Por supuestamente autorizar más de $3 mil millones fuera del presupuesto, Procuraduría llamó a juicio al expresidente de la SAE, Andrés Ávila

Siete meses después de que arrancará la investigación disciplinaria contra el exdirector de la SAE, Andrés Ávila, la Procuraduría finalmente lo llamó a juicio por los gastos sospechosos que habría autorizado antes de dejar la entidad para aparentemente pagar a directivos indemnizaciones por el cambio de gobierno.

El ente de control informó que le formularán cargos a “Andrés Alberto Ávila Ávila, por la presunta autorización de millonarios pagos por más de $3.000 millones, lo que generó una desfinanciación en los gastos de funcionamiento de la entidad.”.

La delegada para la Economía y Hacienda Pública detalló que Ávila habría aprovechado de su cargo para avalar, en la vigencia 2022, el monto mencionado para cancelar a la nómina de 14 cargos profesionales de la planta de la Vicepresidencia Jurídica y la Gerencia Técnica.

“Correspondientes a $ 1.500 millones, de bonificaciones por $ 1.000 millones, y el costo de la planta para 10 funcionarios de proyectos especiales que asumió en un 100 % la entidad que dirigía, correspondiente a $ 1.122millones”, indicó el Ministerio Público.

Lo grave del caso es que esos 3 mil millones de pesos no estarían asignadas para el presupuesto de esa época, tampoco fueron sometidas previamente a consideración del Comité Técnico del CNE, ni la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes, por lo que la propia SAE solicitó modificar el presupuesto para ese año fiscal.

Para el ente de control, “el presidente de la Sociedad de Activos Especiales habría vulnerado los principios de responsabilidad, eficacia y el de economía, por lo que de manera provisional calificó la posible conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima”.

Ávila llegó a la SAE en 2020 como reemplazo de María Virginia Torres, quien encabezó la entidad durante 6 años. Ahora la Procuraduría trata de determinar su durante su gestión se presentaron irregularidades en el presupuesto del Fondo para la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), el cual estaba bajo la administración de Andrés Ávila.