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| 9/24/2017 8:15:00 PM

“Me fui del país porque iban a lavar la cara de Montealegre con mi pellejo”

La excontralora Sandra Morelli habla de la crisis que atraviesa la Corte Suprema, de la relación de Leonidas Bustos con el entonces fiscal y de cómo lograron los magistrados evitar que la Contraloría los investigara.

SEMANA: La crisis de la Justicia tiene a todos buscando salidas. ¿Cuál propone usted?

Sandra Morelli: Me merece solo una opinión, y es que el problema no es de estructuras, el problema no es de normas, el problema no es de periodos fijos o flexibles, el problema no es de cooptación amplia o cerrada, sino de quiénes son realmente las personas en las que se deposita la gran responsabilidad de escoger a los servidores públicos, a los altos dignatarios del Estado. En la Corte Suprema de 1985 nunca nadie pensó que el señor Pablo Escobar le podía consignar al señor Reyes Echandía tres pesos, en ningún paraíso fiscal. Lo que está pasando hoy no le cabía en la mente a ningún colombiano.

SEMANA: ¿Y cómo se llegó a que las personas que conforman esas cortes cambiaran tan radicalmente?

Sandra Morelli: Es un aspecto que llama la atención en este escándalo. Todos se aterran de que se presenten estos capítulos, pero no ha habido una sola reflexión en cuanto cuál es la responsabilidad de los mismos poderes públicos que postularon a estas personas. En el esquema de conformación de la rama judicial intervienen: El Consejo Superior de la Judicatura, la Presidencia y el Congreso y las otras Altas Cortes. Entonces ¿quién ha   asignado a esos señores?  Nadie ha dicho ¿Cómo se me ocurrió poner a ese tipo? Ese señor que ahora está pidiendo plata, que se volteó para este lado, que empezó a fallar las tutelas en contravía con la doctrina…

SEMANA: ¿Usted echa de menos la responsabilidad política en esta coyuntura?

Sandra Morelli: Lo que echo de menos no es la responsabilidad política, como una rendición de cuentas después de que se creó el problema, sino el momento de reflexión de a quién voy a apoyar en la elección. Es decir, pensar “voy a apoyar a alguien que me guarde la espalda, que sea amigo, que sea del partido, que sea de la secta religiosa o del grupo de oración, o de lo que sea”. Aquí se usa decir ‘ese no sabe nada´, pero es de una lealtad… Esa idea de lealtad para mí es un concepto mafioso, un concepto de camorra, un concepto de clan. Es incompatible con ser funcionario público y con administrar justicia.

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SEMANA: ¿Usted siente que, en su gestión como contralora, fue víctima de estos intereses privados, que tomaron las máximas dignidades de por lo menos la Rama Judicial?

Sandra Morelli: Pues mire, en eso yo tengo que hacer un análisis muy objetivo y diferenciar un poquito la situación jurídica individual mía, respecto de la cual obviamente tengo una interpretación que se parece a lo que usted está diciendo y lo que fue la gestión que se hizo durante cuatro años en la Contraloría. Creo que se logró integrar un equipo, que entendía que no se podía estar allá para hacer favores y después obtener prebendas para escalar políticamente. Los resultados objetivos, que son los que permitieron la recuperación de dineros del Estado, se vieron. A pesar de que nunca lograron digamos una “aprobación” de la Rama Judicial.

SEMANA: ¿A qué se refiere con aprobación?

Sandra Morelli: A la forma como se desdibujaron las funciones constitucionales de la Controlaría General por cuenta de unas decisiones judiciales, firmadas por unos amigos de un fiscal general de la nación. Lo que pasó con el carrusel de las pensiones no fue más que eso.

SEMANA: ¿Qué pasó con el carrusel de las pensiones?  

Sandra Morelli: Este se trató, en resumen, de lo siguiente. Había una jurisprudencia que decía que en los altos cargos de la rama judicial la pensión se liquidaba con base en el último salario. Entonces sucedió que personas que toda la vida ganaban sueldo de millón y medio, tenían cargos de 15 millones por tres meses, y salían con una pensión por esa suma. Para ellos muy bonito. El problema es que como estamos en un régimen de prima media todos aportamos y todos pagamos esa pensión. Entonces se trataba era de ‘aviones’ que, sin aportar nada, se llevaban una tajada de los ahorros de todos los colombianos.

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SEMANA: ¿Y por qué lo pone como ejemplo?

Sandra Morelli: Porque los colombianos terminaron subsidiando la pensión del alto magistrado que tuvo “la palomita” de tres meses. Cuando la Contraloría comenzó a investigar, ellos aseguraron que estábamos irrespetando el Poder Judicial. Y en una decisión de la Corte Constitucional, liderada por Eduardo Montealegre, aseguraron que la Contraloría no puede ejercer control fiscal frente a los magistrados o el fiscal. Ese fallo empezó a romper el equilibrio de pesos y contrapesos, y permitió que se botara la platica del Estado. Recuerden que esa Fiscalía tuvo universidad de 30.000 millones que se quebró. ¿Quién responde por esa plata? ¿Quién la reembolsó? ¿Dónde está el juicio fiscal? Hubo los contratos polémicos de la señora Springer por 5.000 millones, la compra de un avión que no aterriza. ¿Quién dijo algo?.

