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| Foto: Fotomontaje SEMANA

JUSTICIA

Odebrecht pagará 3 billones de dólares y para Colombia "nanay cucas"

El fiscal general se va en contra de la convención marco a través de la cual los países de la OCDE luchan contra el cohecho. Notifica que se conocerán los nombres de "multinacionales del derecho y auditoras" que ayudaron en sobornos.

2 de marzo de 2017

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, les aguó la fiesta a las voces que creen en la eficacia de la Convención del Soborno Trasnacional, aplicada por más de los 35 selectos países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).   

"Esta Convención y nada es lo mismo", cuestionó el jefe del ente investigador en un auditorio integrado por todas las autoridades que tienen relación con la materia en Colombia. 

En medio del más duro escándalo de corrupción que sacude al hemisferio, Martínez emitió un pronunciamiento crítico frente a esta herramienta propia de países industrializados, a través de la cual se les permite a esas naciones arrogarse la competencia de tratar a sus empresas y connacionales de acuerdo con su justicia doméstica. Por lo que la calificó de "inservible". 

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El fiscal, que persigue los sobornos de Odebrecht en Colombia y otras empresas multinacionales que habrían incurrido en sobornos en Colombia, expresó que lo único que hace este marco mundial es que los países industrializados, como Brasil, apliquen su justicia, ya que la convención no se combate el cohecho de quien recibe el soborno sino del país que lo genera.

Describió, en consecuencia, que negociaciones de la constructora brasileña con Estados Unidos derivaron en el pago de tres billones de dólares de sanción, de los cuales el 80 % va para presupuesto de Brasil. "Y para Colombia, ‘nanay cucas‘ y no hay reparación del daño para Colombia".

Dice además que frente a las inhabilidades para contratar, en Brasil existe una ley de clemencia que permite que las empresas que delaten tengan beneficios y por ende sus contratos quedan en firme, en ejecución y sin ningún impedimento para seguir contratando. "Gozan de completa inmunidad corporativa".

Uno de los puntos más reprochables para el fiscal es que los protagonistas de estos sobornos en el mundo no pisarán un tribunal por fuera de Brasil, esto en razón de que allá no existe la extradición para connacionales. En Colombia -en cambio- este mecanismo sigue siendo considerado una herramienta "poderosísima" y el fiscal promoverá que la extradición de los corruptos sea una realidad. 

Así lo aseguró al anunciar la llegada al país la semana entrante del vicefiscal de EE. UU., Kennet Blanco, a quien le insistirá en un mensaje claro de prestar toda la cooperación para sancionar a quienes usaron el sistema financiero mundial para limpiar dinero.

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El discurso del fiscal, además de ser un golpe contra los focos que en materia de cooperación ha tejido Colombia, también anticipa hacia dónde está mirando el ente investigador en materia de persecución a los corruptos. 

El caso Odebrecht reveló que empresas "multinacionales del derecho en Miami" eran las que estructuraban toda la "maraña corporativa" para recibir y blanquear las coimas en los diferentes países. De manera que creaban empresas offshore y se realizaban los pagos del dinero del soborno; tenían bancos en el exterior a través de los cuales hacían las operaciones y ofrecían una gama de jurisdicciones financieras para recibir las coimas.

"Quedan notificados, se van a conocer los nombres de prestadores de servicios profesionales que participaron en actos de corrupción. (...) Qué pasa en ejercicio de las profesiones al servicio de estas actividades criminales, con la profesión del derecho, con las firmas de auditoría multinacionales que en sus cartas de certificación revelaron al mundo idoneidad del mercado interno. ¿No va a levantar la mano el sistema de cooperación mundial?

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En uno de los discursos más críticos del fiscal general en su administración, aseguró que el mecanismo de cooperación de la OCDE no es la panacea. Y que la mejor opción será la aplicación del Código Penal interno y la creación de lazos de cooperación con países afectados, como lo están haciendo actualmente con Panamá.