Una nueva polémica se abrió en las últimas horas en el país, luego de que se conociera la denuncia de un sindicato de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sobre la asignación de un esquema de seguridad para el ciudadano Franklin Humberto Coral, más conocido como Beto Coral, quien llegó en los últimos días deportado de Estados Unidos.
“Como se pronosticó, a Beto Coral este gobierno le acaba de asignar un esquema de seguridad de la UNP Colombia, con camioneta blindada y escoltas pagados por los colombianos que trabajan”, señaló Analtraseg, el sindicato que agrupa a los escoltas en el país.
Desde esa organización se aseguró que el esquema de protección con el que contará el activista político, quien llegó la semana pasada deportado de Estados Unidos, se estableció sin realizar un estudio de seguridad, crítica a la que se han sumado diferentes reacciones, entre ellas la del representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño.
“¿Por qué razón el gobierno Petro le asignó en cuestión de horas un esquema de seguridad de la UNP a Beto Coral? ¿Dónde está el estudio de riesgo?”, se preguntó el representante electo del Centro Democrático.
“La única manera de haberle asignado protección es a través de un trámite de emergencia ejercido por la Dirección de la Unidad Nacional de Protección, porque este señor no tiene un estudio de seguridad ni un análisis de riesgo realizado, ya que habría sido imposible hacerlo en tan poco tiempo”, señalaron desde el sindicato de la entidad.
El directivo sindical Wilson Javier Devia, del sindicato de trabajadores de la Unidad Nacional de Protección y de las uniones temporales, también se pronunció sobre la denuncia relacionada con el esquema de seguridad para Beto Coral y lo calificó como un “favor político”.
Devia manifestó que “la facultad discrecional que se le otorga al director de la UNP para adoptar medidas de protección mediante un trámite de emergencia a personas que no son población objeto de la UNP debe estar fundamentada en situaciones de riesgo inminente y en la extrema necesidad derivada de una amenaza demostrada, situación que no ha ocurrido”.
Frente a esto, aseguró que, en su calidad de sindicalista de la UNP y con formación como analista de riesgo y más de 25 años de experiencia en seguridad, “no se trata de un tema de riesgo, es un favor político”.
Desde el sindicato @utunp_nacional realizamos PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO frente a denuncia realizada por @analtraseg en la asignación por parte de la @UNPColombia de medidas de protección (ESQUEMA ROBUSTO - vehículos blindados y escoltas) al Ciudadano Colombiano Franklin Humberto… pic.twitter.com/Ve37BgJE5Y
— wilson javier devia (@wilsond1980) July 19, 2026
“Mientras muchos líderes sociales son asesinados o están amenazados en Colombia y Augusto Rodríguez no les asigna medidas de protección, a Beto Coral le consiguieron carros blindados y escoltas en tres días. Descarados”, señaló.
Sin embargo, es claro que el Director General de la Unidad Nacional de Protección, de acuerdo con el Decreto 1066 de 2015, puede actuar con celeridad para proteger la vida de las personas y otorgar medidas de protección de emergencia de manera inmediata cuando existe riesgo grave.
Conforme con los estándares de la Corte Constitucional, la Dirección de Evaluación del Riesgo no participa en la decisión inicial, porque su rol es técnico y posterior para realizarla evaluación integral de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.