Economía

Fiscalía publica videos inéditos de los allanamientos y capturas en las tiendas de Lili Pink en toda Colombia

Los operativos se realizaron con la colaboración del Ejército Nacional en 59 ciudades del país. Lavado de activos superaría los $ 730.000 millones.

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28 de abril de 2026 a las 4:45 p. m.
La institución tildó de "organización delictiva" a la empresa, como resultado de una contundente investigación.
La institución tildó de "organización delictiva" a la empresa, como resultado de una contundente investigación. Foto: c

La Fiscalía General de la Nación sacudió este lunes 27 de abril a Colombia tras revelar detalles de una gigantesca operación contra Lili Pink, un conglomerado empresarial que, presuntamente, habría utilizado la fachada de cadena de ropa femenina y accesorios para ingresar recursos ilícitos y mercancía de contrabando al territorio nacional.

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“La articulación de capacidades de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales (...) y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI puso al descubierto un conglomerado empresarial que, con la fachada de una cadena de venta de ropa femenina, habría permitido el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando al país”, señaló el organismo en uno de los comunicados conocidos este lunes.

De acuerdo con la investigación, la organización habría construido un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que servían para mover mercancía como prendas de vestir, juguetes y cosméticos. Todo esto, supuestamente, con el objetivo de “dar apariencia de legalidad a la operación”.

La Fiscalía aseguró además que las maniobras detectadas estaban orientadas a “disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero”, facilitando así el ingreso de los recursos al sistema económico formal.

Videos de los operativos de la Fiscalía contra Lili Pink

En videos divulgados por el ente investigador se observan allanamientos, ocupaciones de locales comerciales y operativos adelantados por agentes del CTI y miembros del Ejército Nacional en distintos puntos del país. Según la Fiscalía, las diligencias se realizaron en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena tenía presencia comercial.

Uno de los puntos que más llamó la atención del expediente tiene que ver con las multimillonarias cifras documentadas durante el proceso judicial.

Según explicó el ente acusador, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales logró establecer posibles conductas relacionadas con “lavado de activos en cuantía de 730 mil millones de pesos” y “enriquecimiento ilícito de particulares por más de 430 mil millones de pesos”.

Asimismo, se reportaron “aprensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, avaluadas en más de 54 mil millones de pesos”, además de un posible contrabando que “superaría el valor de los 75 mil millones”.

En medio de los operativos también fueron ocupados bienes con fines de extinción de dominio. La Fiscalía confirmó que las medidas cautelares afectan “405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad”.

“Este entramado ilegal fue afectado en su parte patrimonial con la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio”, indicó la entidad en una publicación hecha en su cuenta oficial de X.

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La Fiscalía también reveló que obtuvo ante un juez de control de garantías varias órdenes de captura “con fines de imputación y solicitud de medidas de aseguramiento”, procesos que actualmente continúan en etapa de judicialización.

Pese al avance de las medidas cautelares y los operativos adelantados por las autoridades, las tiendas de la cadena seguirán abiertas y funcionando con normalidad mientras avanza el proceso judicial.

La administración temporal de los establecimientos quedará en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de manejar los bienes ocupados en este tipo de investigaciones.

Por ahora, no se prevén afectaciones para los trabajadores ni cierres inmediatos de los puntos físicos, aunque el panorama podría modificarse dependiendo de las decisiones que adopte un juez especializado más adelante en el caso.

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