La ejecución de los recursos destinados a infraestructura de seguridad y justicia en Bogotá volvió a instalarse en el centro del debate político del Concejo.
Esta vez, el cuestionamiento llegó desde la Comisión de Hacienda, donde el concejal Julián Sastoque aseguró que la administración distrital apenas ha utilizado una mínima parte del dinero aprobado para enfrentar la crisis de hacinamiento y fortalecer la capacidad institucional frente al delito.
Durante el debate de control político, Sastoque señaló que de los 145.000 millones de pesos autorizados mediante cupo de endeudamiento para proyectos asociados a seguridad, justicia juvenil, vigilancia y atención de emergencias, únicamente se ha ejecutado el 1,6 %.
La crítica del cabildante se concentró en los retrasos acumulados en varias obras consideradas estratégicas para la ciudad. Entre ellas mencionó el segundo Centro Especial de Reclusión, que presenta un atraso del 14 %; la URI de Suba, cuyo plazo habría sido ampliado nueve meses, y el Centro de Traslado por Protección de Puente Aranda, que sigue sin entrar en operación por dificultades relacionadas con servicios públicos.
A eso se suma el caso del Centro de Traslado por Protección Móvil, que ni siquiera ha iniciado etapa de estudios y diseños. En el informe también quedó expuesta la presión que enfrentan las casas de justicia en distintas zonas de Bogotá.
Según la denuncia presentada por Sastoque, sedes como la de la casa de justicia de Chapinero registran niveles de sobreocupación superiores al 300 %, mientras que el resto de centros supera el 100 % de capacidad. Pese a ese panorama, el Distrito solo tendría prevista una nueva infraestructura, cuya construcción todavía no comienza.
Uno de los puntos más sensibles del debate fue el futuro de la llamada Cárcel Distrital II. De acuerdo con el comunicado presentado por el concejal, la Secretaría de Seguridad firmó un contrato interadministrativo por más de 5.196 millones de pesos con Renobo, pero el proyecto no avanzó y ahora apenas se proyecta contratar estudios y diseños en 2027.
La advertencia de Sastoque apunta directamente a una de las promesas hechas por el alcalde Carlos Fernando Galán al inicio de 2025, cuando anunció que buscaría triplicar la capacidad carcelaria de Bogotá bajo un modelo “sin hacinamiento y sin extorsión”.
Según el concejal, el retraso en la segunda cárcel distrital deja prácticamente descartado el cumplimiento de esa meta durante el actual gobierno.