“Las fotomultas son un negocio”. Con esa afirmación, el concejal de Cali. Roberto Ortiz, reabrió el debate sobre el uso de estos sistemas en la ciudad y planteó su eliminación, en medio de cuestionamientos sobre su impacto real en la seguridad vial y su carácter recaudatorio.
En entrevista con SEMANA, el cabildante aseguró que las fotomultas no han logrado ordenar el tránsito en la capital del Valle y, por el contrario, se han convertido en una carga económica para los ciudadanos. “El año pasado hubo 728.590 fotomultas del millón de comparendos en Cali, casi 400 mil millones que tiene que pagar la gente. He conocido personas que han dejado de comer para ir a pagar una fotomulta”, afirmó.
Ortiz sostuvo que, pese a la masiva implementación de estos dispositivos, en la ciudad persiste un alto nivel de irrespeto por las normas de tránsito. “Hoy vivimos la anarquía con todas las fotomultas. Los carros les colocan cinta, las motos pasan la mano por encima: es fácil burlarlas. Aquí no faltan más multas, falta más educación y pedagogía”, señaló.
El concejal también cuestionó la ubicación de varios de estos dispositivos en la ciudad. Según dijo, no siempre responden a criterios técnicos relacionados con la accidentalidad. “No acepto que se coloquen fotomultas donde no hay accidentalidad comprobada. Hay una frente a San Antonio, en la Loma de la Cruz, donde al preguntar no han ocurrido accidentes. ¿Para qué están? Para recaudar”, aseguró.
Además, denunció que la desaparición de temporizadores en semáforos estaría generando confusión entre los conductores y aumentando el riesgo de sanciones. “Antes uno calculaba cuándo pasar; ahora, sin temporizador, la gente se lanza, le llega la multa, frena de golpe y provoca accidentes. Para mí eso tiene un doble fondo recaudatorio”, indicó.
Frente a su propuesta de eliminar las fotomultas, Ortiz planteó que la ciudad debería migrar hacia un modelo basado en la presencia directa de autoridades en las vías. “Yo prefiero presencia real de la Policía y de los agentes de tránsito en las calles, haciendo pedagogía y control”, dijo, insistiendo en que el problema de fondo es cultural y no sancionatorio.
El debate, sin embargo, no es menor. Cali enfrenta altos índices de siniestralidad vial y de incumplimiento de normas, por lo que la eliminación de estos sistemas abriría interrogantes sobre la capacidad institucional para mantener el control en las vías. En ese contexto, Ortiz señaló que en el Congreso de Colombia ya se discuten iniciativas similares, lo que evidenciaría que la controversia trasciende el ámbito local.
Más allá del tema de movilidad, el concejal también lanzó fuertes críticas a la administración del alcalde Alejandro Eder, a quien responsabilizó por la situación de seguridad en la ciudad y por una baja ejecución presupuestal. “El alcalde tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana. No podemos seguir tirando la pelota”, afirmó, al tiempo que advirtió que Cali podría superar nuevamente los mil homicidios en el año.
Ortiz cuestionó, además, el manejo de los recursos públicos. “Se aprobó un empréstito de 3,5 billones de pesos sin una hoja de ruta clara. Hoy el alcalde reconoce que apenas han conseguido una parte y no vemos obras concretas”, sostuvo. También se refirió a la adición presupuestal de un billón de pesos provenientes de recursos no ejecutados. “Con ese dinero se pudieron tapar huecos, mejorar la seguridad y recuperar escenarios deportivos”, agregó.
En materia de orden público, el concejal alertó sobre la presencia de estructuras criminales en la ciudad y el reclutamiento de menores en sectores vulnerables. “Están llegando grupos armados y reclutando jóvenes en comunas como la 18, la 1 y la 20. Eso es gravísimo”, dijo.
Finalmente, Ortiz calificó la gestión del alcalde con un 4 sobre 10 y dejó abierta la posibilidad de aspirar nuevamente a la Alcaldía. “Eso depende de los caleños. Si me dan la oportunidad, lo consideraré”, concluyó.
Mientras tanto, su propuesta de eliminar las fotomultas comienza a agitar un debate de fondo en Cali: si estos sistemas son una herramienta efectiva para salvar vidas o, como él sostiene, un mecanismo de recaudo que no ha logrado cambiar el comportamiento vial en la ciudad.