La Nueva EPS enfrenta una crisis estructural profunda desde hace varios meses, tras una grave insuficiencia financiera, con deudas que llegan a superar los $21 billones de pesos. El Gobierno nacional decidió intervenir la empresa desde abril de 2024, con una prórroga hasta abril de 2026, con el fin de sanear las irregularidades financieras.
Recientemente se conoció un nuevo dato respecto a la empresa, pues el panorama, lejos de mejorar, ha empeorado de manera preocupante. La Defensoría del Pueblo instaló la estrategia “Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (DIPSA)” y decidió iniciarla con la Nueva EPS.
En esta se encontró que se reportaron 14.603 quejas entre enero y diciembre de 2025, lo que equivale a un incremento del 107 % frente a lo registrado el año anterior. Entre los motivos recurrentes señalados se encuentran la falta de oportunidad y la negación en la entrega de medicamentos.
El comportamiento es especialmente preocupante en pacientes de alto costo. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se registraron aproximadamente 5.000 quejas.
Durante el mes de enero también se observó un repunte alarmante, con 1.100 casos en solo 20 días, lo que evidencia un aumento en las barreras de acceso para los usuarios.
La Defensoría detalló que uno de los objetivos de la mesa es ejecutar un proceso de diálogo y articulación interinstitucional que permita activar respuestas urgentes y efectivas ante situaciones críticas que amenacen los derechos fundamentales a la salud y a la vida de las personas afiliadas a la Nueva EPS.
En la reunión se señalaron algunos compromisos adquiridos, como, por ejemplo, el fortalecimiento institucional frente a las problemáticas identificadas en la prestación de servicios de salud.
“Nueva EPS informó que el directorio de contactos y las rutas de atención por regiones ya se encuentran consolidados, acordándose realizar seguimiento permanente para monitorear su funcionamiento y efectividad en la gestión de casos territoriales”, se precisó.
