“Fundamental fortalecer los procesos de vigilancia”: Transparencia por Colombia alerta sobre financiación en elecciones regionales

La Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas, conformada por Transparencia por Colombia, Corporación Región, Foro Costa Atlántica, Fundación Cívico Social Pro Cartagena, Corporación Cívica cie Caldas, Corporación VIGÍA Cívica, Corporación Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá, Transparencia por Santander y Unidad de Acción Vallecaucana, presentó cinco conclusiones sobre las elecciones de 2022.

Se trata de un informe sobre el financiamiento de campañas políticas en las elecciones legislativas y presidenciales. En total, según información del aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, se reportaron ingresos de más de $351 mil millones de pesos y gastos por encima de $366 mil millones de pesos.

Entre las conclusiones, la primera es que existe una alta dependencia de recursos privados para la financiación de campañas políticas. Si bien es legal, la alianza asegura que sería deseable un mejor balance entre financiamiento público y privado con el fin de que la contienda sea más equitativa.

Segundo, destacan que el financiamiento público en el desarrollo de la campaña es “prácticamente nulo”. La organización expone que existen “barreras” para acceder a anticipos, como adquisición de pólizas por parte de colectividades y la apertura de una cuenta bancaria única.

En cuarto lugar, informan que “hay un riesgo de opacidad en la información de ingresos y gastos de campañas”.

La Resolución 8586 de 2021 del Consejo Nacional Electoral hizo obligatorio el reporte de operaciones contables de campaña después de una semana de realizarlas, pero las campañas no cumplieron del todo con la norma. Según la alianza, a tres días de las elecciones legislativas, menos de la mitad de las candidaturas habían hecho algún reporte a Cuentas Claras.

La quinta conclusión es que el mayor gasto de campaña sigue siendo la propaganda electoral, incluyendo publicidad en redes sociales. Estas actividades representaron en 45 % del gasto de las campañas al Congreso, el 61,3 % del gasto de la primera vuelta presidencial y el 65,1 % de la segunda vuelta.

Por otro lado, la propaganda en redes sociales representó un 19 % del gasto para Senado y el 31,3 % para Cámara de Representantes. En las presidenciales, representó un 24,7 % en primera vuelta y un 40 % en segunda.

Las preocupaciones de cara a las elecciones de octubre

Frente a este panorama, la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas compartió alertas sobre las elecciones regionales de 2023. La primera es el evidente incremento de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos con derecho a participar.

“Implica que el número candidaturas podría crecer ampliamente, por lo cual el control a la financiación de estas elecciones será mucho más desafiante que en elecciones pasadas. En este contexto, se hace un llamado a que las organizaciones políticas apoyen a sus candidatos y candidatas en comprender e implementar todas las obligaciones asociadas a la administración y rendición de cuentas de ingresos y gastos de campañas”, se lee en el informe.

De esa misma forma, la demanda por dichas fuentes de financiación aumentaría, por lo cual hacen un llamado a la autoridad electoral para que revise las barreras que impiden el acceso al financiamiento público. De la misma forma, invitan al sector privado a ampliar el acceso a financiamiento a mujeres, jóvenes y nuevos liderazgos.

Finalmente, resaltan que las miles de personas que recibirán avales para las próximas elecciones deberán ser conscientes de su deber de rendir cuentas sobre los ingresos y gastos de las campañas, incluso si no resultan elegidas.

“Es imprescindible conocer cómo se financian las campañas, pues esto fortalece la calidad de la democracia, aclara la relación entre dinero y política, y disminuye los riesgos de captura del Estado. Para las elecciones de 2023 resulta fundamental fortalecer los procesos de vigilancia a la financiación electoral, instamos al Consejo Nacional Electoral a continuar el fortalecimiento de Cuentas Claras, mejorar el acceso a la financiación pública e incorporar mecanismos de control a los aportes privados a las campañas”, manifestó Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.