Colombia posee una larga y dolorosa lista de desastres naturales que han costado la vida de miles de personas, quienes mayoritariamente estaban en zonas de riesgo geológico, como los habitantes de Armero o los damnificados de inundaciones y avalanchas. Los terremotos, por el contrario, afectan a las poblaciones de forma transversal.
Esa característica de los movimientos telúricos, en especial el del pasado 10 de agosto, hace que entre las víctimas no solo estén los más necesitados, sino que también haya afectados de estratos medios y altos, que por su nivel de ingresos no son sujetos de las políticas de subsidios del Gobierno.
En Cali, por ejemplo, buena parte de los barrios más golpeados están en sectores de estratos 4 y 5. En Manizales aparecen barrios de 4, 5 y 6, además del centro, de 3 y 4. Y en Pereira el daño fue mucho más transversal, desde sectores de estratos 2 y 3 hasta zonas de estrato 6.
Esta situación, que deja 163.492 viviendas averiadas, 31.461 destruidas y 302 edificios colapsados en 472 municipios, según cifras de la UNGRD con corte al 20 de agosto, ha puesto sobre la mesa el costo de la reconstrucción y de las ayudas que requerirán las familias afectadas mientras encuentran una nueva vivienda o un espacio para reabrir sus negocios.
La respuesta usual mientras se recogen los escombros y comienzan las obras son auxilios de arriendo y luego los subsidios de vivienda. El asunto es que estas figuras usualmente han estado destinadas a la población más vulnerable, que no cuenta con seguros, trabaja en la informalidad y, por ende, no tiene cesantías ni pensiones por incapacidad o supervivencia, herramientas muy útiles en estas circunstancias.
Desde la Casa de Nariño ya anunciaron subsidios de arriendo para las familias damnificadas, así como alivios para el pago de servicios públicos, pero advirtieron que la prioridad de las ayudas será para hogares de estratos 1, 2 y 3 y las viviendas de interés social (VIS). No obstante, aseguraron que las familias de otros estratos también serán atendidas.
El quid del asunto es cómo ayudar a ese grupo poblacional que, sin ser vulnerable, quedó emocional y económicamente muy golpeado.
Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, señaló que una emergencia no puede manejarse con los mismos criterios de focalización de la política social ordinaria. “Luego de la fase inicial de remoción de escombros, búsqueda y rescate de las víctimas, la siguiente tarea, que ya debe estar avanzando en paralelo, es la realización de un censo detallado de damnificados y de daños que permita focalizar adecuadamente la respuesta del Estado”, sostuvo.
Precisamente, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que en lo que resta de agosto y septiembre la meta de su cartera es culminar la primera fase de atención inicial e inmediata de la emergencia, denominada de primeros auxilios, en la que trabajarán con las herramientas recibidas a través de donaciones, con el fin de entregarlas a quienes no sufrieron mayores daños “para que ellos hagan autoconstrucción o mejoren sus viviendas”.
La segunda fase será entre octubre de 2026 y marzo de 2027, con énfasis en mejoramientos de vivienda, arriendos y los primeros subsidios, que serán para inmuebles ya construidos. “Entretanto, la tercera fase, que tomará entre dos y cuatro años, contempla la etapa de reconstrucción”, explicó Beltrán.
Un censo fundamental
Mejía subrayó que la clave es realizar un censo para identificar a todos los hogares afectados y determinar el tipo de apoyo que requiere cada uno, naturalmente con algún criterio de progresividad, de manera que las ayudas sean mayores para los hogares más pobres y vulnerables.
Una forma de hacerlo consistiría en dar un mismo subsidio para todos, de tal forma que, como proporción del valor de la vivienda, sea más alto para los estratos más bajos.
Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, explicó que la política social está enfocada en los colombianos que están en el Sisbén y en particular en los más pobres, quienes reciben subsidios monetarios del Gobierno, los entes territoriales y las cajas de compensación.
Los que tienen mayores ingresos podrían beneficiarse de los subsidios temporales de arrendamiento, dado que cobijan a cualquiera que no pueda habitar su casa. Pero principalmente los alivios vendrían del sector privado, ya que se han anunciado congelamiento de créditos hipotecarios, reducciones de tasas de interés o ampliación de plazo para el pago. Además, todos los deudores hipotecarios cuentan con un seguro de vivienda, que responde por el valor comercial del inmueble si hay una pérdida total y también por las pérdidas parciales. “Aquí el reto es que las aseguradoras respondan ágilmente”, puntualizó.
Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo especializado en temas sociales, también es de los que piensa que la ayuda ante un desastre responde a una lógica distinta a la de la asistencia social ordinaria, pues el objetivo no es atender pobreza crónica, sino un choque que lleva a la pérdida súbita de activos de miles de familias.
“La propia Ley 1523 de 2012 define al damnificado por el daño sufrido (a su salud, a sus bienes privados o a la estructura de soporte de sus rentas) y no por su ingreso previo, y el instrumento de focalización pertinente es el Registro Único de Damnificados, no el Sisbén”, enfatizó.
Para Núñez, el error estaría en evaluar a los hogares por estratos sociales, que son un atributo del inmueble diseñado para los subsidios cruzados de servicios públicos, y no por su capacidad para reponer su patrimonio.
“El punto de fondo es que una familia de estrato 4 perdió su apartamento/casa o perdió, en muchos casos, la totalidad de su riqueza acumulada, y con frecuencia sigue debiendo la hipoteca. Sin apoyo, ese hogar no enfrenta una dificultad transitoria: transita de manera permanente hacia la pobreza. Es una situación, si se quiere, peor”, lamentó el experto.
Algunos damnificados de Cali, de los barrios Nueva Tequendama y Cuarto de Legua-Guadalupe, que son estrato 5, han manifestado que han podido resolver la falta de techo con familiares y amigos e incluso en fincas de su propiedad y, aunque agradecen que les aplacen el pago de impuesto de renta, cuyos vencimientos se iniciaron dos días después del terremoto, sostienen que eso no es un verdadero alivio. Muchos de ellos están en proceso de reclamación con las aseguradoras y quienes no tuvieron pérdidas totales se alistan para dar la batalla sobre la magnitud de los daños, pues, si no son estructurales, se reduce la indemnización.
Camacol y otros gremios de la construcción convocaron profesionales voluntarios para apoyar la evaluación de edificaciones y el diagnóstico de daños durante las etapas de atención y recuperación, y ya van más de 4.400 inscritos.
Mientras termina de establecerse la magnitud de la tragedia, también es importante dimensionar el impacto sobre los damnificados que no perdieron a un ser querido, pero sí quedaron sin su principal patrimonio: una vivienda o un negocio que, en todos los estratos, fue conseguido con años de ahorro y esfuerzo.
Cinco acciones prioritarias
Camacol, el gremio de los constructores, le propuso al Gobierno cinco acciones para estructurar una hoja de ruta nacional de reconstrucción habitacional tras el terremoto. La primera consiste en unificar la información sobre hogares y edificaciones afectadas para definir qué viviendas se reparan, reconstruyen o reubican. La segunda, crear un régimen especial de atención. La tercera, establecer una gerencia con responsabilidades claras. La cuarta, organizar la reconstrucción por territorios. Y la quinta, definir desde el inicio las modalidades y fuentes de financiación, con recursos públicos, seguros, cajas de compensación, crédito y aportes de los hogares.