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| 7/8/2017 10:15:00 PM

¿En qué momento se acabó la ética en Colombia?

Seis académicos reflexionan sobre el origen, la magnitud y las consecuencias de la descomposición del país.

Se ha vuelto un lugar común decir que la campaña electoral que se avecina será histórica. Los colombianos viven un momento caracterizado por el pesimismo, la polarización y la rabia, sentimientos que seguramente se reflejarán en las urnas el año próximo. Los escándalos se han vuelto cosa de todos los días. Los últimos surgieron a raíz de las capturas del fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, los carteles de jueces y fiscales a sueldo que han capturado este año, y del secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, por supuestos vínculos con bandas criminales. Sumado al destape del lamentable episodio de Odebrecht en las campañas de 2010 y 2014, y de otros como el de Reficar, la percepción generalizada es que la corrupción se salió de madre.

Hay otras razones para la incertidumbre. Los problemas en la ejecución del acuerdo con las Farc, el temor de una metástasis de la crisis venezolana, la falta de claridad sobre las candidaturas presidenciales. En un panorama así los colombianos han perdido la confianza y hay síntomas de una crisis de legitimidad de las instituciones. En las redes sociales hay una batalla verbal que se caracteriza por la falta de rigor, la desinformación y la agresividad. Todo esto obliga a indagar cómo está el ánimo colectivo, qué tan grave es la crisis –si la hay– y cómo impactará el proceso electoral de 2018.

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SEMANA invitó a seis pensadores de varias disciplinas para analizar la naturaleza y la magnitud de una crisis que tiene connotaciones éticas y de descomposición moral: la economista Ana María Ibáñez, los historiadores Jorge Orlando Melo y Marco Palacios, el filósofo Antanas Mockus, los juristas Rodrigo Uprimny y Rodolfo Arango, todos de amplia trayectoria académica y reconocida independencia. Ellos enviaron sus respuestas por escrito y la revista las editó con fines periodísticos.

1. SEMANA: ¿Estamos ante una crisis de ética colectiva y de proporciones históricas?

JORGE ORLANDO MELO: Colombia ha tenido siempre una relación ambigua con la ley. Desde la Conquista se aplicaba selectivamente el ‘se obedece, pero no se cumple’ y la separación del patrimonio público y el privado era débil.

En todo el mundo ha aumentado la corrupción, pero en Colombia se sumó a la violencia y a la quiebra de la justicia. Desde 1960 la justificación de la violencia fue acogida por buena parte de los intelectuales. La violencia se hizo aceptable para los defensores del cambio revolucionario: si la sociedad es injusta, la violencia armada se justifica. Esto se extendió a las autoridades mismas: desde 1978 se hizo común en la Policía o el Ejército la tortura y el asesinato de dirigentes populares. Y después, la sociedad civil rural encabezada por los narcotraficantes, pero con apoyo de agentes del gobierno, adoptó la misma lógica guerrillera: ante la injusticia, el derecho a la autodefensa es ilimitado, y autoriza el asesinato y la corrupción. Finalmente, en el marco de la Constitución de 1991, los paramilitares dominaron la política de muchos sitios, a punta de violencia y con recursos que salían de los impuestos de todos.

Al mismo tiempo, la justicia dejó de funcionar: se convirtió en un juego de titulares de prensa, en el que la Fiscalía gana las batallas en las primeras páginas, en las que anuncia todo lo que va a hacer o señala los grandes culpables, aunque las pierda dos años después y sus culpables queden libres. Se han unido así la tradición de justificación de violencia y de desobediencia de la ley con nuevas oportunidades económicas y con un conflicto armado que acabó con la justicia penal.

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ANTANAS MOCKUS: Desde la Independencia el discurso político se centra en descalificaciones morales. Los líderes eran atacados por corruptos más que por sus teorías sobre el Estado y sus posiciones de dependencia con España. La creencia en que los problemas se resuelven a las malas creó un clima favorable para la justificación de la trampa, para la justificación del todo vale.

MARCO PALACIOS: La corrupción es una constante de vieja data, aquí y en Cafarnaum. Y no es solo la que tiene que ver con peculados. Baste enumerar los falsos positivos, los curas pederastas o el plagio, de la primaria a los doctorados. Claro que los políticos que viven de encontrar la agenda del momento, ahora tienen la anticorrupción, como antes tenían la guerra o la paz, o antes la pobreza. Se montan dichosos a esos carros.

