El operativo que adelantó la Fiscalía General, en un procedimiento de extinción de dominio, y que afectó los establecimientos de la reconocida marca de ropa interior femenina Lili Pink, de lejos, podría ser el más grande de los últimos años del ente acusador.
SEMANA conoció los detalles del expediente que cursa en contra de la empresa a cargo de la distribución y comercialización de los productos de esta marca en todo el país. El documento señala los delitos de contrabando y lavado de activos.
A través de un comunicado, la Fiscalía explicó el objeto de los procedimientos, que incluye medidas cautelares de embargo y secuestro de las propiedades, con el propósito de adelantar algunos actos de investigación posteriores que permitan la extinción del derecho de dominio.
La Fiscalía entregó detalles de los operativos de extinción de dominio desarrollados en la cadena de establecimientos de ropa interior Lili Pink en todo el país. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/JZzKFwLxhW
— Revista Semana (@RevistaSemana) April 28, 2026
“Los elementos materiales probatorios indican que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”, dijo la Fiscalía.
De acuerdo con el expediente en poder de la Fiscalía, las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal.
“En desarrollo de la investigación, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, ha documentado, entre otras conductas delictivas, el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos”, señaló Juan Felipe Cárdenas, director de extinción del derecho de dominio.
Justamente, esa fue la dinámica que, en criterio de la Fiscalía, permitió la conformación de una estructura criminal para lavar millones de pesos a través de la mercancía que ingresaba a los establecimientos de comercio y que se presentaba como producto de actividades lícitas, derivadas de la venta y comercialización de ropa y cosméticos femeninos.
Para los investigadores del caso, y de acuerdo a lo que condensaron en el informe que permitió los operativos de extinción de dominio, se trató de una compleja operación que incluyó construir empresas fachada, que asumieran la responsabilidad en las supuestas importaciones, cuando lo único que hacían era firmar los documentos como constancia.
“Aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones”, señaló el ente acusador.
Fueron más de 450 bienes y establecimientos de comercio los afectados en estos operativos simultáneos que adelantó la Fiscalía con el apoyo del Ejército Nacional y, además, se obtuvieron órdenes de captura en contra de los principales articuladores de esta estructura criminal.
La investigación, de acuerdo con el delegado de la Fiscalía, arranca con estos operativos, pero se trata de establecer en otras fases del proceso que funcionarios de la Dian, estarían comprometidos con la estructura criminal.