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| Foto: Archivo particular

INVESTIGACIÓN

El llamado a juicio a los alfiles de Odebrecht

SEMANA conoció el escrito de acusación contra Federico Gaviria, Eduardo Zambrano, Gabriel Dumar y Gustavo Torres, cuatro de los principales protagonistas de los sobornos de la constructora en Colombia. El documento les cierra el cerco a otros mencionados en el escándalo.

11 de enero de 2018

La segunda fase de las investigaciones de Obdebrecht, relacionada con la adición Ocaña-Gamarra, entró en su recta final. La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra cuatro de los principales involucrados en esta adición por la que -dice el ente investigador- se pagaron “gruesas sumas” de dinero a funcionarios públicos. 

Para la Fiscalía, los empresarios brasileños Eder Paolo Ferracuti, Mario Marangoni y Amilton Hideaki Sendai se concertaron con Federico Gaviria y Eduardo Zambrano, para asegurar esta adjudicación que costó 1.2 billones de pesos.   

Federico Gaviria, catalogado como uno de los alfiles de la firma brasileña en Colombia, será llevado a juicio como el responsable de realizar estos acercamientos directos e indirectos con funcionarios públicos, a fin que intercedieran en los aspectos contractuales de esta adición a cambio pagos millonarios. Así también, a juicio del ente investigador, lograron hacerle el quite “a la licitación pública y se logró el mejoramiento de las condiciones contractuales para la Concesionaria Ruta del Sol”.

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Esta es una de las conclusiones más llamativas del llamado a juicio, que además pone en aprietos a otras personas mencionadas dentro de este escándalo. Es el caso del exsenador Plinio Olano y el ex viceministro Miguel Peñaloza, sobre quienes la Fiscalía asegura recibieron pagos por parte de Odebrecht para asegurar la adición del contrato. El caso de Olano es de competencia de la Corte Suprema de Justicia, que abrió investigación preliminar. 

La Fiscalía establece que Gaviria contactó a Otto Bula, quien está negociando con la justicia, para buscar apoyos parlamentarios a los intereses de la firma extranjera en Colombia. El trabajo de Bula era mejorar las condiciones contractuales en favor de Odberecht, y para ello buscó apoyo en el senador Bernardo Miguel Elías, quien -dice la Fiscalía- a cambio de una fuerte suma de dinero accedió a incidir directamente ante el presidente de la ANI. En este sentido, la Fiscalía afirma que el parlamentario de La U actuó con el apoyo de otros congresistas que hacían parte de las comisiones de presupuesto.

En el caso de Gaviria, la Fiscalía también lo acusa por ejercer a través de Bernardo Miguel Elías influencias para asegurar que el asesor de la ANI Juan Sebastian Correa estuviera presto a brindar información e intercediera para favorecer los intereses de la concesionaria. 

El caso del exsenador Elías Vidal avanza en la Corte Suprema de Justicia. En diciembre, desde la cárcel La Picota, el exsenador tocó las puertas de este tribunal para aceptar los cargos de cohecho y tráfico de influencias. Queda entonces pendiente de definirse el futuro de su proceso por lavado de activos y concierto para delinquir.  

Para dar apariencia de legalidad a los dineros que terminaron en manos de funcionarios públicos, se estructuró un complejo proceso para lograr blanquear o lavar dichos recursos. Es así como entra a jugar un rol importante Eduardo Zambrano, socio de las compañías Consultores Unidos Colombia y Consultores Unidos Panamá. Según la Fiscalía, los representantes legales de la firma brasileña venían concertaron la realización de una serie de contratos simulados o ficticios para facilitar el pago de dineros, que no podían ser entregados de manera directa por funcionarios públicos.   

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Por lo elevado de los montos, se lee en el escrito, se tuvo la necesidad de buscar a otros empresarios. Es así como Federico Gaviria busca a Gustavo Adolfo Torres Forero, socio fundador de la empresa Profesionales de Bolsa, con el objeto de realizar un presunto contrato de banca de inversión con la Concesionaria Ruta del Sol. Según la investigación, este contrato fue completamente simulado en el entendido que nunca se ejecutó ninguno de los objetos del contrato, pero sí se recibió el pago total del mismo. 

“Los dineros obtenidos con este contrato ficticio terminaron parcialmente en manos de Gaviria, quien los distribuyó”, dice la Fiscalía. 

En términos casi idénticos sucede con Gabriel Alejandro Dumar Lora, quien fue traído al entramado por Federico Gaviria y Otto Bula. Es así como Dumar Lora conforma el Consorcio SION para poder presuntamente poder contratar algunas obras del tramo Ocaña-Gamarra con el Consorcio Constructor Ruta del Sol.

Los investigadores encontraron que se realizó el contrato de construcción de una obra que no se ejecutó pero su fue pagada por la constructora. Y, destaca la Fiscalía, según algunos declarantes, el dinero fue entregado por el señor Dumar a Bernardo Elías, quien a su vez es la persona encargada de distribuirlo.

“Al igual que otros empresarios mencionados, el señor Dumar obtuvo también un incremento patrimonial no justificado, el cual se derivó de la relación de los ficticios contratos realizados por el consorcio Constructor Rura del Sol y con la empresa española TTU, con la cual también e ejecutó un contrato simulado que, aunque no se ejecutó, si fue cancelado integralmente con iguales finales ilegales”, dice el escrito.

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En todos los casos, los implicados adelantan sendas negociaciones con la justicia. De manera que este llamado a juicio solo incluye los delitos que estarían por fuera de esa negociación. Así están cada uno de los procesos: 

Federico Gaviria Velasquez: Lo acusan por cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias. Aceptó concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Eduardo José Zambrano Caicedo: Va a jucio por lavados de activos y concierto para delinquir. Aceptó el delito de enriquecimiento ilícito. 

Gustavo Adolfo Torres Forero: Va ajuicio por enriquecimiento ilícito de particulares. No está en curso ninguna negociación por alguna otra conducta. 

Gabriel Alejandro Dumar Lora: Va a juicio por enriquecimiento ilícito de particulares. Negocia el delito de lavado de activos.