En Bogotá no podemos aceptar que pedir respeto por el espacio público termine en una agresión. Lo ocurrido en las últimas semanas, donde ciudadanos y gestores han sido atacados por llamarles la atención a personas que hacen sus necesidades fisiológicas en el espacio público —incluso teniendo a pocos metros un baño público dispuesto por el distrito—, revela un problema que no podemos seguir normalizando. Aquí no solo está en juego una norma, está en juego nuestra capacidad de convivir, de respetar al otro y de entender que la libertad individual nunca puede convertirse en una excusa para afectar a los demás.
Los hábitos comportamentales también construyen ciudad. Repetir una conducta no la convierte en correcta. Si durante años hemos tolerado que alguien arroje basura en la calle, estacione donde no debe, invada un andén o utilice un muro como baño, terminamos convirtiendo lo incorrecto en algo cotidiano. Y cuando una conducta se vuelve cotidiana, deja de sorprendernos. Ese es uno de los mayores desafíos de la cultura ciudadana: volver a entender que aquello que hacemos ‘porque todo el mundo lo hace’ también tiene consecuencias sobre los demás. Hoy Bogotá cuenta con una mayor oferta de baños públicos en espacios como bajopuentes, plazoletas y zonas de aprovechamiento. La infraestructura existe; el reto es que el hábito también cambie.
Por eso resulta especialmente preocupante que una orientación sobre el uso adecuado de un baño público pueda terminar en una agresión. ¿En qué momento pedirle a alguien que no orine en la calle se convirtió en una razón para enfrentarse? ¿En qué momento una recomendación sobre convivencia dejó de ser una conversación y pasó a ser una confrontación? El problema no es solamente quien utiliza indebidamente el espacio público. También lo es la reacción de quienes consideran que cualquier llamado de atención es una provocación. Una ciudad tolerante no es una ciudad donde nadie puede decir nada; es una ciudad donde podemos decirnos las cosas sin miedo a ser agredidos.
Y este fenómeno no ocurre únicamente alrededor de los baños o en las calles. También lo vemos en el transporte público. Los gestores de convivencia de TransMilenio tienen entre sus funciones promover la sana convivencia, prevenir conflictos y acompañar acciones para el cumplimiento de las normas. Sin embargo, quienes trabajan en el sistema también enfrentan situaciones de violencia. En los primeros meses de 2026 se reportaron más de 200 agresiones contra guardias antievasión de TransMilenio, incluidos episodios de insultos, golpes y ataques con armas blancas. El mensaje que dejan estos hechos es preocupante: cumplir una función de orientación, prevención o control no puede convertir a un trabajador en blanco de la violencia.
Aquí aparece entonces un concepto del que poco hablamos: la sanción social. No me refiero únicamente a una multa o a una medida de autoridad, sino a la capacidad que tenemos como ciudadanos de reconocer que determinados comportamientos no están bien y expresarlo de manera respetuosa. Durante demasiado tiempo hemos confundido tolerancia con indiferencia. Tolerar no significa permitirlo todo. Podemos comprender las circunstancias de una persona y, al mismo tiempo, señalar que una conducta afecta a los demás. Podemos defender el derecho de alguien a expresarse y también defender el derecho de los demás a caminar por un andén limpio, utilizar un parque o viajar en TransMilenio sin ser agredidos. La sanción social debe servir para recuperar límites de convivencia, no para generar linchamientos ni enfrentamientos.
Bogotá necesita seguir avanzando en infraestructura, pedagogía y acciones de autoridad, pero ninguna de estas herramientas será suficiente si no logramos transformar algunos hábitos cotidianos. Los baños públicos solo cumplen su propósito si los utilizamos y los cuidamos. Los gestores solo pueden ayudar a resolver conflictos si pueden acercarse a la ciudadanía sin convertirse en blanco de agresiones. Y las normas solo funcionan realmente cuando dejan de verse como imposiciones externas y empiezan a entenderse como acuerdos básicos para convivir. El reto de la cultura ciudadana no es conseguir una ciudad donde nadie se equivoque; es construir una ciudad donde, cuando alguien se equivoca, podamos decirlo, escucharlo y corregirlo sin violencia. Porque cuidar el espacio público también significa cuidar a las personas que trabajan todos los días para que ese espacio sea de todos.