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Opinión

  • | 2017/08/19 22:15

    Aquí no pasó nada

    Alrededor de 9 millones de dólares, se habrían canalizado irregularmente a través de dos entes jurídicos en los que Corficolombiana tenía participación patrimonial y roles administrativos.

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Una serie de pagos sospechosos que se habrían hecho desde el concesionario Ruta del Sol II y de su constructora, Consol, podrían enredar aún más al expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, quien insiste en decirle a la Justicia que nunca participó en el entramado del carrusel de sobornos.
Esa tesis tan poco creíble la volvió a repetir en la audiencia de imputación de la semana pasada, cuando la Fiscalía lo acusó de los delitos de cohecho para dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

El sustento de la acusación contra el expresidente de Corficolombiana es un documento firmado por tres de los más altos directivos de Odebrecht, revelado en esta columna a comienzos del año, que no es de poca monta. En ese documento se dice que el expresidente de Corficolombiana no solo estaba al tanto, sino que autorizó el pago de 6,5 millones de dólares que les exigió el entonces viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, para que les adjudicaran la licitación de la Ruta del Sol II en 2009.

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Sin embargo, de acuerdo con los expedientes en manos de la Fiscalía y de la Superintendencia de Industria y Comercio, la presunta participación del expresidente de Corficolombiana en el carrusel de sobornos de Odebrecht podría haber ido mucho más allá que la que le adjudican los Luises en el documento que sirve de base para la imputación de la Fiscalía.

Así lo indican una serie de pagos sospechosos que se habrían encontrado en la contabilidad del Consorcio Constructor –Consol– y del concesionario Ruta del Sol II hechos desde 2010 en adelante, que José Elías Melo no ha explicado. (En ambas compañías, los socios eran Odebrecht con 64 por ciento, 33 por ciento de Episol-Corficolombiana y 4,9 por ciento del Grupo Solarte).

El primero de esos pagos sospechosos fue hecho por Consol, en 2010, con destino a Consultores Unidos, Panamá, por 2.945 millones de pesos. (El representante de la firma, Eduardo Zambrano, está preso. Desde esta misma empresa se le habría pagado a Roberto Prieto la cifra de 300 millones para que gestionara ante la ANI la construcción de un túnel de Puente Plato, relacionado con la Ruta del Sol II).

Esta empresa es una de las que aparecen referenciadas por la Fiscalía como intermediarias en la canalización de las coimas que habrían terminado en los bolsillos de los políticos, quienes presuntamente habrían hecho lobby para la construcción de la cuestionada carretera Ocaña-Gamarra.
Según la Fiscalía, estas empresas sirvieron de fachada para el pago de esas coimas, a través de contratos de servicios aparentemente legales, pero que, según las evidencias recabadas por el ente investigador, no se habrían ejecutado ni prestado.

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En 2013 otro pago sospechoso sale de Consol para el Consorcio Bracol (del que hace parte Consultores Unidos), por 520 millones de pesos. En 2015, hay un millonario giro de Consol para Consultores Unidos, Panamá, por 6.981 millones de pesos, y otro en ese mismo año para el Consorcio Sion por 10.062 millones de pesos. (Sion es otra de las empresas que según las pesquisas de la Fiscalía sirvieron para intermediar con los políticos a través de contratos simulados. Y según la declaración de Gabriel Dumar, funcionario de Sion, que recogió el periodista Juan David Laverde en un informe de Caracol Televisión, el beneficiario final de estos dineros habría sido Ñoño Elías. Los dos representantes de esta empresa, Mauricio Vergara Flórez y Gabriel Dumar, han sido capturados por la Fiscalía.

Hay también pagos sospechosos que fueron hechos por el Consorcio Ruta del Sol II, que también tendría que explicar Melo. En 2010 se hizo un giro para Consultores Unidos S. A. por 67 millones de pesos y en 2015 otro por 6.981 millones de pesos.

Es decir que cerca de 27.000 millones de pesos, alrededor de 9 millones de dólares, se habrían canalizado irregularmente a través de dos entes jurídicos en los que Corficolombiana tenía participación patrimonial y roles administrativos.

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La manera como se aprobaban los pagos en el consorcio era a través de un comité que autorizaba el pago a proveedores y a de terceros. Ese comité estaba integrado por representantes de Odebrecht y de Episol-Corficolombiana. Por el lado de Odebrecht, fueron muchas personas las que aparecieron autorizando esos pagos, como queda claro en los expedientes que reposan en los organismos de investigaciones. Por el lado de Episol-Corficolombiana siempre fue hasta 2014 Mauricio Millán el encargado de autorizar con su firma el pago a terceros. Según los expedientes del caso, se ha podido establecer que todos los pagos hechos desde Consol hasta 2014 fueron autorizados por Millán y varios de ellos tuvieron que necesitar de la aprobación de Melo debido a los altos montos.
José Elías Melo ha negado su participación en el soborno de 2009, pero le va a quedar cada más difícil explicar cómo se hicieron estos pagos desde el consorcio constructor Consol y la Concesionaria Ruta del Sol II, sin que ni siquiera él se enterara. Y aunque el Grupo Aval ha dicho que es una víctima de Odebrecht, va a tener que redoblar sus esfuerzos probatorios para demostrar que no es cierta la hipótesis de la Fiscalía según la cual todo este entramado fue una operación de lavado de activos y de pago de coimas.

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