En el Atlántico continúa la controversia por la polémica paz urbana del presidente Gustavo Petro con organizaciones criminales. El investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Nicolás León, señaló que estas conversaciones no tienen rumbo, al advertir que existirían errores estructurales y que la violencia va en aumento en todo el departamento.
“Para entender el momento actual de los diálogos entre las bandas de Barranquilla y el Gobierno nacional, es necesario hacer una breve recapitulación de lo que han sido estos acercamientos. Vale la pena mencionar que, en un primer momento, en 2024, las bandas de Barranquilla mostraron su voluntad de acercarse a dialogar con el Gobierno nacional, en una suerte de voluntad de paz”, explicó.
Asimismo, señaló: “En principio, este primer acercamiento fue rechazado por el Gobierno y fue hasta el segundo intento de voluntad de paz por parte de estas bandas que se empezaron a generar estos acercamientos entre las organizaciones y el Gobierno nacional; eso fue en 2025”.
De igual manera, indicó que desde mayo de 2025 se consolidaron los acercamientos y contactos; sin embargo, desde entonces se han registrado fallas reiteradas que ya se han evidenciado en otras negociaciones en el marco de la llamada paz total.
“No se ha coordinado de manera efectiva con las instituciones locales y regionales, en la Alcaldía de Barranquilla y con la Gobernación del Atlántico, con quienes ha tenido constantes disputas, rifirrafes públicos por la forma en la que han sido llevados estos acercamientos con las bandas”, detalló.
Para León, es grave y preocupante el contexto criminal actual de Barranquilla, lo que hace que el proceso sea más complejo. Los Pepes, al mando de Digno Palomino, y Los Costeños, con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, vienen librando una confrontación por las rentas ilegales.
“Si a estos dos errores, que son de carácter estructural de la paz total, le sumamos la complejidad del contexto actual de la criminalidad y la violencia en Barranquilla, tenemos un escenario mucho más difícil de tramitar. ¿Por qué? Porque en Barranquilla Los Pepes y Los Costeños, que son las dos organizaciones más poderosas, antes del acercamiento con el Gobierno venían de un escenario de crisis de violencia, de criminalidad y de disputa por el control territorial en la ciudad”, explicó.
El investigador precisó que con esta paz urbana se buscaba contener la confrontación entre las dos bandas; sin embargo, los resultados no han sido completos y han sido difíciles de sostener.
“Solo para poner un ejemplo, a partir de los acuerdos que se firmaron en octubre del año pasado, uno de ellos estaba precisamente dirigido a la disminución de las violencias en la ciudad. En un principio fue evidente una reducción de los homicidios, pero rápidamente fue difícil de sostener y de determinar con certeza si un homicidio estaba o no relacionado con las disputas de estos actores armados, o si una extorsión estaba o no vinculada a estas confrontaciones”, detalló.
Otro de los puntos que destacó León fue el repunte de los homicidios en la ciudad de Barranquilla.
“Solo para cerrar con un dato: en febrero hubo al menos 85 homicidios violentos en Barranquilla, lo que evidencia una suerte de reactivación de estos repertorios por parte de estas dos grandes estructuras. ¿En razón de qué? En razón de un desgaste, porque el proceso no ha podido ser llevado a cabo con una arquitectura institucional sólida que permita tener metas y objetivos claros sobre los cuales va a aterrizar el proceso”, insistió.
Asimismo, indicó que el proceso de paz no puede limitarse únicamente a la reducción de homicidios.
“La paz en Barranquilla no puede reducirse simplemente a la disminución de homicidios ni a sentar a dos estructuras criminales que tienen el control de barrios enteros. Para que la paz urbana en Barranquilla deje de avanzar a tientas, debe resolver estos errores estructurales que han estado presentes desde el inicio del acercamiento con las organizaciones delincuenciales”, sostuvo.