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| 11/28/2016 10:31:00 AM

¿Cuánto le cuesta una persona obesa al sistema de salud?

La iniciativa de impuesto a bebidas azucaradas abrió el debate sobre la carga que representan para el sistema las personas con enfermedades como diabetes, relacionadas con el consumo de este producto. Alarmantes cifras de casos en Colombia.

El Gobierno no había dado los detalles de su propuesta del impuesto a las bebidas azucaradas -que si es aprobado por el Congreso será de 300 pesos por cada litro de bebida comercializado, según lo anunció a finales octubre-, y ya el debate estaba encendido.

Los dos bandos eran claros: por un lado gremios de la salud, investigadores y sociedades científicas aplaudían la iniciativa, argumentando que existe evidencia de que ayudará a reducir el consumo de estas bebidas y aliviará la presión que enfermedades como la diabetes –a la que puede contribuir este hábito–, están generando en el sistema de salud. En la otra orilla se ubicaron los gremios y productores de bebidas azucaradas, quienes sostienen que esa “evidencia” no existe, y que una medida de estas significará “el fin de las tiendas de barrio”.

El escudero gubernamental del primer grupo es el ministro de Salud Alejandro Gaviria. Entre los argumentos que ha utilizado para defender la propuesta, hay uno reiterativo que ha pasado casi desapercibido. Gaviria sostiene que actualmente los sistemas de salud están “amenazados por una doble carga: las mayores incidencias y los mayores precios”.

Gaviria ha insistido en que este impuesto (y el del cigarrillo, que pasaría de 700 a 2.100 pesos por cajetilla) pretende que aquellas personas que “se exponen a mayores factores de riesgo”, contribuyan más a la financiación del sistema. En el mismo sentido, un estudio reciente de Dejusticia concluye que un impuesto a las bebidas azucaradas no sólo sería equitativo por la distribución de las cargas del sistema de salud, sino que “es una medida coherente, adecuada y conveniente para la protección de los derechos constitucionales a la salud, la alimentación y los derechos de los niños”.

Como lo dijo el exrelator de la ONU para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, este tipo de medidas “constituyen una intervención eficaz y económica”, que puede tener un “impacto significativo”.

El interrogante sobre los costos y los beneficios de la medida está en el centro del debate. Y en esa discusión cabe la pregunta: ¿cuánto le cuesta al sistema de salud colombiano una persona obesa?

Aunque en el país no se han hecho estudios que respondan detalladamente a esa pregunta, existen algunos análisis de patologías como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares (sobre las que existe suficiente evidencia científica que las relacionan con el consumo de bebidas azucaradas), que permiten acercarse a la respuesta.

El Ministerio de Salud acaba de publicar un informe en el que recoge las principales evidencias al respecto. En el documento de 79 páginas resaltan datos como: en el 2010 se presentaron en el mundo 184.000 muertes atribuibles al consumo de bebidas azucaradas, 133.000 por diabetes, 45.000 por enfermedades cardiovasculares y 6.450 por distintos tipos de cáncer (según el estudio “Global SSB-related morbidity and mortality”).

Las personas que consumen una bebida azucarada de 350 mL al día tienen entre un 24 y 31% de mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, comparadas con quienes no las consumen (señalan citando el estudio “Intake of sugar sweetened beverages and weight gain”). Además, el Ministerio calcula que “el gasto por diabetes atribuible a bebidas azucaradas fue de aproximadamente 740.000 millones en 2013, y si no se toman medidas para reducirla llegaría a los 1,1 billones de pesos”.

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El informe entrega datos precisos: señala que en el 2013 se reportaron 634.098 casos de diabetes, y de esos 83.701 eran “atribuibles a bebidas azucaradas”. En promedio cada caso le costó al sistema de salud 733.751 pesos al mes. En el 2020 el número de pacientes con diabetes atribuible al consumo de estas bebidas. Con el impuesto a las bebidas azucaradas –señala el Ministerio de Salud– para el 2020 habrá 17.000 casos menos y el sistema podrá ahorrarse casi 220.000 millones de pesos.

Los mexicanos, que ocupan el primer lugar en el ranking de obesidad en América Latina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y han tomado medidas como fijar un impuesto a las bebidas azucaradas, similar al que se propone en Colombia, han hecho un trabajo más arduo y detallado para determinar cuánto le cuesta una persona obesa a su sistema de salud.

La investigación “Kilos de más, pesos de menos. Los costos de la obesidad en México”, del Instituto Mexicano para la Competitividad, sentencia que este país enfrenta una crisis de salud pública y que una causa importante son los 8,6 millones de diabéticos, cuya enfermedad está directamente relacionada con el sobrepeso y la obesidad (una cifra muy cercana a la población del DF que rodea los 8,8 millones). El estudio subraya que en el 2012 se registraron más de 59.000 muertes en este grupo poblacional.

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Luego se detiene en los costos de esta enfermedad y concluye que: el dinero invertido a la diabetes relacionada con el sobrepeso y la obesidad oscilan entre 82 y 98 mil millones de pesos (entre 12 y 15 billones de pesos colombianos), que equivalen a entre el 73 y el 87 por ciento del gasto “programable para la salud en el 2012”.

Pero los cálculos van más allá. Este análisis contempla las pérdidas que generó la diabetes, al disminuir el nivel de productividad de quienes padecen la enfermedad. Concluye que los diabéticos con complicaciones pierden en promedio 4.94%; y que el número de días de ausencia en el trabajo por causas relacionadas con la diabetes para pacientes con complicaciones es de 44,3 al año.

Otro esfuerzo significativo que también se hizo en México, para tratar de medir el alcance económico de estas enfermedades, fue un estudio de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. Según este análisis, en países andinos como Bolivia, Perú y Colombia la atención de la obesidad y la comorbilidad, asociada a la obesidad y tres de sus principales complicaciones clínicas (la diabetes, la hipertensión y la hipercolesterolemia), requiere “recursos financieros por un monto aproximado al 25 por ciento de su presupuesto total destinado a salud pública”.

En México entre 1987 y el 2002, la proporción de gastos en salud atribuibles a la obesidad se multiplicó más de diez veces. Actualmente este país destina 190 mil millones de pesos mexicanos del gasto público (unos 29 billones de pesos colombianos) para la atención de los problemas de salud asociados a la obesidad; esto representa la mitad del presupuesto de todas las instituciones públicas de salud.

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Las cifras son contundentes y demuestran que el debate económico va mucho más allá del impacto que sin duda tendría la medida en la industria de bebidas azucaradas. También respaldan las posiciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que han recomendando la fijación de impuestos como estrategia efectiva en la reducción de la obesidad.

Y en Colombia, como lo recordó el estudio de Dejusticia, la Ley de Obesidad y diversos documentos de política pública ratifican el deber y compromiso del Estado colombiano de reducir la obesidad y promover una alimentación saludable.

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