Las investigaciones que aterrizan en las unidades Gaula de la Fiscalía no son de poca monta así la cuantía parezca menor. La primera llamada extorsiva, la amenaza de un secuestro, la advertencia de publicar fotos íntimas o la simple vacuna para trabajar provocan una aterradora sensación en las víctimas.
Lo mínimo que ellas esperan es una respuesta de las autoridades. El problema es que muchas denuncias se están archivando en lo que sería una “estrategia” de descongestión en la Fiscalía. Así lo revelaron funcionarios que hablaron con SEMANA, desesperados por el volumen de procesos que reposan en sus despachos y que siguen llegando.
“La cantidad es espantosa. Hay casos que llegan y ni siquiera corresponden al Gaula; toca devolverlos o archivarlos, al igual que los expedientes que llevan más de cinco años sin ninguna clase de actuación. El problema es cuando las víctimas llegan a preguntar por sus casos; nunca se hizo nada”, le reconoció un fiscal a SEMANA.
Dos resoluciones de la Fiscalía que pudieron haber sido expedidas con buena voluntad, y en línea con el objetivo estratégico de la fiscal Luz Adriana Camargo de poner en orden la casa, revolcaron expedientes que estaban enterrados y colapsaron a las unidades Gaula en el ente acusador.
La primera resolución, firmada en octubre de 2025 por la fiscal Camargo, ordenó el traslado de fiscales especializados, que se encontraban en las seccionales de todo el país, a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, con sede en el búnker en Bogotá. Esa movida provocó revuelo en la entidad.
“Con la resolución nos sumaron más de 700 carpetas que estaban repartidas entre fiscales seccionales y locales. Ahora los especializados deben asumir todos los expedientes sin la policía judicial y, aparte de eso, asumir los juicios, mientras se reciben nuevos procesos, más denuncias”, señalaron los fiscales.
La resolución señala que un buen número de denuncias y procesos en poder de los fiscales en las unidades Gaula incluyen o tienen como responsables a organizaciones criminales. De ahí la necesidad de investigarlas de manera estructurada, en conjunto, y no de forma particular, pues, según los análisis del ente acusador, las extorsiones y secuestros están atados a organizaciones criminales de alto impacto, algo que no es del todo cierto. Colombia está arrodillada por la extorsión y en las principales ciudades la dominan pequeñas bandas locales.
El asunto de fondo es qué pasa justamente con los casos que no eran de “organizaciones criminales”, sino de la llamada delincuencia común. La Fiscalía sostuvo que esos procesos “pequeños” quedarían a cargo de los fiscales en las seccionales. Ahí hay un problema, pues fiscales que atendían violencia intrafamiliar y otro tipo de delitos terminaron conociendo casos de extorsión, lo que afectó la operatividad y los resultados.
“Si bien los Gaula están adscritos a la Delegada para la Seguridad Territorial, lo cierto es que las investigaciones que adelantan son de conocimiento de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, específicamente de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, de modo que los Gaulas deben formar parte de esta última”, indica la resolución.
Una decena de víctimas de extorsiones en Bogotá y Cundinamarca hablaron con SEMANA y advirtieron que sus casos no avanzan. Incluso algunos fueron archivados sin previo aviso mientras siguen siendo víctimas de los delincuentes.
La información fue confirmada por investigadores del Gaula que reconocieron la precaria situación para enfrentar a las organizaciones criminales de menor escala, es decir, los grupos de extorsión locales. La resolución desató una controversia que dejó a las víctimas sin respaldo.
“Ya casi un año en la misma situación. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Esto no es fácil. Se la pasan por aquí cerca, donde uno vive, toda la noche, como vigilando si uno se va a ir. He sabido de otros comerciantes que han tenido que cerrar y aun así les siguen cobrando, los amenazan, les mandan mensajes, les hacen videos”, relataron las víctimas que hablaron con SEMANA.
Dos meses después de esa resolución, la fiscal Camargo firmó otra que, de acuerdo con los fiscales, echó para atrás varias decisiones y complicó la actividad en las unidades Gaula de la Fiscalía, lo que impulsó la “estrategia” de archivo en los procesos, principalmente relacionados con la extorsión.
“Lo cierto es que, paralelamente, las direcciones seccionales se vieron en la necesidad de asignar otros fiscales para investigar estos mismos delitos, lo que genera una duplicidad de personal a cargo de idénticos fenómenos criminales”, afirma la segunda resolución de la Fiscalía en la reorganización del Gaula.
La queja de los fiscales es puntual.
Con la segunda resolución de la Fiscalía, más de 30.000 expedientes de las seccionales se convertirán en una carga inmanejable para los funcionarios. Aparte de recibir nuevos procesos, deben preparar los juicios de otros que estaban engavetados o se desempolvaron con las resoluciones.
“No entendemos por qué hay tanto conflicto e improvisación. Esto es muy sencillo de solucionar: son los Gaula los que quieren en Crimen Organizado, déjelos ahí, pero como estaban organizados antes. En la mayoría de seccionales, los Gaula hacían la indagación, lo que permitía ser ágiles en los casos. El juicio lo hacían otros fiscales de acuerdo con la competencia. Ahora quieren que se haga de todo”, explicó un fiscal.
A la acumulación de procesos en los despachos de fiscales Gaula en todo el país se suman las denuncias de investigadores con la advertencia de escasez de medios e implementos para trabajar.
“Más burocracia y les quitaron vehículos, armamento, los desmantelaron y los redujeron a su mínima expresión”, le aseguraron las fuentes a SEMANA.
Los funcionarios subrayan que la congestión de procesos afecta de manera directa a las víctimas. Algunas ni siquiera saben que su caso fue archivado en medio de una salida al monumental enredo del Gaula.
“Estos fiscales también deben ir a los juicios. Entonces, ¿quién va a impulsar las indagaciones y el trabajo con los componentes de la naval, el Ejército, el CTI y la Policía? Las víctimas quedarán desamparadas. El delito de extorsión es el de mayor crecimiento a nivel nacional y el secuestro va en aumento”, dice una carta de Asonal remitida a la fiscal Camargo.
Lo que pasa en las unidades Gaula de la Fiscalía es complejo. Son los propios funcionarios quienes alertan y las víctimas quienes reclaman. Una extorsión, sea de organizaciones criminales o de delincuencia común, causa el mismo efecto en la comunidad. El problema es cuando, por líos de organización interna, los procesos terminan archivados.