RODRIGO UPRIMNY: Los colombianos estamos escandalizados por la corrupción. Pero no es fácil saber si eso ocurre porque ha crecido en los últimos años y por ello hay más escándalos que nos indignan; o si lo que sucede es que la corrupción se ha hecho más visible, gracias a que, por diversas razones, se han destapado casos muy graves, o porque el fin del conflicto armado con las Farc ha permitido que otros temas, fuera de la guerra, entren a la agenda pública. No sabemos entonces si estamos peor, porque la corrupción ha aumentado, o si en cierta forma estamos mejor, porque al menos algunas prácticas corruptas están siendo destapadas y ahora escandalizan.

RODOLFO ARANGO: Más de 50 años de conflicto armado y de pactos de las elites bogotanas con los poderes regionales mediante el clientelismo desmoralizan a cualquier sociedad. No es algo nuevo, sino estructural. Pero por primera vez, gracias al desarme de las Farc tenemos la posibilidad de sacudirnos de la violencia y ver de frente a los ojos a la corrupción política.

ANA MARÍA IBÁÑEZ: El incremento de la preocupación por la corrupción puede ser porque en efecto hay más corrupción, porque hay más capacidad para detectar y denunciar la corrupción, o por ambas. Pero al analizar cómo estaba el país en los ochenta y cómo estamos hoy, hemos avanzado. Todos los indicadores sociales han mejorado, el sector privado se ha fortalecido, se desmovilizaron varios grupos guerrilleros y muchos derechos de las minorías se han protegido. Podría mencionar varios avances más positivos. Los análisis catastróficos no construyen, son emocionales y facilistas. Solo ganan adeptos y votos. Deberíamos concentrarnos en fortalecer lo positivo y solucionar los múltiples problemas que tenemos.

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2. SEMANA: ¿Cuáles son los factores que han llevado al desborde de la corrupción?

RODOLFO ARANGO: El problema es la corrupción, no su desborde. El hecho de que seamos una de las sociedades más desiguales del mundo, que el Estado esté cooptado por intereses privados legales e ilegales, que además sea un Estado débil en gran parte del territorio crea un contorno propicio a la corrupción. Tampoco ayuda a combatirla el capitalismo transnacional con sus prácticas de cohecho, el soborno, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, las falsedades en la financiación de campañas, etcétera. Igualmente el narcotráfico permea la política electoral con sus ilimitados recursos.

ANA MARÍA IBÁÑEZ: La reelección ha sido nefasta para el país. El clientelismo se ha fortalecido y esto ha contribuido a profundizar la corrupción. Muchas son las transacciones que se han hecho de votos por puestos, contratos y favores políticos. Esto sucede a todos los niveles: el sector Justicia, el gobierno nacional y los gobiernos locales. Pero la corrupción no es solo política. Todos día a día vemos pequeños casos de corrupción y acciones en las cuales prevalece el interés privado sobre el público. Coincido mucho con el diagnóstico del libro reciente de Mauricio García sobre la necesidad de imponer orden. Los colombianos debemos cumplir las reglas desde las cotidianas hasta las más elaboradas.

RODRIGO UPRIMNY: Hay corrupciones muy distintas. No es lo mismo la pequeña corrupción, aunque sea masiva, como cuando se generaliza la práctica de ciudadanos que ofrecen dádivas para agilizar trámites o evitar sanciones, que la macrocorrupción por la captura de segmentos del Estado por redes de corrupción, como cuando se generan alianzas corruptas entre funcionarios y empresas privadas para la obtención de grandes licitaciones. Y también es distinta la corrupción derivada de economías ilícitas, que llevó en ocasiones a que ciertos fiscales regionales o ciertos sectores de la Policía en ciertos periodos hubieran estado totalmente al servicio de una organización criminal o que haya banqueros que contribuyan al lavado masivo de dineros ilícitos. Y también puede tener una lógica específica la corrupción política, de empresarios que financian ilegalmente a los políticos con chances de ganar la elección, o de aquellos políticos que controlan toda una maquinaria electoral para hacerse elegir.

En tiempos muy recientes, un factor que pudo incidir en el incremento de la percepción de la corrupción han sido los escándalos en las altas cortes, como el caso Pretelt o los carruseles de pensiones y nombramientos entre magistrados, pues hasta hace relativamente poco la percepción ciudadana de las altas cortes era bastante buena.

3. SEMANA: ¿Cómo ve el papel que han desempeñado los medios de comunicación en este tema y qué aporte deben hacer?

RODRIGO UPRIMNY: Los medios han tenido un papel ambiguo. A veces han destapado valerosamente casos o redes de corrupción, especialmente del sector público, con lo cual han contribuido a su combate. Pero en otras ocasiones, por falta de recursos para realizar mayor periodismo investigativo o por falta de independencia frente a ciertos poderes, en especial el poder económico -pues muchos medios dependen ahora de grupos económicos-, no han sido capaces de revelar otras redes de corrupción, en especial en el ámbito privado.

