Que los principales responsables de la multimillonaria operación de lavado de activos y contrabando a través de las conocidas tiendas Lili Pink se hubiesen escapado, y que la Fiscalía esté judicializando a la única persona que fue encontrada en el país, advierte que la información se habría filtrado.
SEMANA conoció detalles del expediente que cursa en contra de la empresa, a cargo de promover, comercializar y mantener las tiendas Lili Pink en todo el país.
En los documentos se advierte que un conductor fue convertido en un ostentoso, empresario y socio de la empresa ahora objeto de cuestionamiento.
“Los elementos materiales probatorios indican que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”, señaló la Fiscalía.
El hombre plenamente identificado por la Fiscalía aparece en una serie de documentos en los que quedó registrado como socio mayoritario de la empresa. Sin embargo, al hacer una verificación sobre su perfil profesional y experiencia laboral, se advierte que ha servido como conductor en diferentes empresas.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) reveló que los principales protagonistas en este escándalo, los supuestos empresarios que conformaron las empresas y lograron mover millonarias sumas de dinero producto del contrabando y lavarlo a través de los establecimientos de comercio, huyeron antes de adelantar los operativos.
El expediente Lili Pink advierte una investigación para conocer en detalle de qué manera los empresarios, ahora prófugos de la justicia, habrían logrado evadir los controles de las autoridades aduaneras y conocer decisiones que se estarían tomando en contra de su fachada.
El conductor que aparece en el expediente hace parte de las personas que entregaron su nombre en lo que podría considerarse una actividad de testaferrato, todo con el propósito de mantener a los verdaderos responsables lejos de las investigaciones y de la lupa de la Fiscalía.
“Ha documentado, entre otras conductas delictivas, el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian) avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones”, advirtió la Fiscalía.
La persona que fue judicializada, luego de los operativos de extinción de dominio en más de 400 tiendas de todo el país, tuvo que ser trasladada de urgencias a un centro asistencial luego de la imputación de cargos que hizo la Fiscalía, y quedó pendiente la solicitud de medida de aseguramiento.