21 septiembre 2013

Enviar a un amigo

Email destino:

Nombre remitente:

Email remitente:

¿Y los congresistas?

Por María Jimena DuzánVer más artículos de este autor

OPINIÓNLa falta de interés alienta la tesis de quienes sostienen que hay un pacto entre la corte y la clase política para que no se sepa cuáles políticos saquearon la DNE.

¿Y los congresistas?.

Foto: Guillermo Torres

Con Carlos Albornoz y su combo mafioso tras las rejas, la Fiscalía ha desmantelado una parte importante de esa mafia que se incrustó en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Ahora falta que el país sepa cuáles son los congresistas que participaron en est
e saqueo para que puedan ser castigados y se les vea en la cárcel pagando por sus delitos, en lugar de que los colombianos volvamos a elegirlos en las elecciones del año entrante. 

El problema es que si nos atenemos a la lentitud con que avanzan las investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, la probabilidad de que los volvamos a ver sentados en el Congreso, y no haciéndole compañía a Albornoz y su combo en la cárcel, es bastante alta. 

La investigación en la Corte Suprema está estancada desde hace dos años y medio, cuando Juan Carlos Restrepo, director de estupefacientes, denunció de manera valiente la existencia de esta mafia ante la Fiscalía. En esa denuncia se señaló  a más de ocho funcionarios de la DNE, incluyendo a sus dos últimos directores y a 13 congresistas, la mayoría de ellos perteneciente al Partido Conservador.  

El primer tropiezo grande que sufrió esta investigación fue en la  Fiscalía de Viviane Morales. Bajo su dirección se avanzó muy poco y de no haber sido por el fiscal Montealegre, quien a su llegada decidió revivirlo, es bastante probable que el escándalo de la DNE hubiera seguido ese ritmo agónico que hoy tienen en la Corte Suprema las indagaciones de los congresistas implicados. 

No hay que olvidar que el padre de la fiscal también fue depositario de un bien a través de una fundación y que para sacarlo de la propiedad, cuentan mis fuentes, la DNE tuvo que recurrir a la Policía porque no lo quería devolver. 

Mientras la Fiscalía avanza a pasos agigantados la Corte no solo no avanza, sino que cuando se mueve es para  absolver, como de hecho sucedió con la preclusión que se hizo el año pasado en favor del congresista conservador Eduardo Enríquez Maya. Tampoco resultan ya creíbles las razones que esgrime la Corte para justificar ese estancamiento de las investigaciones, como el de que no tenían un cuerpo de investigadores de Policía Judicial idóneo que les permitiera agilizar las pesquisas. 

Para subsanar esa falta de músculo investigativo, la Fiscalía de Montealegre fortaleció ese flanco y les envió investigadores de Policía Judicial. Pero con todo y los refuerzos, las pesquisas tampoco avanzaron. Y peor aun: no se ve interés en la Corte Suprema para cambiar el ritmo agónico de las indagaciones: tengo entendido que la Fiscalía les ha hecho saber que las personas que están colaborando, como es el caso de Camilo Bula, estarían dispuestas a colaborar con la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hasta el momento en que escribo esta columna, (viernes por la tarde), ninguna de estas personas ha sido requerida por los magistrados. 

A estas alturas ya nadie cree que la incapacidad de llegar a la verdad judicial por parte de la Corte sea de carácter técnico. Y esta falta de interés por indagar, imperdonable en un alto tribunal, alienta la tesis de quienes sostienen que hay un pacto entre la Corte y la clase política para que el país no sepa la verdad sobre cuáles fueron los políticos que saqueron a la DNE. 

Pregunto: ¿Cuántos de los 13 congresistas que están siendo investigados por el escándalo de la DNE van a formar parte del nuevo Congreso? Yo me atrevería a decir que todos. En otro país por simple pudor derivado de la presión de la opinión pública habrían desistido, pero aquí en Colombia ese tipo de reflexiones no se dan ni en el interior de los partidos ni en el seno de la sociedad que vuelve y los elije. 

Que yo sepa, ninguno de los senadores conservadores investigados en el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes ha dicho que se retira.  Ni Hernán Andrade, ni  Myriam Paredes, ni José Darío Salazar, ni Eduardo Enríquez Maya, ni Efraín Cepeda. Tampoco Omar Yepes,  presidente del Partido Conservador, quien al parecer estaría relacionado con el depositario de una finca La Argentina, –el mismo caso que motivó la decisión de sancionar a Albornoz en la Procuraduría–. 

En ese caso, la Justicia encontró que se habrían puesto de acuerdo el depositario y el narco  dueño de la tierra para que los dineros producto de la cosecha de café de la finca llegaran a las manos del narco. Lo mismo sucede con liberales como Álvaro Ashton vinculado presuntamente con otro depositario que acabó con Chinauta Resort. Él forma parte de la lista del renacer liberal al lado de la fiscal Morales, la misma que casi hunde la investigación de la DNE. 

¿Cuándo sabremos la verdad? ¿Será que la Corte nos la dirá algún día?

Otras columnas de este autor

Horóscopo
Semana en Facebook
Publicidad