SEMANA: ¿Por qué no se puede decir nada?

Sandra Morelli: Porque la corte nos dejó con una figura medieval que exime a determinados sujetos de control porque tienen un interés común que es el de no ser controlados. Ahí empezó la debacle. Después vino el montaje de que en la Contraloría se interceptaba a periodistas. Aunque no hay una prueba de eso, era una forma de decir “aquí hay un abuso de poder”. Y finalmente, pues se plantea el tema del edificio, como una gestión corrupta, orientada a beneficiar al señor Alberto Aroch, que según la Fiscalía era viejo cliente mío, yo me encontraba con él en las peluquerías, íbamos a almorzar sushi y otras mentiras más que dijo ese señor Vélez, el falso testigo.

SEMANA: Ya llegó a la parte de su proceso. ¿Por qué se hizo usted incómoda para el fiscal Montealegre?

Sandra Morelli: Para Montealegre no solamente. También para muchos empresarios que estaban acostumbrados a un manejo mucho más laxo de los intereses y de los dineros públicos. El problema del control es que es muy incómodo y a todos nos cae mal por naturaleza. Por eso, contra nosotros se creó el sonsonete de que la Contraloría había parado el desarrollo económico del país, había desestimulado la inversión extranjera y no dejaba al Gobierno ejecutar sus políticas públicas.

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SEMANA: ¿Alcanzó a sentir de alguna manera a esta “camarilla de la justicia”, como usted los define?

Sandra Morelli: Pero claro, evidentemente, la sentí cuando llegó toda esta arremetida. También cuando el fiscal decía que la Contraloría no tenía funciones de policía judicial, ni podía ejercer control fiscal frente a la Fiscalía, las Altas Cortes, cuando pasó el carrusel de las pensiones y nos empezaron a hablar de unos fueros, “como que los reyes no se pueden tocar”. Crearon unas categorías del medioevo, totalmente extrañas al Estado moderno.

SEMANA: Hace unos días Andrés de Jesús Vélez aseguró que Montealegre y Perdomo le dieron la instrucción de declarar en contra de usted. ¿Qué piensa de eso?

Sandra Morelli: No solamente hubo un direccionamiento hacia mí, sino también contra los funcionarios que trabajaron conmigo. Todos hemos sido objeto de investigaciones penales y a todos en algún momento les han dicho: “Usted quiere beneficios, usted quiere salir de su problema, declare contra Sandra Morelli”. Incluso hay un caso, donde uno de esos funcionarios de la Fscalía les pregunta: “¿Cuál es ese pacto diabólico que tienen con esa señora? ¿Por qué nadie declara en contra de ella”. ¿Cuál pacto diabólico? Lo que pasa es que nadie va a ponerse a inventar mentiras, a incurrir en un fraude procesal para ahí si tener un problema judicial verdadero.

SEMANA: ¿Lo que está sucediendo hoy con la Corte Suprema le ha hecho entender mejor lo que vivió como contralora?

Sandra Morelli: Yo lo tenía bien comprendido, la verdad. Hay un detalle bastante importante que a ustedes no se les puede olvidar. Yo me fui del país con la convicción de que no me iba a someter a un proceso arbitrario, lleno de montajes, un proceso injusto, que quienes  iban a tomar decisiones lo iban a hacer por conveniencia política, para lavar la cara de Montealegre con mi pellejo y el de mi hijo. Cuando yo recusaba a Montealegre, el señor Bustos decía: “No, es que él no interviene”, entonces recusaba a Perdomo y decía: “No, pero es que Perdomo no tiene una enemistad con usted”. Yo recusaba a Montealegre para que no interviniera con SaludCoop, y entonces la corte decía: “No, él no está impedido”, tanto que el mismo Montealegre un día pidió que sí lo declararan impedido. La corte le daba más de lo que él necesitaba. El Heraldo publicó un roscograma en el que cuenta que en un BMW azul se sentaron Montealegre y estos magistrados a redactar la tutela de la que les he hablado.

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SEMANA: ¿Cómo se vivía esto en la Contraloría?

Sandra Morelli: Montealegre todos los días nos allanaba. Vivíamos diligencias, lunes, martes, miércoles y llegaba con el Esmad como si estuviera entrando a una guarida de paramilitares. Era una cosa realmente tan desproporcionada y tan absurda que yo dije ‘acá no hay ninguna garantía, no hay nada que hacer’. El señor tenía el poder judicial de su lado: le prorrogaron el periodo, no procedían contra él los impedimentos ni las recusaciones, la Contraloría no lo podía tocar. Pensé que no podía quedarme a un juicio sumario en el que en un 2x3 me condenaban a punta de testimonios falsos y pruebas montadas.

