Bruce Mac Master, quien era hasta hace algunas horas presidente de la Andi, no tuvo la mejor relación con el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Desde el inicio de la administración, existía una tensión entre ambos actores; uno, el Gobierno que llegaba con varios cambios y garantías a empresarios y otro, el gremio empresarial más grande del país.
Durante las últimas semanas, la presión sobre Mac Master, por la continuidad de su presidencia en la Andi aumentaba cada vez más, pues muchos de los agremiados no se sentían cómodos perteneciendo a este grupo, que estaba en tensiones con el Gobierno, en medio de un escenario altamente preocupante tras los efectos del pasado Gobierno de izquierda en las empresas y una necesidad de recuperarse.
La salida de Coca Cola Femsa del gremio, además de la salida de Incauca y otras grandes compañías, dejó ver la molestia dentro del grupo. Sin embargo, esta no es la única pelea que se ha desatado con los gremios o las tensiones que han existido con el gobierno.
En el pasado también se dio un episodio de tensiones con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en la que fue nombrada por apenas unas horas Carolina Soto, una economista reconocida, ex codirectora del Banco de la República, exviceministra de Hacienda, y otros cargos de alto nivel. A muchos de los agremiados no les gustó el relacionamiento que podría tener con el Gobierno, dada su relación estrecha con el exministro de Educación de Petro, Alejandro Gaviria, quien es su esposo.
Tras esta situación, muchos se preguntan por las afectaciones de estas tensiones con la autonomía que tienen los gremios en el país. William Hernández, director de la maestría en Derecho de la Empresa y de los negocios de la Facultad de Estudios Jurídicos, políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, se refirió a esta situación.
Respecto a la afectación en la libertad de asociación o al derecho de participación de los particulares en la formulación de políticas públicas, este aseguró que no cree que la renuncia permita hablar de una vulneración de la libertad de asociación.
“El Gobierno tiene todo el derecho de decidir con quién se reúne y quiénes son sus interlocutores. El problema jurídico aparecería si esa decisión deja de ser simplemente una definición de interlocución y se convierte en una forma de incidir sobre quién debe dirigir un gremio privado. La ANDI tiene autonomía para escoger sus representantes y el Estado debe respetarla. En materia de participación ocurre algo parecido: los gremios tienen un papel importante en la discusión de las políticas públicas, pero eso no significa que el Gobierno esté obligado a recibir a un determinado dirigente”, precisó.