Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/10/13 00:42

Eliminar la jurisdicción de paz acordada en La Habana, principal propuesta de Uribe

A cambio, el senador jefe del Centro Democrático plantea crear Cortes de paz en el Tribunal Superior de Bogotá, y que la Corte Suprema sea órgano de cierre. Mantiene en 5 años de “cárcel” las sanciones para las FARC.

“Bases de un Acuerdo Nacional de Paz”, es el título del texto de Uribe. Foto: Fotomontaje SEMANA

Tiene 26 páginas y cinco capítulos, y era tan esperado como -hace unos meses lo era- el de 297 páginas que contenía el acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC en La Habana.

Es el documento en el que Álvaro Uribe consignó las propuestas del Centro Democrático para modificar el acuerdo de paz. El escrito ya está en manos del Gobierno, que este jueves deberá decidir si las modificaciones planteadas son viables o no para salvar el acuerdo con la guerrilla, principal objetivo del llamado Diálogo Nacional por la Paz.

“Bases de un Acuerdo Nacional de Paz” es el título del texto de Uribe. Las primeras cuatro páginas se concentran en generalidades sobre el acuerdo de La Habana y el plebiscito. Insiste en que las elecciones del pasado 2 de octubre arrojaron un mandato para el presidente de la República, no implementar el acuerdo suscrito en La Habana, pero hacer uso de las facultades presidenciales para renegociar lo acordado. A partir de la sexta página empiezan las propuestas (Vea el documento completo).

Para empezar, exige que el Acuerdo Final no se incorpore a la Constitución nacional “con carácter inmodificable” y que su implementación se haga mediante los mecanismos institucionales necesarios para darles seguridad jurídica. “Para la implementación se evitará la creación de una estructura paralela, la explosión burocrática y la asfixia fiscal”.

Es decir, Uribe señala que la implementación debe ser en el Congreso, con las reglas actuales, y que allí se puedan modificar los acuerdos.

En las páginas siguientes, Uribe por fin entra en cada capítulo del acuerdo de La Habana y combina los “lineamientos generales” -en los que debería girar la discusión- por un “nuevo” acuerdo de paz, con algunas propuestas que el gobierno deberá analizar si son viables o no.

En una simple lectura, algunas se advierten, por lo menos, difíciles de aceptar para el Gobierno. Al menos 26 propuestas en el capítulo de justicia y participación política se concentran en asuntos que para el Gobierno y las FARC son innegociables.

Que la pena sea de cinco a ocho años de cárcel

Este capítulo concentra las mayores preocupaciones de Uribe, pero también el mayor número de ajustes. Plantea 18 modificaciones. De entrada se opone a la Jurisdicción especial de Paz acordada en La Habana.

Considera que es preferible crear un Tribunal Transicional dentro de la estructura de la Rama Judicial, pues permite la “no sustitución del sistema de Cortes y crea confianza institucional”. Su propuesta en esta materia se advierte bastante difícil de negociar con el Gobierno.

Este capítulo concentra las mayores preocupaciones de Uribe, pero también el mayor número de ajustes. En total, plantea 18 modificaciones al acuerdo que más ocupó a los negociadores del Gobierno y las FARC en La Habana. De entrada, borra de un plumazo la Jurisdicción Especial de Paz de la que habla el Acuerdo Final y plantea un Tribunal Transicional, pero dentro de la estructura de la Rama Judicial.

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Ese Tribunal, según la propuesta, tendría unas salas especializadas que se denominarían “Cortes para la paz”, adscritas al Tribunal Superior de Bogotá. La segunda instancia sería la Corte Suprema de Justicia.

Las Cortes para la Paz, según la propuesta, tendrán cuatro salas: sala de las amnistías e indultos, sala de reconocimiento de la verdad, sala de control de garantías y sala de juzgamiento.

La Fiscalía General de la Nación adelantará la investigación, allí se crearían las denominadas Fiscalías para la paz. Tendrán dos objetivos: adelantar la lucha contra las organizaciones derivadas del conflicto, y la investigación y acusación ante las salas de las Cortes de Paz.

Uribe propone que los magistrados y fiscales sean colombianos, mayores de 40 años, y contempla la participación de abogados extranjeros únicamente para actuar como defensores de las personas procesadas ante las Cortes de Paz.

Según la propuesta, las Cortes de Paz tendrán competencia sobre particulares y miembros de la fuerza pública si estos se presentan de forma voluntaria, únicamente. Propone un trato diferencial para los agentes del Estado en lo concerniente al componente de justicia.

El sistema de Justicia Transicional que Uribe pone a consideración dice que la responsabilidad de los jefes de las FARC por los actos de sus subordinados, según la cadena de mando, se deberá fundar en lo que llama “el control de la voluntad por virtud de la doctrina de la autoría mediata en los aparatos organizados de poder”.

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Propone amplia amnistía e indulto a terceros no combatientes, como colaboradores o auxiliadores, siempre y cuando se entregue cualquier material bélico que se posea. Aclara que en su propuesta la amnistía o el indulto no hace desaparecer el compromiso con la verdad.

Uribe modifica el régimen de sanciones acordado en La Habana. Plantea un mínimo de cinco años y un máximo de 20 años de privación de la libertad para quienes hayan cometido graves violaciones de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario.

