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| 6/26/2016 10:44:00 PM

Las dos decisiones pendientes de las altas cortes de cara a la paz

El compromiso de la Corte Suprema para elegir fiscal y el de la Constitucional para decidir el futuro del plebiscito las convierten en protagonistas de excepción para el futuro próximo de la paz.

Luego del importante paso que dieron el Gobierno y las FARC en aras de la conquista de la paz, los órganos de cierre de la justicia tienen en sus manos gran parte del futuro de ese proceso. De la Corte Constitucional dependerá si hay plebiscito y la Corte Suprema tiene el deber de elegir al principal responsable de la lucha contra el crimen organizado: el fiscal general.

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Después de cuatro años de conversaciones, las partes dieron el paso más importante e histórico de cara a la finalización de seis décadas de violencia, pero que no es el último y decisivo. Aún faltan los controles judiciales, los democráticos y el posterior esfuerzo político e institucional que convertirá el compromiso en una realidad contante y sonante.

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Después de que el Estado y su verdugo pactaron las condiciones para poner punto final a esta novela, los órganos judiciales de cierre, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, tienen bajo su responsabilidad la concreción de la otra fase que requiere este proceso.

El primer compromiso remite a los magistrados de la máxima instancia constitucional a decidir si un plebiscito es el mecanismo propicio para que la ciudadanía les indique a las instituciones y a las propias FARC si están de acuerdo con el procedimiento que están utilizando para alcanzar la reconciliación. En ese campo, los togados están llamados a decidir si la participación de cuatro millones de colombianos es suficiente para entender que la opinión que tengan los votantes frente al proceso de paz es la opinión del país.

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Si la Corte terminara concluyendo que el plebiscito no es el camino, el Gobierno y el Congreso tendrán que decidir si acuden a otro mecanismo de refrendación o si prefieren que la consulta ciudadana en las urnas no es necesaria para seguir adelante con el proceso.

Si la corporación termina dándole su visto bueno a la iniciativa, los electores tendrán que ir a las urnas, donde lo que se pone en juego es la posibilidad de que los sufragantesobliguen a las instituciones, con su voto, a que hagan las reformas necesarias para implementar los acuerdos de La Habana.

La otra parte de responsabilidad en el futuro próximo de la paz recae en la Corte Suprema de Justicia. El deber que tiene de elegir el nuevo fiscal general de la Nación implica que tiene bajo su resorte la obligación de designar a uno de los máximos responsables de la lucha contra el crimen organizado y por esa vía, al protagonista de las acciones estatales en favor de una paz duradera y sostenible.

Dado el reto que le espera al nuevo jefe del ente acusador en la edificación de la paz, muchos creen que esta elección se diferencia y con creces de los otros siete procesos en los cuales el organismo judicial ha designado al alto funcionario. En este caso, los magistrados ya no sólo deben pensar en un hombre que simplemente se dedique a resolver los problemas de funcionamiento de la Fiscalía, sino en alguien que asuma con verdadero compromiso ese deber de frenar y desmantelar el crimen organizado que se consolidó a través del conflicto armado.

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De la decisión que los magistrados de esa alta corte tomen en este sentido depende, en muy buena medida, la ejecución de la política estatal contra la violencia, la que haría un paz sostenible y perdurable en el tiempo.

Ambos casos, tanto el del plebiscito, como el del fiscal, están próximos a ser resueltos. Nada de raro trato tendría que el próximo 6 de julio el tribunal constitucional concluyera su evaluación plebiscito y, al día siguiente, la Corte Suprema elija al sustituto de Eduardo Montealegre.

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