El estudiante de derecho Samuel Ortiz, el mismo que logró tumbar el nombramiento de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, acaba de demandar por doble militancia el acto administrativo que nombró como congresistas a María del Mar Pizarro y a María Fernanda Carrascal.
Ortiz, junto a la abogada Ximena Echavarría Cardona, radicó ante la Sección Quinta del Consejo de Estado una demanda que pide la nulidad del acto de elección de Carrascal y Pizarro a la Cámara de Representantes por Bogotá, ante una supuesta doble militancia.
El documento de 62 páginas expone que las legisladoras habrían incurrido en doble militancia luego de que salieron elegidas como congresistas para el periodo 2022-2026 con el aval del movimiento Colombia Humana, pero el año pasado terminaron participando en una consulta interna del Pacto Histórico para seleccionar candidatos al Congreso; por esa última colectividad terminaron aspirando como candidatas para 2026-2030.
Para los demandantes, esa jugada, al parecer, vulneró uno de los artículos de la ley 1475 de 2011, la cual fijó reglas de organización y funcionamiento de partidos y movimientos políticos en medio de los procesos electorales, entre ellos, el artículo segundo, que menciona la prohibición de doble militancia.
Hay que recordar que esa norma estipula que los candidatos que resulten electos y que fueron inscritos por un partido o movimiento político deben permanecer en este mientras tienen el cargo, pero, si deciden presentarse a otra elección, deberán renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones.
Por eso, las pretensiones de los demandantes son que se “decrete la medida cautelar de suspensión provisional” y se “declare la nulidad” sobre la elección de las representantes a la Cámara para el periodo 2026-2030.
Ahora el Consejo de Estado analizará a profundidad los argumentos de la demanda contra la elección de María Fernanda Carrascal y María José Pizarro. En caso de que el recurso sea admitido, pasará a reparto en la Sección Quinta para que un magistrado se haga cargo de este proceso contra dos fichas claves del progresismo.
