El terremoto que ha dejado a miles de familias afectadas expuso una vulnerabilidad que ya existía y a la que, durante años, el país le ha dado la espalda. Es ampliamente conocida la deuda histórica que la Nación tiene con el Chocó, el departamento con mayor pobreza monetaria de Colombia. Sin embargo, a pesar de conocer esta realidad y sus cifras, el Estado y un país que todavía conoce muy poco de sus territorios han hecho poco para transformar las condiciones que mantienen al Chocó en una situación de profundo rezago.
La situación del Chocó es crítica y la reconstrucción después del terremoto no puede limitarse a devolver al departamento al estado en el que se encontraba antes de la tragedia. Reconstruir no puede significar simplemente levantar de nuevo las viviendas, reparar la infraestructura o restablecer los servicios afectados. Esta debe ser una oportunidad para construir un plan estructurado de mediano y largo plazo que conecte al Chocó con las oportunidades a las que tienen derecho sus habitantes y que durante décadas les han sido negadas.
Los datos, aunque no lo dicen todo, dicen bastante. En el Chocó, dos de cada tres personas no cuentan con ingresos suficientes para cubrir el costo de la canasta familiar. Esto significa que más del 65 % de su población se encuentra en situación de pobreza monetaria, la cifra más alta del país. Pero la pobreza monetaria no es un dato aislado. Se conecta con muchos de los problemas que enfrenta cotidianamente su población, porque cuando una familia carece de ingresos suficientes, también tiene menos capacidad para compensar, por sus propios medios, aquello que el Estado no garantiza: una vivienda digna, acceso oportuno a servicios de salud, educación de calidad, conectividad, infraestructura y oportunidades de empleo.
Ahora bien, en materia de vivienda, uno de los sectores sociales y económicos más golpeados por el terremoto, el panorama ya era desalentador antes de la tragedia. Casi nueve de cada 10 hogares del Chocó viven en condiciones habitacionales inadecuadas, con un déficit habitacional del 88,4 %. Esto se traduce en viviendas construidas con materiales precarios, hacinamiento y falta de acceso a servicios públicos esenciales. No es difícil entender, entonces, por qué el terremoto tuvo un impacto tan devastador sobre las viviendas: muchas de estas estructuras ya eran frágiles antes del sismo.
A esta vulnerabilidad se suma otra forma de aislamiento que suele pasar inadvertida para buena parte del país: la desconexión digital. Solo el 18 % de la población chocoana tiene acceso a un buen internet. Esto significa que el 82 % del departamento enfrenta dificultades o no puede acceder plenamente a educación virtual, oportunidades de teletrabajo, servicios financieros digitales, trámites y otros servicios que hoy hacen parte de la vida cotidiana.
Pero la conectividad no es un lujo ni un asunto de entretenimiento. En territorios como el Chocó, es una herramienta fundamental para reducir el aislamiento y ampliar las oportunidades. La emergencia provocada por el terremoto lo dejó aún más claro: cuando la conectividad es limitada, también se dificultan la comunicación, la coordinación en tiempo real y la capacidad de respuesta frente a una tragedia.
Podría seguir compartiendo un sinnúmero de datos, uno más preocupante que el otro, pero hay realidades que los números no alcanzan a explicar. No olvido que, en un vuelo con destino a Quibdó, conversando con los pasajeros, me di cuenta de que la mayoría viajaban a Bogotá para realizarse procedimientos médicos bastante básicos a los que no podían acceder en el sistema hospitalario de la capital del Chocó. Tampoco olvido ver llegar, el año pasado, las lanchas ambulancia al río Atrato con pacientes que venían desde Bojayá para ser atendidos en Quibdó, donde el único hospital de segundo nivel del departamento, el San Francisco de Asís, se encuentra intervenido desde 2025.
Entonces, ¿qué hay que hacer?
Por supuesto, el mayor reto lo tiene la Nación. De allí deberán provenir la mayoría de los recursos, aun cuando el sector privado y las organizaciones sociales ya están haciendo importantes esfuerzos. Pero este no debería ser un plan de reconstrucción. Debería ser un plan para construir el Chocó que el país le ha quedado debiendo durante décadas.
La clave del éxito será construir sin reproducir las vulnerabilidades que ya existían antes del desastre. Para ello, es necesario trabajar directamente con las comunidades, entender sus dinámicas culturales y económicas, y evitar extrapolar fórmulas diseñadas desde Bogotá sin antes aterrizarlas a la realidad territorial del departamento.
Un primer paso para adoptar este enfoque es transferir capacidades y facultades al territorio. El liderazgo que ha demostrado la gobernadora del Chocó frente a la emergencia es una muestra de que también se puede liderar desde las regiones y de que el centralismo ha sido uno de los principales factores del rezago estructural. Pero los buenos líderes necesitan capacidad institucional para avanzar más rápido. El Estado debe llegar con toda su institucionalidad, no para sustituir el liderazgo local o regional, sino para fortalecerlo y permitirle impulsar su propio desarrollo.
Por supuesto, se necesitan recursos. Pero el problema no es exclusivamente presupuestario. También es un problema de capacidad de ejecución. Según el Departamento Nacional de Planeación, en lo que va de 2026 el Presupuesto General de la Nación ha aprobado $ 740.100 millones para el Chocó, de los cuales solo se ha ejecutado el 63 %. La brecha no está únicamente en cuánto llega desde Bogotá, sino también en la capacidad territorial para convertir ese presupuesto en obras, servicios y oportunidades reales para los ciudadanos.
Por eso, el desafío que enfrenta el Chocó después de esta tragedia es mucho mayor que reconstruir lo que el terremoto destruyó. El verdadero reto es no reconstruir la misma vulnerabilidad que existía antes de que ocurriera.