¡Es la microeconomía, estúpidos!

Si le dicen “traemos copia de la cédula al 150” –así, en plural, aunque solamente sea su cédula la que hay que ampliar- la cosa tiene serias probabilidades de volverse un tormento. Pero eso usted ya lo sabe si es contratista o un consultor independiente; conoce de sobra los vericuetos no solo para lograr trabajar, sino para cobrar por el trabajo realizado.   

Cuenta de cobro que se respete es un proyecto en sí mismo. Una materia de estudio y especialización pues se trata de un universo aparte regido por reglas siempre cambiantes donde cada contratante tiene las suyas e inclusive, de lo rocambolescas, algunas insospechadas por los propios empleados de la empresa o entidad.

Lo digo con conocimiento de causa y porque le he preguntado a amigos que viven “por la libre” como profesionales independientes o pequeñísimos empresarios, de esos mismos a los que se refieren los candidatos presidenciales, asegurando que son un eslabón de la cadena que hay que fortalecer -pero no dicen cómo exactamente- porque es clave el emprendimiento y muy necesario ese colombiano echao pa’lante que hace las cosas bien y es juicioso súbdito del Muisca.  

¡Pero qué camello! Pongo el tema sobre la mesa, entre colegas y amigos, y saltan chispas. Cada uno tiene su propia historia y frustración ante tanto trámite para contratar con empresas privadas, gremios, multinacionales, entidades del orden nacional o territorial, intermediarias de entidades multilaterales y demás. Todo parece confabularse en contra y hay que tener un toque de locura, además de buena memoria para recordar siglas de crucigrama (RUT, RIP, RUP, SIGOP, SAP), al insistir en sacar adelante un proyecto.

Y ni hablar de la presencia de ánimo y el músculo financiero de magnate requerido para cobrar cuando el valor de la factura es tan magro que no da ni para factoring. Apenas para surviving. Es ridículo que multinacionales, grandes empresas nacionales y otros sectores pudientes paguen a 60 o 90 días, para así amasar ese dinero y ganar lo que produce. Mientras tanto, el pequeño contratista anda ahorcado, endeudado, atado por todos lados.

Al sector público le aplica la Ley Antitrámites, aunque nuestra cultura burocrática insiste en “radicar en físico” todo tipo de soportes, certificados, pagos, la cédula al 150, reportes varios y repetidos, en un despilfarro de papel y recursos que no termina aun en tiempos digitales. En cambio, al sector privado, que puede ser igual de ineficiente y enredado en sus procesos administrativos, no hay quien le ponga un límite, hasta donde he logrado averiguar. Un amigo cuenta que creó la tradición de celebrarle el año de vida –ponqué incluido- a esa factura que nada que le pagan.

En Colombia se habla de compra eficiente pero poco se dice de ser buena paga. “Los pequeños y medianos empresarios o productores son la fuente de crecimiento en todo el mundo, pero al parecer aquí no lo hemos entendido”, respondió Juan Ricardo Ortega, economista y exdirector de la Dian, ante mi enervada pregunta de por qué las empresas dilatan el pago sin discriminar el monto de las cuentas, el perfil del contratista e impacto para el proveedor. Y remata diciendo: “Colombia es un país de chiquitos abusados”.   

Aquí casi todo el mundo marranea a la hora de pagar. La gran empresa al pequeño fabricante, las grandes superficies a los pequeños productores, las centrales mayoristas a los campesinos que llevan sus productos. Y aquellos que contratan los servicios de miles de profesionales independientes hacen todo lo posible por demorar el trámite de la cuenta, además de tratarlos como si les estuvieran haciendo el favor.

El Dane estima que 25 millones de colombianos hacen parte de la Población Económicamente Activa, de los cuales solo 7,5 millones reciben el quincenazo y los 17,5 restantes hacen malabares. Con restricciones de liquidez por pagos demorados y tasas financieras absurdas, es imposible que los más chiquiticos crezcan, que los mini y micro ayuden a jalonar la economía.

Sin ser experta, noto que ningún candidato presidencial o al Congreso, ni tampoco sus sesudos economistas, esté planteando alternativas puntuales para este renglón invisible pero tremendamente real de la economía. Hablan de política fiscal, de empleo y cargas laborales, de grandes proyectos y locomotoras, todo en términos macro, dirigido a los grandes jugadores de siempre. Sin embargo, millones tratamos de avanzar sin ley o norma alguna que fije un marco real de pagos, de protección al pequeño proveedor de bienes y servicios, sin tener que acudir al cobro judicial, que toma 10 años, o al cobro ejecutivo, que tarda dos.

Ante abusos que iban hasta los 180 días, España estableció una ley, en 2013, que organiza los pagos a proveedores: la empresa privada debe pagar en 60 días; la administración pública y compradores de alimentos perecederos, en 30 días; los emprendedores recibirán el pago en 30 días, que pueden ampliarse una sola vez a 60 días, previo pacto. El propósito: que independientes y microempresas cuenten con fluidez de caja, reducir las asimetrías y así responder a uno de los principales motivos de quiebra. Además, se creó una plataforma de consulta para conocer si la empresa o entidad es buena paga o tiene líos por incumplimientos, antes de ofrecerle bienes o servicios.

En Colombia sería ideal tener una norma o ley similar. Entre más pronto, mejor. Pero ya sabemos que toma tiempo redactarla y presentarla. Por eso, como incentivo, propongo que el próximo presidente, sus ministros de Hacienda y de Trabajo, así como los congresistas elegidos, en vez de recibir su pago por nómina, pasen una cuenta de cobro mensualmente, en persona, con soporte de avance de actividades y cuatro copias para radicar en físico, junto con otra copia más del RUT y la cédula ampliada al 150 por ciento.

@Polymarti