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Opinión

  • | 2017/07/31 16:49

    Uribe peló el cobre

    El Centro Democrático pretende modificar el Decreto 903 buscando ejercer un control torticero, orientado a bloquear los propósitos del Acuerdo Final e incidir sobre el manejo de la fiducia con su acostumbrada pretensión de saboteo. ¡Faltaba más, el demonio fabricante de hostias!

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Inscrito en la intensión de hacer trizas el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc, Uribe se escuda con indumentaria leguleya para desgarrar los alcances de lo pactado y aletargar el trasegar de la paz en el marco de la instalación de la nueva legislatura en el Congreso de la República.

En cabeza de Uribe, el Centro Democrático anunció que presentará ante el Congreso cinco proyectos de ley para derogar o modificar decretos expedidos en el marco de la implementación normativa del acuerdo, leguleyada amparada por la letra del artículo 150 de la Carta Magna, el cual permite “en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias”. Pretensión inconstitucional, tal como lo señala el ministro del Interior Guillermo Rivera, porque existe la obligación por parte del Estado de implementar y cumplir el Acuerdo de Paz dada su naturaleza jurídica.

Si se modificaran las normas se incumpliría no solo con una obligación nacional sino también internacional y se contrariaría la misma constitución política pues iría en contra del Acto Legislativo 02 del 2017, que obliga el cumplimiento de buena fe del Acuerdo, incluyendo al mismo Congreso de la República.

Dirigen sus esfuerzos para modificar los Decretos 903, 890, 888 y derogar los Decretos 902 y 898. Aquellos que buscan derogar develan las preocupaciones profundas que le asisten: son justo los que tienen que ver con la propiedad y con el fortalecimiento del Estado para perseguir a las organizaciones criminales. El estruendoso eco de las piedras del río indica que hay secretos y privilegios que se quieren mantener intocables. Raya, a todas luces, en un golpe a la paz.

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El Centro Democrático pretende modificar el Decreto 903 buscando ejercer un control torticero, orientado a bloquear los propósitos del Acuerdo Final e incidir sobre el manejo de la fiducia con su acostumbrada pretensión de saboteo. ¡Faltaba más, el demonio fabricante de hostias! ¡El ratón cuidando del queso! ¡Sus intenciones son claras, sembrar obstáculos, trabas ¡hacer trizas los acuerdos!
Se despachan contra el Decreto 890, el cual dicta disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural.

Sus intenciones no son otras que incentivar a un sector de los pobladores rurales para rechazar a los reincorporados y mantener el clima de odio e intolerancia en la sociedad. Colocan en una falsa contradicción los derechos de unos con otros y su propuesta termina horadando el soporte que siente las bases de la reconciliación y la convivencia pacífica.

Se proponen hacer retoques cosméticos al Decreto 888 quizá como un efecto de distracción porque su objetivo central son los que busca derogar.

El uribismo busca derogar en función de sus intereses el Decreto 902, el cual adopta medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras, argumentando que el tema de ordenamiento de la propiedad rural no se puede tramitar vía decreto-ley por no cumplir con el requisito de “estricta necesidad”.

El uribismo insiste en bloquear las posibilidades de que los campesinos accedan a la tierra toda vez de que el Decreto busca facilitar y democratizar el acceso a la tierra a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Las definiciones son claras, las fuentes que se contempla se circunscriben únicamente a la aplicación de la legislación contemplada en el ordenamiento jurídico colombiano. La democratización de la tierra es el terreno fértil para que germine la paz y la reconciliación.

Es digno de sospechas que se opongan con tal vehemencia al Decreto 898, que busca crear en la Fiscalía la Unidad Especial de investigación para enfrentar organizaciones criminales que atenten contra líderes campesinos y cívicos, miembros de juntas de acción comunal; líderes de organizaciones de víctimas, líderes de restitución de tierras y ambientalistas; y defensores de derechos humanos. ¿A qué le teme el Centro Democrático? ¿Qué busca cuando se propone la derogación de este decreto?

¿Qué explica que pretenda sumir en la impunidad los asesinatos, las amenazas y persecuciones al movimiento social? Resulta contra toda lógica pretender mantener el estado de inseguridad y zozobra de los líderes sociales y abogar por la inexistencia de una Unidad que puede contrarrestar a los sectores neoparamilitares.

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Así pues, la apuesta de Uribe busca entorpecer y congestionar el curso de la agenda legislativa de implementación; busca ahogar el trámite de las iniciativas pendientes; busca revertir los logros que se han alcanzado; busca bloquear los instrumentos para el combate a las organizaciones criminales que están asesinando líderes sociales; busca darle permanencia al odio y la intolerancia. En definitiva, el deseo impúdico de Uribe busca destruir los sueños de una Colombia entera al estropear la meta superior de la paz y reconciliación nacional.

Repito una vez más, en esta ocasión Uribe peló el cobre.

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