El Centro Democrático radicó un proyecto de acto legislativo que plantea modificar el mecanismo de revisión de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que impongan sanciones a integrantes de la Fuerza Pública.
⚠️⚠️COMUNICADO DE PRENSA
— Centro Democrático (@CeDemocratico) September 23, 2026
El Centro Democrático presentó proyecto de acto legislativo para poner fin a la incertidumbre de militares y policías frente a las sanciones de la JEP
· El proyecto propone una revisión automática judicial de las sentencias contra miembros de la Fuerza… pic.twitter.com/EI38ze1mlk
La propuesta busca que los militares y policías condenados por la JEP no tengan que promover individualmente una revisión de sus sentencias. El proyecto establece que este trámite se active de manera automática, con el propósito de que las decisiones sean examinadas por otra instancia judicial.
De acuerdo con el documento presentado por el partido, esa revisión estaría en manos del Tribunal Superior Militar y Policial. Este tribunal podría confirmar, modificar o revocar las decisiones adoptadas por la JEP, teniendo como referentes el derecho internacional humanitario, el derecho operacional y las garantías establecidas en la Constitución.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que el resultado de esa revisión no podría empeorar la situación jurídica de quien haya sido sancionado. Es decir, si el tribunal encuentra razones para modificar la decisión, el cambio tendría que favorecer al condenado, bajo el principio de “no reformatio in pejus”.
El proyecto también plantea que este procedimiento permita cerrar de manera definitiva los procesos una vez surtida la revisión, evitando que las sentencias permanezcan durante años sujetas a mecanismos extraordinarios que, según el partido, mantienen a los sancionados en un escenario de incertidumbre jurídica.
La iniciativa pone, además, énfasis en que el juez encargado de revisar las decisiones tenga conocimiento especializado en derecho operacional y capacidad para analizar los casos bajo las reglas del derecho internacional humanitario.
Con esta reforma, el Centro Democrático busca introducir una nueva instancia de control sobre las sanciones de la JEP impuestas a miembros de la Fuerza Pública, bajo el argumento de reforzar las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica.