En medio de la incertidumbre sobre el futuro de la intervención de la Nueva EPS, la Contraloría General se tomó la mañana de este jueves 9 de abril las instalaciones de la Entidad Prestadora de Salud para recaudar información y establecer su realidad financiera.
La diligencia que adelanta con funcionarios de la Policía Judicial se dio por la preocupación institucional que ha generado la situación financiera asociada a la prestación de los servicios de salud y considerando la ausencia reiterada de estados financieros de dicha EPS.
La Contraloría tomó las instalaciones de la Nueva EPS en una inspección judicial que busca esclarecer la situación actual de la entidad, en medio de la incertidumbre por una eventual nueva intervención del Gobierno Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/IsrI6rxF0W
— Revista Semana (@RevistaSemana) April 9, 2026
Por eso, la Contraloría decidió adelantar una inspección judicial a las instalaciones de esa entidad y en la Superintendencia de Salud, para recoger información financiera que permita establecer un diagnóstico actualizado sobre ese sistema, el cual lleva 18 meses en poder del Gobierno Petro tras la orden de intervención forzosa administrativa.
Desde la Contraloría explicaron: “La información recaudada constituirá un insumo técnico para la valoración de eventuales actuaciones en los ámbitos fiscal y disciplinario, conforme a los procedimientos aplicables y a las competencias funcionales de las autoridades correspondientes”.
La inspección se adelanta horas después de que la procuradora delegada para el sector Salud, Mónica Ulloa, le pidió explicaciones a la superintendente Nacional de Salud adhoc para la Nueva EPS, Luz Marina Múnera, sobre el estado actual de esa entidad y los soportes documentales que sustenten si la intervención del Ejecutivo se debe prolongar.
Ulloa le dio a la SuperSalud tres días hábiles para que entregue detalles del estado actual técnico, científico, administrativo, financiero y jurídico que permita establecer si es necesario alargar la intervención; además, entregar balances reales sobre la actualidad de la Nueva EPS tras la intervención del Gobierno.
La Procuraduría también ordenó la entrega de los informes mensuales que ha emitido la contralora a cargo de dicha medida administrativa para verificar los estados de la gestión mensual, el estado financiero presentado por la entidad y los avances de la situación en general. Todo deberá llegar con sus respectivos soportes.
Toda esta situación se ha venido adelantando días después de que la Defensoría del Pueblo alertó que un aumento desproporcionado en el aumento de quejas y reclamos en la Nueva EPS; tan solo entre enero y diciembre de 2025 se registraron más de 14.000 quejas, lo que dejó un incrementó del 107% comparado al año anterior.