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| 4/8/2017 10:30:00 PM

Suroccidente peligroso para los líderes sociales

En Cauca, Nariño y Valle se concentra el mayor número de líderes sociales asesinados en el país. ¿Por qué?

En el suroeste del país son tan comunes los crímenes, atentados y amenazas contra dirigentes sociales, que muchos dicen una frase: “Líder advertido no muere en guerra”. Y si bien parece un mal chiste, la verdad es que resume la oleada de amenazas y asesinatos de la que están siendo víctimas campesinos, indígenas, afrocolombianos y hasta estudiantes universitarios de esta región.

Las cifras hablan por sí solas. De los 117 líderes sociales asesinados en 2016 en Colombia, 57 de ellos, es decir, el 66 por ciento, murieron en el suroeste colombiano (Nariño 9, Cauca 43 y Valle 5). Y según un ranking elaborado por la ONG Somos Defensores, de los cinco departamentos con mayores homicidios de líderes, tres son del suroccidente: Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Esa tendencia parece confirmada en el primer trimestre de 2017, pues de los 34 líderes asesinados en el país, 13 lo fueron en el suroeste y siete en Cauca.

La mayoría de las víctimas fatales tenían en común ser miembros o líderes de procesos sociales y políticos por medio de las Juntas de Acción Comunal (JAC), la Guardia Campesina y resguardos indígenas. También pertenecían a reconocidas asociaciones de izquierda como Coccam, Fensuagro, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Partido Comunista o la Unión Patriótica

El gobierno y las autoridades han dicho que detrás de las amenazas y crímenes contra estos líderes hay una combinación de factores y de actores, y no una reedición de lo ocurrido con la Unión Patriótica. Pero es claro que el alto precio que están pagando los líderes del suroccidente requiere una atención especial.

Precisamente parece estar cada vez más claro que la fuerte organización social y política de esas comunidades se está convirtiendo en una barrera contra los actores y economías ilegales. De hecho, algunos expertos creen que los asesinatos tienen que ver con la incapacidad del Estado para detener y controlar estas economías que se mueven en la periferia colombiana.

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Como se sabe, en esta zona hay una larga tradición de organizaciones sociales y políticas, así como de movimientos de izquierda que en su mayoría se oponen a la presencia de actores armados y negocios ilícitos. Además, es la región más ‘socialista’ de Colombia y tienen “un activismo social ligado a la paz”, advierte León Valencia, analista en temas de conflicto. Otro dato interesante es que, al contrario del resto del país, la tenencia de la tierra está en muchas manos y no en latifundios.

Irónicamente ese activismo, especialmente de los indígenas, los tiene en la mira de los violentos, pues por años se han dedicado a ejercer control territorial contra los actores armados y en defender el derecho ancestral de sus territorios, invadidos por cultivos ilícitos, yacimientos de oro o sencillamente por ser corredores para la ilegalidad. Muchos han muerto por esa cruzada.

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Sin embargo, ahora hay otro fenómeno. Los presidentes de las JAC y líderes de asociaciones campesinas ligadas a la izquierda están siendo objeto de amenazas y asesinatos. Deivi Hurtado, coordinador de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica en el suroccidente, dice que esto está ocurriendo porque los nuevos grupos armados ilegales que llegaron a ejercer control territorial buscaron el apoyo de los presidentes de las JAC y muchos se negaron, lo que desató la ira de los violentos. “Primero se hicieron pasar como ELN, luego Águilas Negras y ahora Patria Grande Ejército del Pueblo”, aseguró.

En todo caso, lo que está pasando en esta región amerita que el Estado asuma un trabajo claro y contundente. La buena noticia es que el gobierno aún está a tiempo de desactivar ese coctel explosivo, sobre todo luego de la desmovilización de las Farc. La mala es que por esas mismas razones es muy probable que los violentos sigan asesinando a los dirigentes de esa zona. 

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