Mientras la ciudadanía sigue esperando más herramientas para combatir la inseguridad en el país, la Policía se ve envuelta en un nuevo escándalo de presunta corrupción, relacionado con una millonaria compra para adquirir drones.
La Procuraduría General de la Nación fue la encargada de confirmar la apertura de una investigación disciplinaria contra tres oficiales y dos suboficiales de la Policía Nacional que habrían tenido participación en el millonaro negocio que terminó metido en un proceso disciplinario.
Esas investigaciones disciplinarias se desplegaran contra el coronel (R) Didier Alberto Estrada, la capitán Alhejandra Sepúlveda Figueroa, al intendente Ismael de Aguas Boea y el mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quien harían parte del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (Forpo) y del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA).
La Procuraduría detalló en su decisión que los uniformados implicados terminaron salpicados en este nuevo escándalo por la orden que habrían ejercido como director genetal del Fondo Rotatorio de la Policía y coordinadora del CIPPA, quienes tenían la función de verificar la información y supervisar el contrato para la época de los hechos.
La Policía Nacional, por medio de la Dijín, lanzó una plataforma digital para agendar revisiones técnicas de vehículos. La herramienta busca reducir los fraudes en la compraventa de carros usados. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/A5B6qirpV0
— Revista Semana (@RevistaSemana) June 29, 2026
Sin embargo, esas funciones, al parecer, no se cumplieron a cabalidad y habrían terminado validando el millonario negocio para comprar drones con posibles falencias en la selección del contratista y en la vigilancia del contrato.
La Procuraduría detalló en su decisión que este proceso “busca establecer si se habrían presentado posibles deficiencias en la formulación de los factores de selección del contratista y una deficiente vigilancia y control del contrato que pudieron incidir en un posible incumplimiento contractual”.
La @PGN_COL abrió investigación disciplinaria contra funcionarios del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y del CIPPA por presuntas irregularidades en las etapas precontractual y de ejecución de un contrato para la adquisición de drones destinados a la Policía Nacional.… pic.twitter.com/fcmckPaFd3
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) July 8, 2026
El millonario negocio avaluado por más de $3.700 millones de pesos tenía como objetivo adquirir una serie de sistemas aéreos remotamente tripulados SUART para la Policía Nacional, mejor conocidos como drones, pero el negocio que pretendía fortalecer las herramientas para combatir la inseguridad, terminó en un proceso disciplinario ante la Procuraduría.
En los próximos días la Procuraduría tomará nuevas decisiones en este caso que avanza contra tres oficiales y un suboficial de la Policía que estarían vinculados con la etapa contractual y de ejecución de un contrato celebrado en el año 2022 para la adquisición de dichos drones.