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"La oposición podría ahogar el acuerdo de paz": Crisis Group

Para la organización internacional algunos puntos podrían estar "condenados al fracaso" si los esfuerzos para implementar lo pactado no superan los obstáculos antes de entrar en el calor de la campaña electoral.

31 de enero de 2017

Las discusiones sobre el acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y las FARC en La Habana prometen volver a tomarse los debates políticos, los programas de opinión y la intimidad de los hogares colombianos este año.

El país literalmente dividido en dos es un escenario que se repetirá. "La paz con las guerrillas será de nuevo punto de polarización entre los partidos políticos y los candidatos a las elecciones presidenciales", según el panorama que vaticinó el Internacional Crisis Group este martes.

En su más reciente informe, En la sombra del No: La paz después del plebiscito en Colombia, el organismo hace un llamado para que este sea el año de mostrar resultados "rápidos y sustanciales" en la implementación del acuerdo que firmaron en el Teatro Colón el Gobierno y las FARC.

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Las fotografías de los miembros de esa guerrilla saliendo de todos los rincones del país rumbo a las 19 zonas veredales y siete puntos campamentarios con ciclas, neveras y costales a mano mostró la sed que tiene el país de empezar a ver resultados concretos de cuatro años de diálogo. "Es necesario un inicio ágil y efectivo del proceso de implementación del acuerdo para revertir la resistencia política y controlar la ansiedad pública", advierte el informe.

El déficit financiero, los retrasos administrativos y los equilibrios de poder en miras a las elecciones del 2018 son algunas de las problemáticas que amenazan con ahogar la implementación.

"La oposición podría ahogar financieramente instituciones, programas o políticas propias del acuerdo si llega al poder", dice el informe. De ahí la recomendación que hace el organismo internacional al Gobierno para que no sólo cumpla el cronograma pactado, sino también para que deje una puerta abierta a escenarios de diálogo con la oposición.

A su juicio, el país debe abonar el camino para rescatar el acuerdo de paz de otra frenética batalla política como la que se vivió en el 2014. El camino que es el de "reforzar el apoyo popular y político" a través de una "implementación exitosa". Es decir, mostrar resultados concretos en cuanto al desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos, transparencia en la dejación de armas y "arrepentimiento por los crímenes".

Partiendo de las elecciones presidenciales del 2018 y la posición que han tomado quienes se perfilan como candidatos en campaña, la organización advierte que es necesario que se consoliden grandes avances para que el costo político de no seguir con el trayecto trazado por el acuerdo sea alto.

"Peligra la implementación plena", se lee en una de las 40 páginas del informe. ¿La razón? Con el expresidente Álvaro Uribe y otros líderes de la oposición presentándose "en contra del acuerdo y como los salvadores de la democracia, y con el vicepresidente Germán Vargas Lleras dentro de la contienda, la probabilidad de que gane un candidato opuesto es alta". Más cuando el hoy senador por el Centro Democrático "goza de una especie de culto a la personalidad".

Pero todo está por definirse y una de las recomendaciones que hace Crisis Group a los candidatos que están con el acuerdo es encontrar el punto medio en el que "apoyen lo que se pactó y se distancien del presidente Juan Manuel Santos", que aunque logró sacar adelante el tránsito de las FARC a la vida civil, sufre de un nivel de impopularidad que se acentuó con la reforma tributaria y que les podría hacer mucho daño.

En todo esto, la comunidad internacional seguirá caminando de la mano con el gobierno nacional. Sin embargo, le hace un llamado a dos vías. La primera, para que se abstenga de pedir el reinicio de la fumigación aérea de cultivos ilícitos y así de una oportunidad para que el acuerdo sobre sustitución tenga efectos y empiece a mostrar resultados como ocurrió este lunes en Caño Indio, Norte de Santander.

La marcada presencia de cultivos ilícitos tenía embolatada la ubicación de una de las zonas veredales hasta este lunes, cuando varias comunidades del Catatumbo firmaron una acuerdo para unirse al programa de sustitución voluntario que tiene como meta 50.000 hectáreas durante el primer año en más de 40 municipios del país. 

Pese a que advierte que es poco probable que la implementación del acuerdo lleve a una disminución significativa de los cultivos de coca este año, es necesario un margen de tiempo "para dar resultados y podrán ser cercenados si el apoyo flaquea".

Por otra parte, el creciente número de asesinatos de líderes sociales y campesinos es una problemática que empieza a ser vista con  preocupación. "Sólo un compromiso decidido del Estado para prevenir guerras por el control de economías ilícitas y para proteger a civiles y excombatientes podrá darle a la paz un efecto tangible en el ámbito local", advierte el informe. 

Es necesario, según dice, que se denuncie rigurosamente lo que está pasando y se exijan avances en la justicia para cada uno de los casos. En ese sentido, la comunidad internacional debería ponerse al frente de la causa que no puede volver a dejar el número de 90 líderes sociales y más de 230 amenazados que se registró en el 2016.