SEMANA: ¿Siente que ahora las cosas son distintas?

Sandra Morelli:  La diferencia ahora no es que la justicia este más activa y este mejor, porque fíjese que en realidad no hemos visto decisiones todavía de la Comisión de Acusaciones, aparte del caso de Moreno y de Bula, pero no hemos visto realmente una reacción proporcional al problema que tenemos. Lo que hay es una prensa que está activa, una prensa que está encima. La prensa en este país hace tres años era una prensa que decía que pobrecito Montealegre, que estaba de acuerdo con la Paz, y por eso en su gestión no hubo control. Hoy ese cuarto poder está más activo.

SEMANA: El tema de las investigaciones a sus funcionarios ¿Cómo ha sido?

Sandra Morelli: Voy a hablar de los casos más importantes. Por ejemplo, en el tema de Collins, nos acusaron al delegado y a mí. La historia nos dio la razón, el fallo nuestro por 8.000 millones lo avaló el Consejo de Estado, y el señor tuvo que devolver como 30.000 millones de pesos para la calzada Bogotá-Girardot. Está el caso del túnel de la línea, en el que sucedió lo mismo. El carrusel de las pensiones también nos generó investigaciones. En Saludcoop fueron más allá.

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SEMANA: ¿Cómo así?

Sandra Morelli: Las funcionarias que tomaron las pruebas para el caso de SaludCoop fueron acusadas de hacer interpretaciones telefónicas. Se trataba de dos profesionales y madres cabeza de familia. Ambas estuvieron dos meses presas. Si usted mira el expediente, obviamente no se trata de interceptaciones ilegales, porque eso no solo no se podía hacer, sino que no servía  para nada,  porque no tiene nada que ver con lo que hacía la Contraloría. Entonces uno se da cuenta que las acusan por no haber conservado un disco duro, que ellas usaban. Borraban unas cosas y grababan encima otras. Por eso las acusan de ‘borrar’ evidencias. Entonces uno dice ¿cómo es posible que en el caso de SaludCoop, donde tenía interés directo el señor fiscal, los funcionarios que recogieron las pruebas y estructuraron el proceso estén acusados de todas estas babosadas? Y además que eso les haya causado la cárcel. Por fortuna, en un fallo muy fuerte, el magistrado de la Corte Suprema, el doctor Acuña, le dijo al fiscal: “Mire, usted deje de estar con tutela tratando de meter a la cárcel a la gente y violándoles sus derechos fundamentales, porque aquí no hay la mas mínima evidencia de que se cometieron estos delitos”.

SEMANA: ¿Y en qué van los procesos contra usted?

Sandra Morelli: Todos los procesos van al final tras de mí.

SEMANA: ¿Pero en qué van los que la tienen a usted acusada directamente?

Sandra Morelli: El del edificio está en que debería empezar el juicio, pero no ha empezado.

SEMANA: ¿Qué fiscal instruye eso?

Sandra Morelli: Carlos Ibán Mejía, un tipo que dice que esas pruebas no sirven, pero las lleva al juicio. Yo le escribí un memorial la semana pasada al señor Fiscal General y otro al ponente diciendo: “Yo recuso al señor Carlos Ibán, porque mire esa es prueba de parcialidad, de falta de objetividad, él no quiere establecer la verdad verdadera, sino que estaba manipulando procesos.”  

SEMANA: ¿De ahí fue que el exvicefiscal Perdomo saltó y dijo que esas pruebas no están usándose?

Sandra Morelli: Eso es falso. ¿Qué fue lo que hicieron? Salieron y dijeron que yo en la peluquería me encontraba con el señor Aroch, que el señor me había dado 10 millones de pesos en efectivo en el Hatsuhana, para que yo fuera la lobista de él defendiéndolo porque él tenía fama de contrabandista, entonces yo iba supuestamente a ayudarle ante la Cámara de Comercio, donde no conozco a nadie. Finalmente, mil circunstancias desvirtúan todo lo dicho allí, pero lo simpático es que a mí me meten eso dentro de las 2.000 pruebas. Las solas fotocopias de ese expediente me costaron 32 millones de pesos, sin contar que luego debía sistematizar. Nadie se imagina hasta que lo vive lo que le vale un proceso penal. Entonces la Fiscalía, después de que le había dicho a todo el país que había 2.000 pruebas contra mí, lleva solamente 500, y saca en las otras 1.500 todos estos falsos testigos. Entonces lo que yo hice fue pedir que para mi proceso se usen todas las pruebas iniciales de la Fiscalía. Esas pruebas son las que demuestran las incoherencias, los testigos falsos y el montaje que hubo contra mí.

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