la sanción impuesta contra el procesado”.
Un daño irreparable
En el fallo hay un apartado de reflexión sobre los daños causados al buen nombre y a la honra de la Corte Suprema de Justicia**, así como sobre el impacto de los hechos en la confianza de la ciudadanía hacia la institución.
En la sentencia se señala que Bustos utilizó su cargo para buscar beneficios personales mediante influencias sobre decisiones judiciales relacionadas con aforados constitucionales, a cambio de altas sumas de dinero.
“De tal modo, José Leonidas Bustos materializó varias traiciones: a la ciudadanía, a la Colegiatura que lo acogió, a la traición histórica de esta última y al rol de la más alta dignidad judicial al que un abogado, en el ámbito nacional, puede aspirar”, señala la Sala.
Cuando estalló el escándalo, la ciudadanía perdió parte de la alta credibilidad que le tenía al máximo organismo de justicia en el país.
“La respuesta social no podía ser otra que la indignación, y con total razón, pues lo esperable es que sus jueces y sus magistrados tengan un comportamiento ejemplar. Pero en vez de eso, se encontró a individuos que, como el acusado José Leonidas Bustos, se presentaron para integrar una organización criminal. El escepticismo colectivo, en ese momento, era una respuesta adecuada ante tal traición”, reseña el fallo.
Por esto, la Sala Penal —que cerró la discusión judicial— no dudó en calificar a Bustos como el autor de un hecho de corrupción que afectó la administración de justicia en Colombia.
“Traicionar el juramento que un día prestaron, por el daño generado en la confianza al sistema judicial y por la sombra que tal proceder causó sobre todos los servidores judiciales del país, quienes, sin duda, cumplen con abnegación y rectitud sus labores”, indica el fallo.
La reflexión de la Corte señala que con la condena al exmagistrado se demuestra una “voluntad de castigar a sus responsables, sin atender cuál era su jerarquía”.
Por estos hechos de corrupción ya fueron sentenciados los expresidentes de la Corte Suprema, Francisco Javier Ricaurte, Camilo Tarquino y Gustavo Malo Fernández.