RODOLFO ARANGO: Los grandes medios tienen escaso margen de independencia por sus vínculos económicos con las elites políticas y clientelares. Muchos medios han dejado de investigar y exigir responsabilidad política a los funcionarios, salvo honrosas excepciones, por compromisos previos o temor a represalias. Por fortuna las redes sociales han surgido con fuerza como competidores.

4. SEMANA: Ante el desafuero de las redes sociales, ¿estamos condenados a renunciar a la búsqueda de la verdad?

RODRIGO UPRIMNY: El desafío de la posverdad es muy serio, pues si no hay un acuerdo mínimo sobre lo que sucede, es decir, sobre la verdad de ciertos hechos, no puede haber deliberación pública, que es consustancial a la democracia. En ese contexto el papel de las redes sociales es mixto. Tienen un indudable potencial democratizador, pues facilitan la participación de los ciudadanos en la producción y circulación de información y en el debate público, lo cual es positivo. Pero también tienen un efecto ambiguo, pues en las redes sociales las personas tienden a agruparse con personas con intereses y perspectivas muy semejantes, sin entrar en diálogo real con personas con visiones distintas. Se forman especies de tribus virtuales, en donde pueden circular mentiras sin que nadie las controvierta, y desde donde se ataca a quienes hacen parte de otras tribus y tienen opiniones distintas, pero sin que haya un debate de argumentos.

ANA MARÍA IBÁÑEZ: Las redes sociales son un reto enorme. Pero no estamos condenados a renunciar a la búsqueda de la verdad. Las redes tienen también dimensiones positivas. Han contribuido a llamar la atención sobre problemas que estaban ocultos, le han dado voz a poblaciones que antes no la tenían y han contribuido a fortalecer causas que las elites políticas ignoraban. Ahora tenemos que aprender a contener la mentira y la calumnia.

MARCO PALACIOS: Hay una facilidad pasmosa de crear noticias falsas y escandalosas. La gente traga entero porque ya está predispuesta ideológicamente a creerlas. O acaso deba decir, tribalmente predispuesta. Las redes sociales están creando tribus.

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5SEMANA: Cuando la polarización y la radicalización debilitan la credibilidad en las instituciones, ¿se pone en peligro la democracia?

RODRIGO UPRIMNY: La democracia no exige la uniformidad de opiniones. Por el contrario, el disenso y las discrepancias públicas son buenas, pues la diversidad de perspectivas enriquece el debate público. Pero la democracia sí supone que, a pesar de las discrepancias, existan ciertos valores comunes y se acepten ciertas reglas y procedimientos para tramitar los conflictos sin violencia. Y que existan instituciones creíbles que aplican esas reglas y procedimientos y cuyas decisiones sean aceptadas por todos, a pesar de que pueda discreparse de ellas. Por eso estamos viviendo una situación riesgosa para la democracia colombiana por el efecto combinado de la polarización, que está minando la existencia de terrenos comunes de aceptación de reglas y procedimientos, y la crisis de credibilidad en las instituciones.

RODOLFO ARANGO: Algunas preguntas inducen ya la respuesta, como la presente. Polarización y radicalización no son lo mismo. La primera puede tener efectos negativos devastadores, la segunda puede llevar a cambios positivos. Radical, como afirmaba Carlos Gaviria, viene de raíz, de ir a fondo en el análisis de un problema y la búsqueda de su solución. La crítica radical más que minar la credibilidad de las instituciones les permite reflexionar y rectificar; la crítica radical no pone en peligro la democracia, sino que la toma más en serio. El problema es que los grandes medios la presentan como peligrosa porque en efecto puede desestabilizar sus intereses.

ANA MARÍA IBÁÑEZ: Es muy preocupante la polarización y la baja credibilidad de la población en las instituciones. Puede abrir la puerta a proyectos políticos populistas y autoritarios. Tenemos varios candidatos con ese perfil. Las rencillas y políticas actuales que han generado esta polarización son sumamente irresponsables.

6. SEMANA: ¿Considera que la corrupción es un problema que se explica por debilidad institucional, cultural o moral?

ANTANAS MOCKUS: En mi trabajo me he esforzado por mostrar la necesaria complementariedad de las tres regulaciones; ley, moral y cultura. Necesitamos que estas tres formas de regulación estén armonizadas. El problema es cuando la ley va en una dirección, pero la moral y la cultura van en otra dirección. La impunidad moral y social es también un lío. Si la definición del éxito en la vida se da en términos demasiado materiales, importan más los bienes que la honra. Entonces, si estoy dispuesto a matar por dinero, es más fácil vencer el miedo a las sanciones legales, el miedo a la conciencia y el miedo al qué dirán.

