Los integrantes de las comisiones legales de acreditación documental del Senado y de la Cámara de Representantes revisaron las 270 hojas de vida de los aspirantes inscritos a la convocatoria para la elección del contralor general de la República para el período 2026-2030. El estudio concluyó que solo 240 aspirantes cumplen con los requisitos para continuar en la carrera por el liderazgo del ente de control fiscal.
Entre los admitidos están el exvicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo; el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco; el exministro de Agricultura del gobierno de Iván Duque, Rodolfo Enrique Zea Navarro; y Gustavo García Figueroa, exviceministro del Interior en la administración de Gustavo Petro.
Un total de 26 personas quedaron por fuera de la competencia. El argumento de los congresistas, indistintamente, es que no aportaron la documentación requerida, como el título universitario o la copia de la cédula; además, en algunos casos, no se pudo acreditar la experiencia laboral o la formación académica no guardaba relación con la convocatoria.
Los inadmitidos fueron Omar Darío Lozano Flórez, Andrea Carolina Quevedo Ortiz, Deiby Alexander Tenorio, Johan Sebastián Sanabria Uribe, Luis Felipe Triana Casallas, Leovigildo Hernández Alonso, Carlos Alberto Silvera de la Hoz, Sonia Shirley Bernal Sánchez, Juan Sebastián Valencia Duque, Juan Guillermo Salazar Pineda, Jhon Steven Patiño Ávila, Leonardo Alexander Rodríguez López, José Wilson Elizalde Guerrero, Jairo Alberto Páez Domínguez, Óscar Fernando Reyes Novoa, Mery Luz Londoño García, Libardo Rafael Torres Capella, Luis Mauricio Venail Monroy, Álvaro Hernando Forero Yepes, Juan Diego Flórez González, Roberto Carlos Astorquiza, Alí Bantú Ashanti, Gilberto Mateus Quintero, Romel Ramírez Rodelo, Germán Enrique Nova Caldas y Jairo Hernando Salazar Moreno.
Ellos podrán presentar reclamaciones frente a las decisiones que tomaron los congresistas, y serán los nuevos parlamentarios quienes definan quién será el próximo contralor general de la República. La elección está programada para el 12 de agosto, en una sesión plenaria del Congreso, convocada por las mesas directivas de la Cámara de Representantes y el Senado.