La confianza en las instituciones es hoy una de las principales preocupaciones de los colombianos frente a las elecciones. ¿Cómo sostenerla?
Carlos Hernán Rodríguez: La confianza en las instituciones es uno de los activos fundamentales de la democracia. La desinformación, los fake news en redes sociales, la polarización, la violencia, la beligerancia política y preocupaciones sobre orden público o corrupción son retos que debemos abordar y confrontar de manera directa. Todos en el Estado colombiano, incluyendo el Gobierno nacional, organismos de control, ciudadanía, academia, gremios, medios de comunicación, y comunidad en general, somos corresponsables de cuidar la democracia y las instituciones.
¿Qué se necesita para fortalecerla?
C.H.R.: He propuesto un consenso político y social en defensa de la democracia y del Estado Social de Derecho, basado en el respeto, la pulcritud en el uso del recurso público, el apego a la ley y el trato respetuoso entre las diferentes ramas del poder, la ciudadanía y los actores del espectro político. Los altos mandos del Estado —que ejercemos un servicio temporal— tenemos el deber de liderar con ejemplaridad institucional, coordinar esfuerzos y tomar decisiones firmes frente a hechos de corrupción. Nuestro papel es brindar certezas a la ciudadanía y garantizar que la respuesta del Estado frente a eventuales irregularidades sea rápida, eficaz y contundente.
¿Qué acciones concretas está adelantando la Contraloría?
C.H.R.: Desde la Contraloría reafirmamos que la transparencia, la pulcritud en la gestión pública, los resultados concretos y la comunicación clara y oportuna son elementos esenciales para recuperar y fortalecer esa confianza. Desde el control fiscal entendemos que la democracia no se protege únicamente el día de las elecciones; se protege antes, garantizando que los recursos públicos destinados a este fin se utilicen correctamente; se protege durante, velando por la adecuada infraestructura y logística; y se protege después, auditando cada peso público invertido.
La articulación con la Procuraduría y la Registraduría ha sido clave. ¿Qué ha significado este trabajo conjunto?
C.H.R.: El trabajo conjunto ha permitido potenciar la eficacia del control al combinar funciones complementarias dentro de un mismo esquema de actuación institucional. En el plano político e institucional, ha materializado el principio de colaboración armónica, enviando un mensaje claro a la ciudadanía: la protección del proceso electoral no es una responsabilidad fragmentada, sino un compromiso compartido entre las entidades del Estado. Para la Contraloría, esta articulación también refuerza su papel como garante del uso adecuado de los recursos públicos en escenarios de alta sensibilidad institucional.
Más allá del proceso democrático, el país enfrenta retos fiscales importantes. ¿Qué debería hacer el próximo Gobierno para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas?
C.H.R.: De cara al futuro, debe orientar su política hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas, fortaleciendo los ingresos corrientes —especialmente a través de un mayor recaudo— y combinándolo con una gestión eficiente del gasto público. Esto exige un entorno macroeconómico que favorezca el crecimiento y un plan fiscal integral.
¿Cómo cree que se podría ajustar el presupuesto de los próximos años, sin afectar la inversión o los programas que benefician a las personas más vulnerables?
C.H.R.: Es importante tener en cuenta que el Presupuesto General de la Nación presenta actualmente un alto grado de inflexibilidad, pues cerca del 92 por ciento del gasto, según el Ministerio de Hacienda, corresponde a partidas rígidas que son difíciles de reducir. En consecuencia, el margen de maniobra en el corto plazo es limitado, lo que exige a las futuras autoridades fiscales realizar una revisión rigurosa y detallada de los gastos de funcionamiento e inversión, con el fin de eliminar aquellos que no sean indispensables ni prioritarios para el Estado.