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| 1/13/2017 9:17:00 AM

¿Qué pasará con los contratos de Odebrecht en Colombia?

El anuncio del fiscal general de una negociación con la firma brasileña abre un enorme interrogante sobre qué pasará con los contratos en el país. Hay dudas frente a si está obligada a dejar Colombia en caso de alcanzar un principio de oportunidad.

Con la captura del ex viceministro Gabriel García y el anuncio de una negociación que se adelanta con la firma Odebrecht Colombia a cambio del pago de 32.000 millones de pesos, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez destapó sus primeras cartas frente al escándalo de soborno trasnacional más grande del hemisferio.

Según el acuerdo con las cabezas de la firma constructora brasileña, revelado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en Colombia se pagaron sobornos por 11 millones de dólares entre el 2009 y el 2014.

Para ente investigador, el ex viceministro de transporte Gabriel García habría recibido un pago de 6,5 millones de dólares por parte de Odebrecht a cambio de garantizar que esta sería la única firma habilitada para la licitación del tramo dos de la Ruta del Sol, que fue adjudicado por la INCO cuando estaba bajo su administración.

La Fiscalía le imputará este viernes los delitos de cohecho perfecto, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito.

Martínez además explicó que los 4,5 millones de dólares restantes que recibió Colombia en sobornos "se utilizaron para acceder a otros contratos de obra pública, en este caso no con el INCO sino con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), durante la actual administración". Por lo que se espera que se den nuevas capturas y se termine de destapar el entramado que se gestó desde Brasil.

Pero las revelaciones de Néstor Humberto Martínez abrieron un gran interrogante al que tendrá que dar respuesta la ANI. El ente acusador explicó que Odebrecht solicitó un principio de oportunidad con el objetivo de colaborar en el proceso y de obtener inmunidades en el marco acusatorio. En relación con esto, la Fiscalía condicionó su concesión al pago de 32.000 millones de pesos como una reparación integral del daño causado a la administración pública; sobre este monto hubo acuerdo con la constructora.

"Odebrecht ha solicitado un principio de oportunidad con el objeto de colaborar en el proceso y obtener inmunidades en el marco del sistema acusatorio", dijo el ente investigador. 

Puede leer: "Colombia merece una reparación de Odebrecht por encima de los US $11 millones de sobornos"

El contrato de Ruta del Sol tramo dos fue entregado el 13 de abril del 2010 a un consorcio del que hacen parte la Constructora Norberto Odebrecht S. A. sucursal Colombia; Estudios y Proyectos del Sol (EPISOL), filial de Corficolombiana del grupo Sarmiento Angulo, y CSS Constructores S. A.

Actualmente, el contrato va en 4,4 billones de pesos, incluida una adición por 1,2 billones para construir la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra, y la ejecución llega al 50 %. Así que la duda es ¿quién terminará la construcción?

Según la Ley Anticorrupción aplicable, en Colombia existe una inhabilidad para contratar de quienes incurran en actos de corrupción. Puntualmente establece que no podrán tener contrato con el Estado “quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, o soborno transnacional”.

Sin embargo, ante la eventual ausencia de condena por parte de la justicia por estar de cara a un principio de oportunidad, no es claro si Odebrecht está obligado a salir de Colombia y en qué condiciones quedarían los contratos.

El tema concentra la mayor atención, ya que la norma también indica que la inhabilidad se extenderá a sociedades en las que sean socias tales personas, a sus matrices y a sus subordinadas.

Precisamente, la firma brasileña también tiene una de las obras más ambiciosas en Colombia. La concesión de Navelena, un contrato por 2,5 billones de pesos para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Aunque el fiscal general ya anunció que sobre este contrato no hay indicios de corrupción, el Gobierno está en consultas para calcular el impacto colateral de los hallazgos y para definir qué vía tomar.

Un concepto solicitado al Consejo de Estado establece que si la inhabilidad se da durante la adjudicación del contrato, este se debe revocar. Si sobreviene durante la ejecución del contrato, la firma cuestionada debe cederlo a un tercero. 

Por lo pronto, la ANI celebró la prontitud de los anuncios de la Fiscalía y se declaró a la espera de que se dé a conocer la totalidad de la información de la firma Odebrecht y de las personas a las que ellos pagaron los sobornos.

Le recomendamos: Primeras entrevistas en el escándalo Odebrecht

El Gobierno anunció en diciembre la cancelación de los contratos en los que se comprueben actos de corrupción de la constructora brasileña, señalada por Estados Unidos de pagar millonarios sobornos para adjudicarse obras públicas en Colombia entre el 2009 y el 2014. 

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