Domingo, 22 de enero de 2017

| 1999/05/24 00:00

DE ACUERDO

DE ACUERDO


QUE ES LA JUSTICIA SIN ROSTRO
La justicia sin rostro surgio durante el gobierno de Virgilio Barco como un mecanismo especial para investigar
y juzgar a los miembros del narcotrafico y de la delincuencia organizada que durante varios años desataron
una violenta campaña contra los jueces y los magistrados que se atrevieron a fallar en su contra.
Los atentados contra serca de 200 funcionarios judiciales que en su mayoria pagaron con su vida las ordenes
de captura contra narcotraficantes y terroristas dieron origen a una de las herramientas judiciales mas
efectivas pero a la vez cuestionadas para combatir el crimen organizado en el pais. Una de las victimas mas
recordadas es el magistrados Carlos Ernesto Valencia, quien en la tarde del 16 de agosto de 1989 llamo a
juicio a Pablo Escobar por el homicidio de Guillermo Cano y dos horas y media despues cayo asesinado.
Aunque desde 1984 se establecieron normas excepcionales que buscaban enjuiciar a los delincuentes y
combatir las bandas criminales, estas no lograron cumplir sus objetivos. Durante la decada de los 80 los
carteles del narcotrafico consolidaron su poder economico y militar con el apoyo de bandas de sicarios que
impusieron una ola de terror a traves de asesinatos e intimidaciones. En el mismo periodo se expandio la
guerrilla, aparecieron los grupos paramilitares y entre 1987 y 1989 el pais registro los indices de violencia y
criminalidad mas altos de su historia. Esa situacion se produjo con la complicidad de un sistema judicial que
daba muestras de debilidad y cuya ineficiencia contribuia a la proliferacion de la violencia. Para enfrentar ese
problema el gobierno de Barco expidio en 1988 el Estado para la Defensa de la Democracia, que sento las
bases de la jurisdiccion especial de orden publico, hoy justicia regional. Posteriormente se expidieron varios
decretos que ampliaron su jurisprudencia y para procesar no solo a terroristas, asesinos y secuestradores,
sino tambien a corruptos, ricos ilicitos y portadores ilegales de armas. La principal herramienta de la justicia
regional ha sido la proteccion de fiscales, jueces y testigos mediante la reserva de identidad. La Ley 270 de
1996 dispuso que la justicia regional dejara de funcionar a partir del 30 de junio de 1999.

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