El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Salud, dio vía libre a la hidrólisis alcalina, un método para la disposición final de cuerpos que se utiliza en más de 20 países.
La Resolución 717 de 2026 generó sorpresa porque en el Congreso se hundió un proyecto de ley que buscaba darles vida a esas tecnologías, debido a reparos técnicos planteados durante la discusión. Sin embargo, el asunto ya es una realidad en Colombia y las partes están divididas.
Agustín Cuartas, experto en derecho funerario y quien lidera nuevamente un proyecto de ley en el Congreso en esta materia, aseveró que la discusión pasó a ser un tema de intereses económicos porque, según él, existe un “oligopolio” que se opone a que esta tecnología ingrese al país por los costos, que son menores frente a la cremación y la inhumación.
Según el abogado, hay ocho parques cementerios que se oponen al nuevo proceso, pues la hidrólisis no quedaría exclusivamente en sus manos y otras empresas podrían hacer uso de la nueva técnica.
“Es decir, si la tecnología se incorporara en Colombia tal y como a día de hoy está la cremación, con un oligopolio que solo les permitiera a ellos prestarla, no tendrían ningún inconveniente”, dijo. Además, negó que, como se ha dicho desde algunos sectores, la hidrólisis o acuamación vaya a entorpecer procesos judiciales por supuesta desaparición del ADN.
“Se mantiene esa prohibición porque la norma aclara que este tipo de procesos, al igual que los de cremación, no se podrán ejecutar cuando existan cuerpos no identificados, identificados y no reclamados, o en procesos judiciales. De manera que eso, de entrada, debería generar una tranquilidad análoga a la que existe con la cremación”, reiteró el abogado.
No obstante, desde la Cámara Exequial de Colombia insisten en varias preocupaciones por la llegada de esta tecnología y creen que debió existir una mesa en la que todas las partes hicieran aportes para su implementación. Catalina Páez, vocera del gremio, aseguró que la resolución abre la puerta a problemas ambientales que atentarán contra la dignidad humana.
“Es un tema incluso de seguridad nacional, porque es un procedimiento que no está bien aplicado y regulado, por lo que podría ser usado de mala manera. Podrían desaparecer cuerpos si grupos al margen de la ley usan estos equipos”.
Otra polémica entre las partes es por el consumo de agua. Páez declaró que esa tecnología usará “grandes cantidades del líquido” para adelantar el proceso y que los residuos podrían ocasionar problemas ambientales por la contaminación. El abogado Cuartas sostuvo que esas afirmaciones no son ciertas, que el límite en cada proceso es de 500 litros y que el 90 por ciento es reutilizable.
“Este efluente que queda luego de terminado el proceso de hidrólisis pasa obligatoriamente por un sistema de tratamiento de aguas residuales con el fin de cumplir unos parámetros físico-químicos de calidad del agua”. Páez consideró que aún hay muchos vacíos que una resolución no puede resolver y que la disposición final de cuerpos no es un asunto sencillo.
“Ese marco debe construirse entre todos. Hay que evaluar si la hidrólisis es conveniente para Colombia, porque su implementación es muy compleja. Debemos trabajar de manera conjunta para que sea benéfica para el país, teniendo en cuenta que aquí hay intereses”.
La resolución amplía el alcance de la regulación sanitaria al determinar que la gestión de cadáveres deja de ser exclusivamente una actividad privada y pasa a estar bajo supervisión del Estado. El nuevo esquema involucra a entidades como EPS, IPS, secretarías de Salud, autoridades judiciales, cementerios, bancos de tejidos y empresas de servicios funerarios.
El procedimiento consiste en ingresar el cadáver a un contenedor de acero inoxidable con una solución alcalina que contiene 95 por ciento de agua y 5 por ciento de hidróxido de potasio o sodio.
Seguidamente, se le aplican altas temperaturas y presión para descomponer el cuerpo humano, dejando como resultado solo los restos óseos, que luego se entregan como cenizas, igual que en la cremación tradicional.
A diferencia de la cremación, la acuamación “no produce emisiones tóxicas”, según sus defensores. La polémica continúa y será nuevamente el Congreso de la República el que tenga la última palabra en el proyecto de ley que se está tramitando para reglamentar este tema.