La oposición radicó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que piden medidas cautelares para que se haga un seguimiento especial a Colombia en relación con las garantáis electorales y la violencia que ha marcado las elecciones de este 2026.
La delegación reclama que se declaren medidas para hacer seguimiento especial al país de cara a la primera vuelta del 31 de mayo y con el antecedente de lo que ocurrió durante la campaña para las legislativas, lapso en el que se registraron intimidaciones a candidatos y congresistas.
El documento fue radicado por los congresistas María Angélica Guerra, Marelen Castillo y José Jaime Uzcátegui y este fue desarrollado, además, por la firma de abogados Víctor Mosquera y la Fundación Derechos y Justicia Asociados, organización que está adscrita a la OEA como miembro de la sociedad civil.
Esos actores y los congresistas opositores advierten sobre la “existencia de una crisis estructural y sistémica que amenaza los elementos esenciales de la democracia representativa y los derechos humanos respecto a los procesos electorales de 2025 y 2026″.
En el informe se le advierte a la CIDH sobre la existencia de lo que describen como un patrón persistente de cooptación territorial por parte de actores armados ilegales, violencia política exponencial, impunidad y campañas de estigmatización que se estaría presentando en el marco de las elecciones de este 2026 y que, aseguran, afecta en mayor medida a miembros de la oposición.
La oposición advierte sobre un contexto de riesgo en el proceso electoral que sucede en un escenario de polarización política y conflictividad armada. Además, alerta sobre el condicionamiento del voto ciudadano en los territorios por el control que ejercen los grupos armados. Sumado a esto, en el reporte afirman que se presenta una vulneración masiva de derechos a la vida e integridad personal de actores electorales de la oposición.
La delegación le dijo a la CIDH que el país está viviendo un entorno de violencia digital en el que se difunden discursos de odio y hay desinformación electoral. Asimismo, afirmaron que hay un contexto de desigualdad en el acceso a los medios públicos.