Esas penas, dice la propuesta, se reducirían a un mínimo de cinco años y un máximo de ocho, si hay reconocimiento de responsabilidad. Uribe habla de “privación efectiva de la libertad”, cuando del Acuerdo de La Habana utiliza el término “restricción”. Admite que las sanciones se paguen en lugares de reclusión alternativos, como granjas agrícolas.

Según Uribe, las Cortes de Paz que propone “no podrán desconocer el carácter de cosa juzgada de las decisiones anteriores de la jurisdicción ordinaria”. Eso sí, admite la homologación de condenas, mediante el principio de favorabilidad, de quienes hayan sido condenados por la justicia ordinaria a una pena superior a la contemplada en el mecanismo de justicia transicional.

Que condenados por delitos graves no lleguen al Congreso

Uribe cuestiona que el acuerdo de paz de La Habana gradúe a las FARC de legítimo opositor del Gobierno, al condicionar la aplicación de un Estatuto de la Oposición a la firma de un Acuerdo con las FARC. “Es necesario corregir esa redacción para que impere que el Estatuto de la Oposición debe ser una prioridad nacional, donde todas las fuerzas políticas participarán en igualdad de condiciones”.

Entre otras cosas, Uribe se opone a que el partido político que surja del tránsito de las FARC a la vida civil tenga “beneficios excesivos”. Quiere que cuente con los mismos recursos y herramientas de los demás partidos. “Bajo ningún concepto tendrá asiento en el Consejo Nacional Electoral, prerrogativa que muchos partidos actuales no tienen”, señala.

Sobre las tres vocerías transitorias de las FARC en el Senado y la Cámara, con el propósito de implementar los acuerdos, que no puedan ejercerlas personas condenadas por delitos de lesa humanidad o delitos atroces, propone, lo mismo que las curules especiales que se otorgarán por ocho años a las FARC en el Senado y la Cámara de Representantes. Nada nuevo a lo que ampliamente ha pregonado desde hace, por lo menos, cuatro años.

Que las FARC no integren cuerpos de seguridad

Dice que el acuerdo de La Habana, en el punto 3.4.3, se estaría creando un nuevo delito con la amenaza a la implementación de los Acuerdos de La Habana. “Esta ambigüedad es peligrosa, además de estar asociada con una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad donde las FARC tendrán asiento permanente al lado de los cuerpos de seguridad del Estado”.

Uribe plantea que no se debe permitir que las FARC, a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, puedan revisar los antecedentes de los servidores públicos en todas las instituciones del Estado, ni que puedan incidir en las normas de inteligencia del Estado.

“En el punto 3.4.7.3.3 se abre la posibilidad de un ingreso inmediato de personal de confianza de las FARC para integrar un Cuerpo de Seguridad y Protección con enlace directo y coordinación con la Policía Nacional. La incorporación de cualquier persona debe pasar por la autorización de la Policía Nacional, previa valoración psicológica y profesional. La Policía debe reservarse el derecho de veto”, explica en el documento.

Que el delito de narcotráfico no sea amnistiable

A Uribe le preocupa que el acuerdo de La Habana modifique la política de Estado en la lucha contra las drogas, y pide que el texto reitere con claridad, en lugar de adoptar una nueva visión basada en el tratamiento distinto y diferenciado.

No se opone a buscar alternativas, pero cuestiona que en el texto de La Habana, en ninguna parte, exista un reconocimiento directo de las FARC sobre sus actividades vinculadas al negocio ilegal del narcotráfico, por el contrario, dice, “tratan de presentar su relación con este fenómeno como algo circunstancial en el desarrollo de la ‘rebelión’. Esta forma de plantearse está ligada con el hecho de buscar una conexidad con fines de amnistía”.

Consulte: Las demandas del uribismo que podrían salvar el Acuerdo de Paz

Por eso, dice que es necesario que las FARC se comprometan a entregar toda la información de sus zonas de cultivo, entregar información de rutas empleadas, entre otras. También que quede claro que por razones de seguridad el Gobierno pueda utilizar la aspersión aérea para erradicar cultivos. Y que el texto de La Habana diga de forma textual que el delito de narcotráfico no es amnistiable.

Que las FARC reparen a las víctimas

Pide a las FARC una demostración de arrepentimiento y de perdón por sus actos. Cuestiona que en el acuerdo no exista un compromiso explícito de las FARC para contribuir de manera efectiva con la reparación económica de sus víctimas. “Si bien el documento habla de reparación material, el término es difuso y requiere ser precisado con el compromiso de entrega total de bienes para el resarcimiento de sus damnificados”.

Uribe exige a las FARC el listado de bienes que poseen con toda la información que permita individualizarlos e identificarlos, y antes de la entrada en vigencia del acuerdo, como lo pidió el Fiscal General. “Dichos bienes serán utilizados para la reparación económica de sus víctimas”.

También exige a la guerrilla liberar la totalidad de los secuestrados y responder a las víctimas por los desaparecidos. “Se debe agilizar el trabajo de la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, creada el pasado mes de marzo, en la cual deben colaborar de manera directa los miembros de las FARC”.

El documento de 26 páginas, para Uribe, debe ser el punto de partida para la construcción de un Gran Acuerdo Nacional. El gobierno responderá este jueves a las sugerencias del expresidente.

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