Tiene toda la razón el Gobierno de Abelardo De La Espriella en objetar la ley impulsada por el hoy senador del Centro Democrático Hernán Cadavid, que tenía como fin impedir la modificación de los requisitos para acceder a cargos públicos por parte del Gobierno. La ley fue objetada, como lo dijo el Dr. Andrés Barreto, secretario jurídico de Presidencia, por “inconstitucional e inconveniente”.
Enfocándonos en la inconveniencia de la ley, es claro el impacto negativo que tendría en la modernización y en la gestión del Gobierno, pues va en contravía de las nuevas tendencias del conocimiento y el mercado laboral al petrificar unos requisitos hipertrofiados donde muchos cargos exigen posgrados específicos y años de experiencia, lo cual no privilegia la meritocracia, sino el statu quo.
Lo que está pasando en el mercado laboral es revelador. Las empresas más innovadoras no están contratando con base en títulos universitarios, sino en capacidades, como lo dijo Serguéi Brin, cofundador de Google: “Hemos contratado una cantidad de personas sin título universitario; ellos simplemente han aprendido por sí mismos en algún lugar extraño”.
Cuando habla de “algún lugar extraño”, se refiere a las múltiples maneras que existen hoy de adquirir conocimientos y competencias, desde un tutor personalizado de inteligencia artificial hasta microcertificaciones en la web o cursos online. Nunca el conocimiento había sido más perecedero que hoy. Varios estudios demuestran que en el campo de la tecnología el conocimiento se vuelve obsoleto en dos años, o sea, menos de la mitad del tiempo de lo que dura una carrera universitaria en Colombia, lo cual quiere decir que cuando el estudiante se gradúa, más de la mitad de lo que aprendió ya no le sirve, cosa que debería llevar a revisar la duración absurda de las carreras universitarias en Colombia.
En el sector público de los países desarrollados, la tendencia es la misma: varios estados de los Estados Unidos, por ejemplo, como Maryland o Delaware, han dejado de exigir títulos universitarios, cambiando el criterio por “habilidades demostrables”, que incluye experiencia relevante y microcertificados. El resultado es un pool de talento mayor para escoger a los mejores y mayor acceso a las oportunidades que cuando ponían la barrera del título. En Colombia no se pretende llegar hasta allá, pues sigue en vigencia la ley de requisitos mínimos que exige título universitario, pero pretender amarrarle las manos al Gobierno de la Patria Milagro para flexibilizar requisitos absurdos como posgrados inútiles que impiden la atracción de talento en funciones críticas es absurdo.
Algunos dirán que, después de lo visto en el gobierno Petro, esta ley es necesaria a pesar de su inconveniencia, pero esa es una lógica equivocada porque bajo esa misma justificación habría que continuar un proceso de emasculación ejecutiva del Gobierno por parte del Legislativo para que un eventual gobierno de extrema izquierda no haga tanto daño, lo cual es un despropósito. Para evitar los daños que causa un gobierno de izquierda, lo que toca es dar la batalla cultural para que nunca más ganen elecciones; el resto son atajos inútiles y dañinos.
Lo que sí causa desazón es la reacción desmedida de varios miembros de la bancada y directivos del Centro Democrático ante la decisión presidencial que, en vez de hacer una autocrítica sobre las falencias de su ley, han descartado de entrada las razones del Gobierno y se han atrevido a atribuirle al presidente De La Espriella las mismas motivaciones deleznables que tuvo el gobierno Petro para modificar requisitos. Pero bueno, ya conocemos las dificultades que tiene el Centro Democrático para hacer autocrítica…