JORGE ORLANDO MELO: Por la falta de ética pública (la idea de que no está mal robarle al Estado, la visión del Estado como un papá generoso al que se le pide todo) y de instituciones apropiadas: partidos políticos, Justicia, un sistema tributario mejor diseñado.

ANA MARÍA IBÁÑEZ: Hay un problema de debilidad institucional profundo. Colombia tiene un Estado pequeño, con una burocracia débil y con un sistema de justicia poco eficaz. Sin esto es difícil imponer orden e impartir justicia. Sin reglas y orden cada persona se concentra en salir adelante a su manera (una especie de sálvese quien pueda) y sacar provecho personal sin tener en cuenta las consecuencias para la sociedad.

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7. SEMANA: Sobre el proceso de paz con las Farc y su relación con la confianza institucional, hay dos visiones. Una asegura que la reconciliación y el fin de la violencia fortalecen al Estado. Otra considera que es un mal ejemplo que fomenta comportamientos delictivos. ¿Cuál cree que es la interpretación correcta?

JORGE ORLANDO MELO: Las dos.

RODRIGO UPRIMNY: La paz negociada con las Farc, y ojalá también con el ELN, permitirá un fortalecimiento democrático de Colombia, pues la superación del conflicto armado político debería sacar la violencia de la política y le daría mayor cohesión y legitimidad democrática al Estado, que podría entonces combatir más eficazmente otras violencias y otros fenómenos ilegales como la corrupción. Y no creo que estemos frente a una paz con impunidad, pues se adoptó un mecanismo de justicia transicional, que son la JEP y la Comisión de la Verdad, que si funcionan adecuadamente, permitirán más justicia que la que hoy existe, pues lograrán mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora: esclarecer las atrocidades cometidas en esta guerra y que los principales responsables rindan cuentas. No creo pues que este sistema de justicia transicional, si opera adecuadamente, sea un mecanismo de impunidad que fomente comportamientos delictivos.

ANTANAS MOCKUS: Yo creo que ha habido impunidad selectiva y quienes presentaron el proyecto de alternatividad penal en 2003 la utilizaron para proteger a los paramilitares desmovilizados. Fueron similares y no idénticos a los que posteriormente implementaría el gobierno de Santos. No quiero calificar de falta de seriedad. Ambos proyectos claramente necesitaban justicia transicional, justicia que acorta las sanciones y evita la cancelación mutua de responsabilidades. Aquí hay alguien al que la película le quedó incompleta, en vez de entender la secuencia lógica que se dio entre los dos gobiernos de Uribe y los dos gobiernos de Santos.

8. SEMANA: Se está iniciando una nueva campaña electoral y todo indica que la lucha contra la corrupción será uno de sus temas principales. ¿Cree que ese tipo de debate político es una oportunidad o acarrea peligros?

RODOLFO ARANGO: Es una gran oportunidad de oxigenar en algo el proceso electoral y democratizar en algo la sociedad. Pero los grandes medios, con sus silencios cómplices y su inacción, justificadamente ven el tema como un peligro. Ellos son parte del problema y hacen uña y carne con el clientelismo político.

JORGE ORLANDO MELO: Será una oportunidad perdida y con peligros, pero no lo serán tanto.

RODRIGO UPRIMNY: Es bueno que la corrupción esté en la agenda pública, pues es indudable que es un problema grave y extendido que afecta la democracia y el Estado de derecho en muchas formas: sustrae recursos que el Estado podría emplear en satisfacer los derechos de las personas, viola la igualdad pues las decisiones estatales no dependen del mérito de las demandas ciudadanas, sino del monto de la mordida, erosionan la credibilidad en las instituciones, distorsionan la asignación de los recursos públicos, alimentan un cierto cinismo ciudadano, etcétera. Pero existe un riesgo; que aparezcan líderes mesiánicos, que reclamen poderes autoritarios y disminuciones de las garantías ciudadanas, con el argumento de que es necesario para combatir la corrupción, como lo hizo Fujimori en el Perú. Y el remedio resultó peor que la enfermedad pues Fujimori, acabó el Estado de derecho y terminó, precisamente por la ausencia de los controles propios del Estado de derecho, instaurando un sistema muy corrupto. Pasamos pues de una democracia con corrupción a una dictadura corrupta. Debemos combatir la corrupción, pero dentro del estricto respeto del Estado de derecho, que ha sido históricamente, con la separación de poderes y los controles mutuos, uno de los mejores antídotos contra la corrupción.

