La violencia no importa de dónde venga o quién la ejerza. Ella se convierte siempre en el peor enemigo de la población y de su legítimo derecho a vivir en democracia y en convivencia pacífica.
En democracia, los seres humanos, por principios propios de la convivencia pacífica, tenemos que rechazar siempre el uso de la violencia, porque en la vida real de los pueblos no existen violencias buenas o malas. Sencillamente todas son malas y sus consecuencias criminales siempre van en contra de los derechos humanos de la población, al tiempo que restringen y limitan la democracia.
En el caso particular del presidente de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella, debo manifestar públicamente que su política de acciones militares y democráticas contra todos los grupos armados ilegales son, en mi opinión como persona demócrata, acciones necesarias y urgentes. Esto por la sencilla razón de que en democracia no podemos aceptar la política de combinación de todas las formas de lucha, y menos aún la existencia de poderes armados legales o ilegalea que vayan en contra del derecho legítimo de la población a pensar de manera diferente o de convivir pacíficamente.
De modo que la política democrática, hoy en Colombia, debe expresarse en la confianza hacia las instituciones del Estado, como las Fuerzas Militares y la Policía, así como en el rechazo y la cero tolerancia ante la existencia de grupos armados ilegales, llámense guerrillas, paramilitares o aquellos al servicio de la corrupción, del narcotráfico, de la minería ilegal o de cualquier otra actividad económica ilícita.
Ya próximo a cumplir mis 80 años de edad en octubre de este año, debo reiterar que, para la historia democrática de Colombia y de su población urbana y rural, ha sido fatal que algunas personas del establecimiento, de todos los partidos políticos y movimientos sociales hayan terminado aceptando, por miedo o conveniencias políticas, la existencia de grupos armados ilegales. Esto es aún más grave cuando todos ellos han terminado como grupos delincuenciales vinculados a economías ilegales como el narcotráfico, el secuestro y la corrupción estatal.
De modo que la lucha contra los grupos armados ilegales, incluidos sus socios urbanos de la delincuencia común, emprendida por el presidente de la República desde el inicio de su gobierno —más allá de temas simbólicos como el de “el Tigre”, el “¡Viva Cristo Rey!” o de las dudas que podamos tener— debe ser vista como fundamental para el logro del derecho a vivir en democracia y en convivencia pacífica de todas las personas que habitamos en Colombia.
Por ello, invito a mis colegas constituyentes del 91 y a todas las personas de la diversidad política y social que han tenido cero tolerancia con la violencia y la corrupción, para que nos unamos en la diferencia a fin de ganar definitivamente esta batalla en favor de nortes éticos como la cero tolerancia con la corrupción, la violencia, las desigualdades sociales y la contaminación ambiental, y en contra todas aquellas personas vividoras que, por encima de colores políticos y sociales, siempre están viendo al Estado como su ‘vaquita lechera’.
Quiero terminar la presente reflexión política y democrática diciendo que, así como en mi pasado político y social alguna vez creí que el camino para Colombia era la combinación de todas las formas de lucha; hoy, a manera de autocrítica muy personal, debo manifestar que afortunadamente, desde hace muchos años, abandoné voluntariamente y para siempre dichas veleidades antidemocráticas. En tal sentido, confieso que siempre lucharé como ‘gato patas arriba’ para que mis nortes éticos sean la cero tolerancia con la corrupción y el logro de una Colombia democrática en convivencia pacífica, donde primero sean los seres humanos, empezando por los niños y las niñas.