Un traspiés podría sufrir en el Congreso el mensaje de “insistencia” que radicó el Gobierno nacional en el Legislativo sobre el proyecto de la jurisdicción agraria que estaría en la cuerda floja.
La razón obedece a un “error” que cometió el Gobierno, ya que radicó la solicitud ante las comisiones quintas de Senado y Cámara, cuando la iniciativa se presentó en un principio en las comisiones primeras de ambas corporaciones, situación que puede llevar a que desde el Congreso se responda mediante oficio al gobierno del presidente Gustavo Petro, que no se tiene claridad sobre a dónde debe ir el mensaje de “insistencia”, con el fin de destrabar la jurisdicción agraria.
Este panorama traería consigo que el proyecto se pueda demorar más tiempo en el Legislativo, mientras se subsana ese “error”.
En el documento, el Gobierno expresó: “El objeto de esta iniciativa es determinar la competencia y el funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural, establecer el procedimiento especial agrario y rural, los principios que rigen las actuaciones judiciales y los mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia agraria y rural, conforme a los artículos 116 modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo n.° 3 de 2002 y 238A de la Constitución Política de Colombia”.
Y agrega: “El proyecto garantizará el mandato constitucional que otorga al Estado la facultad de crear jurisdicciones especiales con competencia en conflictos rurales, garantizando un acceso oportuno, especializado y territorializado a la justicia. La Jurisdicción Agraria y Rural permitirá contar con jueces y magistrados especializados que comprendan la naturaleza jurídica, económica y social de los conflictos rurales”.
“Su implementación garantizará que las controversias sobre propiedad, uso y aprovechamiento de la tierra sean resueltas con criterios técnicos y principios de justicia social, tal como lo ordenan los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución. Esta jurisdicción, además, reconocerá los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación y la mediación comunitaria, fundamentales para fortalecer la cultura de paz y convivencia en el campo colombiano”, insistió el Gobierno en el documento que presentó en el Congreso.
Sumado a ello, señala: “La creación de esta jurisdicción contribuye a la efectividad de la función jurisdiccional del Estado prevista en el artículo 116 y, al cumplimiento del nuevo artículo 238A de la Constitución, adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo 3 de 2023 que habilita la creación de órganos judiciales especializados para resolver conflictos de naturaleza agraria. De esta manera, el proyecto de ley constituye una herramienta para la modernización de la justicia y la democratización del acceso judicial en el territorio nacional”.
Y destaca la necesidad de que el proyecto no se hunda: “Por las razones expuestas, el Gobierno nacional insiste en la urgencia del trámite del proyecto de ley n.° 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado. ‘Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones’, en los términos del artículo 163 de la Constitución y el artículo 191 de la Ley 5ª de 1992, para que tenga prelación en el orden del día, excluyendo la consideración de cualquier otro asunto hasta tanto las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes decidan sobre este”.
Finalmente, se espera la respuesta oficial se conozca al interior del Congreso, frente al mensaje que radicó el Gobierno de “insistencia” sobre la jurisdicción agraria, una de las iniciativas que ha impulsado la administración de Gustavo Petro.