La elección de Ibaldo Torres Chávez como rector de la Universidad de Pamplona fue anulada por el Consejo de Estado, al concluir que el proceso no se ajustó a lo establecido en el Estatuto General de la institución. Detrás de esa decisión hubo una larga disputa judicial que, según los demandantes, comenzó mucho antes de que el caso llegara al alto tribunal.
En diálogo con SEMANA, la abogada de la veeduría que impulsó la demanda reconstruyó cómo se gestó el caso que terminó anulando la elección de Torres Chávez.
Sandra Milena Roso Hernández, abogada del Comité Prodefensa de la Universidad de Pamplona, aseguró que la batalla empezó en septiembre de 2024, cuando la veeduría le pidió al Consejo Superior Universitario convocar oportunamente la elección de rector ante el inminente vencimiento del periodo de Torres Chávez.
“Lo advertimos desde 2024, pero nunca fuimos escuchados”, afirmó la jurista. Explicó que, ante la falta de respuesta, decidieron presentar una acción de cumplimiento para exigir que la universidad respetara su propio estatuto.
Aunque esa acción terminó siendo declarada improcedente por un hecho superado, pues durante el trámite se abrió la convocatoria, la veeduría continuó denunciando presuntas irregularidades ante distintas entidades, entre ellas el Ministerio de Educación.
La controversia aumentó cuando la universidad publicó el listado de aspirantes admitidos y el entonces rector apareció nuevamente habilitado para participar en el proceso.
“Nos sorprendió encontrar nuevamente al rector en el listado de admitidos, porque ya había sido reelegido una vez. Presentamos una reclamación sustentada en el artículo 26 del Estatuto General, que establece que el rector solo puede ser reelegido por un periodo”, detalló Roso Hernández.
Además de esa reclamación, la veeduría recusó a los funcionarios que avalaron la candidatura al considerar que existía un conflicto de intereses por tratarse de subordinados del propio rector.
Una batalla que pasó por varias instancias
La abogada recordó que, antes de la demanda electoral, presentaron una acción de tutela con la que buscaban dejar sin efectos el listado de admitidos por incluir a Torres Chávez como candidato, pese a la restricción que, según su interpretación, establecía el Estatuto General. Sin embargo, ni esa tutela ni las primeras decisiones judiciales les dieron la razón.
Fue solo cuando el expediente llegó al Consejo de Estado que el panorama cambió. Tras estudiar el recurso de apelación, la corporación revocó la decisión del Tribunal Administrativo del Norte de Santander y acogió los argumentos presentados por la veeduría.
“El Consejo de Estado acogió nuestra tesis y concluyó que la única forma de una reelección consecutiva debía ajustarse al mecanismo previsto en el estatuto de la universidad”, señaló la abogada.
“¿Cómo van a elegir rector los mismos que hicieron una elección irregular?”
Tras conocerse el fallo, la representante de la veeduría pidió que la elección del nuevo rector no quede en manos de los mismos integrantes del Consejo Superior Universitario que participaron en el proceso anulado.
“El estatuto era muy claro. Decía que el rector tendría un periodo de cuatro años y que solo podría ser reelegido por un solo periodo. Para nosotros esa prohibición siempre fue evidente, pero ninguna autoridad judicial acogió ese argumento hasta ahora”, concluyó.
Con la decisión del alto tribunal, la Universidad de Pamplona deberá iniciar un nuevo proceso para escoger a su rector, mientras la veeduría espera que esta vez la elección se realice con pleno cumplimiento de las normas internas de la institución y mayores garantías de transparencia.