ANTANAS MOCKUS: Atacar jurídicamente rivales políticos distrae el esfuerzo de ir afinando el proyecto de país compartido. No conozco a nadie que haya defendido la idea de que la superación de la corrupción es la única tarea que tenemos los colombianos, es la principal, es la más urgente, pero no es la única.

9. SEMANA: En un país en el que un 85 por ciento de la gente considera que la religión es importante, ¿cómo se explica que no haya un resorte moral en el cuidado de lo público?

RODRIGO UPRIMNY: La pregunta parte de un supuesto que no comparto: que las personas religiosas son más pulcras y honestas y están más dispuestas a cuidar lo público que los ateos o los agnósticos, que tendrían tendencias menos éticas. Creo que la creencia religiosa y la moralidad son cosas distintas. El desafío es entonces construir una ética de lo público en la que podamos reconocernos tanto los creyentes como los ateos y los agnósticos.

JORGE ORLANDO MELO: Cuando los colombianos de hoy iban a la escuela, el manual de religión (apologética) del padre Rafael Farías explicaba que matar era pecado y violaba la ley civil, pero no pagar impuestos violaba la ley, pero no era pecado. Esto influye para que menos del uno por mil maten, pero casi todos acepten eludir un impuesto o apropiarse de algo público.

ANTANAS MOCKUS: La Violencia entre liberales y conservadores tuvo efectos negativos sobre la construcción de una ética civil que hubiera debido llenar los vacíos que ha ido dejando la secularización (el debilitamiento de la fuerza reguladora de la religión). Toda fuerza organizada debe apoyar el proceso de secularización. Dios ha muerto y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. De cualquier forma, quienes siguen encontrando esperanza y consuelo en las distintas denominaciones religiosas deben ser radicalmente respetados en sus creencias. Sus prácticas como las de todo colombiano deben ceñirse a la ley.

10. SEMANA: ¿Qué se debe hacer para superar la crisis ética?

JORGE ORLANDO MELO: No creer que con más y más leyes se van a resolver estos problemas: es preferible mejorar poco a poco, sin prisa, la justicia, el sistema tributario y el orden político y de partidos.

ANTANAS MOCKUS: Reconocer su existencia. Entender que el sistema educativo y los medios tienen que prepararnos para una lucha que debe unir desde el papa Francisco hasta los estudios del comportamiento humano más rigurosos. Colombia no puede darse el lujo de no entender el grado en el cual la corrupción es un lastre que debemos dejar atrás.

MARCO PALACIOS: La ética de la responsabilidad descansa en valores fuertemente asumidos junto con las correspondientes prácticas cotidianas, como el valor a la verdad o al juego limpio. La noción de ‘ser responsable’ debe inculcarse desde la más tierna infancia en la familia, las amistades, el sistema escolar.

RODRIGO UPRIMNY: Comparto con Mockus que debe ser una combinación de estrategias y medidas complementarias, que logren una coherencia entre ley, moral y cultura, para que estos distintos sistemas normativos se refuercen mutuamente. Por ejemplo, debemos realizar campañas educativas para superar la cultura de la viveza. Una posibilidad sería una campaña que tuviera como lema ‘papaya servida, papaya devuelta’ para expresar que los colombianos renunciamos a aprovecharnos ilícitamente de los errores de otras personas. Pero esa campaña cultural sirve muy poco y no transforma el sistema cultural, ni la moral individual, ni los comportamientos si no se acompaña de reformas institucionales y legales que incentiven los comportamientos honestos y hagan difíciles y costosos los actos corruptos, lo cual puede incluir reformas destinadas a incrementar la transparencia de la gestión pública y la eficacia de las sanciones a quienes cometen actos corruptos. Y hablo más de eficacia que de severidad de las sanciones, pues el incremento de penas suele tener poca utilidad. Lo importante es aumentar la probabilidad de que quien incurra en corrupción sea efectivamente sancionado.  

RODOLFO ARANGO: Sobre todo haciendo más igualitaria a la sociedad en que vivimos, defendiendo lo público y haciendo una cirugía profunda a la educación en el país, aun cuando la ética no se enseña, sino que se aprende por emulación.

ANA MARÍA IBÁÑEZ: Fortalecer las instituciones, hacer cumplir las leyes y las reglas de convivencia, ejercer control ciudadano sin ánimos de figuración, y discutir abiertamente este tema en todos los ámbitos de la sociedad.

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