"¿Por qué la evidencia que dice tener la Fiscalía no fue aportada al análisis de la JEP?"

"La Jurisdicción Especial de Paz se pregunta por qué esas evidencias que dice tener la Fiscalía General de la Nación, suministradas por el país que solicitó la extradición de Jesús Santrich, no fueron aportadas al análisis que hizo la Sección Revisión", cuestionó este viernes ese tribunal. 

Cuatro horas después de que se supo que la Fiscalía General de la Nación tenía evidencia para reversar la decisión que la JEP profirió sin mayor información en el caso del exguerrillero, está última le salió al ruedo.

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"La Fiscalía General de la Nación asegura que, como “producto de la cooperación judicial internacional”, en las últimas horas incorporó “nuevas evidencias y elementos de prueba” sobre el caso, que le permitieron expedir una orden de captura. Esas pruebas nunca fueron aportadas a la JEP", advirtieron los magistrados en un comunicado. 

La postura que tomó la justicia de paz se veía venir. Hace dos días cuando negó la extradición de Santrich a Estados Unidos, solicitado por narcotráfico, y ordenó su libertad, en buena parte fundamentó la decisión en la falta de evidencia para corroborar si el delito por el que se señala al exguerrillero ocurrió antes o después de la firma del acuerdo de paz. 

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En parte esto se debe a que la justicia gringa no le tomó la palabra a los magistrados que solicitaron una copia de la evidencia que había en su contra. A todas luces se trata de una solicitud atípica. A la luz de trámite de extradición tradicional en el que la justicia colombiana se limitaba a hacer una verificación apenas formal y apegada únicamente a los documentos con que la justicia gringa solicitaba formalmente a un nacional en extradición, muchos vieron la medida como un exabrupto.

En el comunicado los magistrados de la JEP hacen énfasis en que "como Tribunal de Justicia Transicional, actuó en el caso Santrich como garante del proceso de paz, apegado a la juridicidad y no ha sido ella la que eventualmente propicie la crisis del proceso de paz". 

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Adicionalmente el comunicado deja en claro que una vez se lleven a cabo las apelaciones correspondientes por la decisión, las autoridades judiciales colombianas deben investigar "debidamente la conducta que se le imputa al compareciente en Estados Unidos de América".