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| 1/3/2017 1:23:00 AM

Más de dos décadas y cero revocatorias de mandato

Vuelve y juega: cuatro comités promotores pidieron la revocatoria de Peñalosa. En los últimos años, en 166 casos opositores y detractores pidieron sin éxito la cabeza de alcaldes y gobernadores. Colombia tiene para estrenar legislación pero es un mecanismo más cuestionado que efectivo.

Al igual que en su primer periodo, el Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa tuvo que celebrar su primer año de mandato con la noticia de la inscripción de cuatro comités de opositores y detractores ante la Registraduría que piden la revocatoria de su cargo. Este mecanismo de participación ciudadana, que puede jugar en contra de todos los alcaldes y gobernadores del país, existe desde la Constitución del 91 pero a juzgar por los resultados sirve más como estrategia para que enemigos políticos se muestren los dientes que como una forma efectiva de hacer control de las administraciones en las urnas.

Esta es una de las conclusiones de la Misión de Observación Electoral, que luego de revisar los 166 procesos de revocatorias iniciados en Colombia, alerta porque este mecanismo se convirtió en una “catapulta para otros políticos”. “Si quiero tumbar a mi opositor, quiero hacerme contar, quiero reemplazar al alcalde comienzo por liderar un grupo de revocatoria. Hay una mala utilización del mecanismo y el nivel de descrédito agrava la situación porque afecta la participación ciudadana”, indicó Alejandra Barrios, de la MOE.

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De los procesos documentados, 165 fueron para alcaldes y uno para gobernador. Solo 50 llegaron a las urnas y 116 no han superado la etapa de recolección de firmas.

“En Bogotá se han adelantado los procesos de revocatoria pero no se ha llegado ni a la votación ni a la revocatoria. Lo más dispendioso es la recolección del 30 % de las firmas del total de votos que obtuvo el mandatario, y quienes suscriban en el formulario de la Registraduría tienen que ser personas que estén inscritas en el municipio”, indicó Jaime Hernando Suárez, registrador distrital.

En la primera Alcaldía de Peñalosa fue Luis Eduardo Leyva, vocero de la campaña Revocatoria del Mandato del Alcalde mayor Enrique Peñalosa, el que intentó sacarlo del cargo. Sin embargo, su iniciativa se hundió al no lograr el mínimo de firmas necesario para convocar a las urnas. Aunque entregaron 750.000, la Registraduría anuló 412.000 por no cumplir con las exigencias de haber votado en las elecciones pasadas e incluir los datos completos.

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Esta vez, Peñalosa enfrenta cuatro comités promotores por ahora: Revocatoria al Alcalde Mayor de Bogotá, liderado por Freddy Leonardo Puentes; también uno llamado Recuperemos a Bogotá; otro en el que se agruparon varios movimientos sindicales de la ETB y de maestros, llamado Unidos revocamos el mandato del Alcalde Mayor de Bogotá, y Por una Bogotá mejor sin Peñalosa, liderado por César Augusto González García, militante del Partido Liberal.

“Hay que buscar hacer un Metro para la ciudad ya. Peñalosa le miente a la ciudad y es el responsable del problema de movilidad tan grande que tiene la ciudad. El principal promotor del mecanismo de revocatoria es el mismo Enrique Peñalosa, nunca pensamos que iba a ser tan malo”, dice González García.

En esta ocasión, para que el proceso de revocatoria dé el siguiente paso, los comités promotores tendrán que recoger 271.818 firmas; esto equivale al 30 % del total de votos con el que salió elegido como alcalde (906.058 votos). Para esto tienen seis meses prorrogables por otros tres más.

Una vez revisadas y avaladas las firmas por la Registraduría, se necesita llevar a las urnas al 40 % del total de votantes de los comicios donde salió elegido Peñalosa –hubo 2.730. 572 votos válidos, por lo que se requeriría superar un umbral de participación de 1,1 millones de votos-. Y el alcalde podrá ser revocado con la mitad más uno que elija el Sí.

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Pero no es el único mandatario perseguido por la amenaza de la revocatoria. Antanas Mockus llevaba año y medio de posesionado como alcalde cuando sonaron voces de revocatoria, sin embargo, no lograron la recolección de firmas para la inscripción. El exalcalde Lucho Garzón también padeció la amenaza de sus opositores de convocar la revocatoria sin que se llegara a la inscripción de ningún promotor ante la Registraduría.

El proceso que más lejos llegó en la capital fue el de Gustavo Petro. Sin embargo, la pelea por la sanción de la Procuraduría terminó por interponerse a la convocatoria a las urnas. Su proceso de revocatoria llevó a un pronunciamiento contradictorio y cuestionado de parte de la Corte Constitucional; primero en Sala de Revisión dio aval a la convocatoria a la votación de los bogotanos, pero después en Sala Pleno negó esta posibilidad ya que Petro estaba en su último año de periodo.

Fue el entonces representante a la Cámara Miguel Gómez Martínez quien lideró la recolección de las firmas y las entregó a la Registraduría. La institución electoral tasó la consulta en 37.000 millones de pesos y definió en dos ocasiones fechas para la votación de los bogotanos. Sin embargo, la Registraduría suspendió el proceso teniendo en cuenta que quedó en firme la decisión de la Procuraduría que destituyó y sancionó con inhabilidad a 15 años al exalcalde.

Después vino la medida cautelar del Consejo de Estado que lo devolvió a su cargo y cuando se intentó reactivar el proceso de revocatoria ya fue muy tarde: Petro estaba en la recta final de su administración.

Cada reforma baja el umbral

La revocatoria de mandato fue reglamentada en 1994 y se le han hecho dos reformas: la primera en el 2003, en la que se bajaron umbrales de participación y se eliminó el requisito de recolección de firmas para la inscripción de los comités promotores. La segunda fue en 2015, en la que volvieron a bajar los umbrales de participación.

Sin embargo, para la MOE, el umbral no es el problema. De hecho, la tendencia es “perjudicial” porque la disminución de los porcentajes no se ha visto traducida en efectividad para el mecanismo, y porque en el momento en que salga una revocatoria ésta puede ver afectada su legitimidad.

El problema, explica Barrios, radica en que no se ha delimitado de manera clara el rol de la administración cuestionada. “No se sabe hasta dónde puede llegar el alcalde de turno. En el caso Petro mucho se cuestionó el uso de recursos para promover campañas en contra de la revocatoria. Y lo mismo se replica en las regiones: el mandatario usa diferentes formas de coerción a los votantes, desde presiones con los cargos que controla hasta eventos y dádivas para desincentivar la votación. No es clara la línea de en qué momento se extralimitan y exceden el uso de recursos públicos”, dice.

A este, un mecanismo, más cuestionado que alabado, también acudió este lunes un comité promotor para pedir la revocatoria del Alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández; tres voceros de movimientos contra el Alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano; y en Sucre, se recibió una solicitud de revocatoria para el Alcalde de San Benito Abad Agustín Francisco Villarreal González.

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