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Opinión

  • | 2004/09/12 00:00

    Cambiar de receta

    La represión ha sido la única política de seguridad de los gobiernos de Colombia. Y a juzgar por los resultados, ha fracasado

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Hace un mes el Ejército anunció que había dado de baja en el curso de un combate en Arauca a tres subversivos armados disfrazados de sindicalistas. Así lo confirmaron en sendas declaraciones el ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe y el vicepresidente de la República Francisco Santos.

Pero no era cierto.

Es decir: sí había tres muertos. Pero no eran subversivos, sino sindicalistas de verdad, lo cual no es un delito (al menos por ahora), ni está penado con la muerte (pues esa pena, por ahora al menos, no existe en Colombia). Y no estaban armados, sino desarmados. Y no habían sido dados de baja en combate, pues no había habido combate: habían sido asesinados por disparos hechos a quemarropa en lo que se llama una 'ejecución extrajudicial'. Por el triple asesinato, la Fiscalía ordenó la semana pasada la captura de tres militares, que están siendo investigados.

Está muy bien, pero no basta con eso. Ni bastaría tampoco con que el Ministro y el Vicepresidente rectificaran -cosa que no han hecho-. O incluso renunciaran -cosa que no harán-. Y no lo harán porque lo sucedido en Arauca no es ni una lamentable equivocación ni un exceso aislado cometido por subalternos. Sino que forma parte de una estructura deliberada, de una estrategia de guerra de exterminio. Es por eso que, en los dos años que lleva el gobierno de Álvaro Uribe, han sido asesinados 164 dirigentes sindicales, y otros 26 han sufrido atentados: uno cada cuatro días. La impunidad por estos crímenes alcanza una tasa del 99 por ciento. Lo que sí es un caso aislado (y quizás el gobierno lo considere en su fuero interno un 'exceso') es que por el crimen de Arauca haya tres militares detenidos.

Es una estrategia deliberada, digo, pero no es nueva, ni es invención de este gobierno. Viene de muy atrás. La represión sangrienta del descontento y la protesta ha sido el modo de gobierno tradicional en Colombia, cualquiera que haya sido el gobierno, desde la Conquista en el siglo XVI hasta hoy. Con descuartizamientos trató el arzobispo-virrey Caballero y Góngora la revuelta de los Comuneros; cadalsos le recetó el pacificador Morillo a la primera Independencia; fusilamientos hubo sin cesar durante todo nuestro siglo XIX. Y, en la medida en que nuestros gobiernos se iban volviendo más y más leguleyos con el paso del tiempo, fueron apareciendo hojas de parra jurídicas para cubrir sus vergüenzas: legislaciones represivas 'de excepción' para hacer aparecer como normal lo aberrante. La 'Ley de los Caballos' cuando la Regeneración, la 'Ley Heroica' bajo la Hegemonía, el estado de sitio permanente a partir de las dictaduras conservadoras de los años cuarenta y a todo lo largo del Frente Nacional, el Estatuto de Seguridad de Turbay, y ahora este engendro Antiterrorista de Uribe que acaba de tumbar la Corte por hipócritas "vicios de forma", sin decidirse ella misma a analizar sus perversiones de fondo.

La represión ha sido la única política de seguridad y de orden público de todos los gobiernos de la historia de Colombia. Y a juzgar por sus resultados -que es como debe ser juzgada cualquier política- ha fracasado: este país es el más inseguro del mundo. ¿No sería hora de cambiar de receta, antes de que estemos todos muertos?

Por lo visto no es hora todavía. El ministro del Interior y de Justicia (cada vez que leo o escribo esas dos atribuciones ministeriales de seguidas me da una risa nerviosa mezclada de escalofríos), Sabas Pretelt, le pide a la Corte que reconsidere su decisión y apruebe la constitucionalidad del Estatuto Antiterrorista. A lo mejor les ha dicho a los magistrados, en privado:

-Señores: piensen ustedes que si el Estatuto estuviera en vigor, ningún militar estaría preso por lo de Arauca. Y tengan en cuenta que si las cosas siguen así, ahora se nos viene lo de Guaitarilla. Y tantas otras cosas. Sin Estatuto, acabaremos con las Fuerzas Armadas en la cárcel.

Espero que ese argumento no haya sido suficiente para convencer a la Corte.
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